El Congreso rechazará pedir al Gobierno la desclasificación de los documentos del 23-F

Sin demasiado excesos, el Congreso ha vuelto a enredarse este martes en el debate sobre la reforma de la ley de secretos oficiales, que se tramita desde febrero pasado —y por tercera vez— en la Cámara baja. Mientras Podemos defendía en el Pleno una iniciativa para instar al Gobierno a desclasificar y hacer pública toda la documentación sobre el golpe de Estado fallido del 23-F, varios diputados reconocían el tema ya como “cansino” y, de paso, echaban el enésimo rapapolvo a los socialistas. La moción, que se votará el jueves, está abocada al fracaso por la negativa de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE.

El asunto, una vieja reivindicación de las formaciones independentistas y también del PNV, fue retomado hace semanas por los de Ione Belarra después de la difusión de unos audios grabados por la vedette Barbara Rey a Juan Carlos I hace tres décadas que han sembrado dudas sobre lo que sabía el monarca del intento de golpe de 1981.

El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, encargado de defender la iniciativa, ha justificado la petición al Ejecutivo en que la desclasificación es una “prerrogativa” del Gobierno, que “si quiere, puede hacerlo” y también porque, en su opinión, “vamos ya muy tarde” comparado con las legislaciones de otros países europeos, que en muchos casos permiten desclasificar documentos oficiales en 30 años.

Aitor Esteban, del PNV, partido impulsor de la proposición de ley en tramitación, ha tirado de ironía al declararse “sorprendido” de que la propuesta la haga Podemos “habiendo estado en el Gobierno”. “Algo podrían haber hecho”, le ha reprochado.

En su intervención, el parlamentario del PSOE José Antonio Rodríguez Salas ha puesto voz a la enmienda de su grupo para modificar la propuesta de su exsocio de coalición por otra en la que tan solo se inste al Ejecutivo a “impulsar, con el necesario consenso entre las fuerzas parlamentarias, la actualización, durante la presente legislatura y conforme a estándares europeos, de la normativa en materia de información clasificada”. La reforma de la ley de secretos oficiales, de hecho, está incluida en el plan de regeneración que el Consejo de Ministros aprobó en septiembre pasado, pero aún debe desarrollarse y varios de los socios de investidura recelan de su alcance.

“¿No quiere regenerar la democracia el señor [Pedro] Sánchez?, menos enmiendas y más proyectos”, le ha respondido Josep María Cervera, de Junts. “Este tema es repetido y cansino y sabemos, señorías del PSOE, que ustedes no van a abrir los archivos, por tanto, estamos haciendo una comedia”, abundaba en ERC Francesc-Marc Álvaro.

Por parte de EH Bildu, Jon Íñarritu tachaba de “sinsentido” el tener una ley de secretos de “carácter franquista” y Vicenç Vidal, en Sumar, proclamaba que “no es normal” que un Estado democrático “no pueda saber su historia”.

El PP, que a través de Rafael Hernando hizo una defensa cerrada del relato oficial del 23-F y acabó su intervención con un sonoro “¡Viva el Rey!, repartió dardos tanto a Podemos como al PSOE. De los primeros dijo que el problema es que “viven en Netflix” y están “acostumbrados a retorcer la realidad para adaptarla a sus intereses y fobias”, mientras que sobre los segundos, aprovechó para señalar una vez más sus supuestos casos de corrupción, al deslizar que la iniciativa buscaba “tapar” los que afectan al ex secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, y a la esposa del presidente, Begoña Gómez.

En los audios filtrados hace semanas, Juan Carlos I menciona tanto al general de división Alfonso Armada, condenado a 30 años de cárcel por un delito de rebelión por su papel en el 23-F, como a Sabino Fernández Campos, jefe de la Casa del Rey hasta 1993. “Palabra de honor, me río, cariño, de Alfonso Armada. Ese ha pasado siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. ¡Jamás! En cambio, este otro está largando…”, se escucha decir al entonces Rey.