El Senado llevará al Congreso ante el Tribunal Constitucional por la ley que excarcelará a presos etarras antes de lo previsto

El Senado denunciará por primera vez al Congreso ante el Tribunal Constitucional. El pleno de la Cámara alta, a petición del PP, con mayoría absoluta en la Cámara alta, ha aprobado este miércoles el conflicto institucional registrado por los populares tras la tramitación de la reforma de la ley que convalida las penas cumplidas en prisiones extranjeras y que provocará que más de cuarenta etarras salgan de la cárcel antes de lo previsto. Después de que la Mesa de la Cámara baja decidiera enviar la reforma al Boletín Oficial del Estado (BOE) pese al movimiento del presidente del Senado, el popular Pedro Rollán —que equiparó el rechazo por mayoría absoluta a un “veto” que no se había registrado en tiempo y forma—, la formación de Alberto Núñez Feijóo presentó la inicativa parlamentaria para denunciar al Congreso por un conflicto de atribuciones ante el tribunal de garantías. La moción ha sido aprobada con 144 votos a favor (PP y Vox), dos abstenciones (UPN y Agrupación Herreña Independiente) frente a 111 en contra (el resto del hemiciclo salvo los ausentes).

El conflicto de atribuciones se produce cuando un órgano del Estado —en este caso, el Senado— considera que otro órgano —el Congreso— ha adoptado decisiones asumiendo atribuciones que no le corresponden. Para ponerlo en práctica, quien se considera invadido se lo hace saber al órgano supuestamente invasor y le solicita que revoque su decisión. Si este no responde en el plazo de un mes, o responde negando la acusación, quien ha planteado el conflicto puede elevar la cuestión al Tribunal Constitucional para que este resuelva el choque. En el caso de la reforma que afecta a presos etarras, se espera que la Mesa presidida por la socialista Francina Armengol conteste en contra u opte por el silencio administrativo, pues la ley ya está publicada en el BOE haciendo caso omiso de las quejas de Rollán.

La norma fue aprobada en el Congreso con el voto a favor de todos los partidos. Después, en el Senado, ninguna formación presentó ni veto ni enmiendas en el plazo establecido a tal efecto. Para enmendar su “error” de desconocer las consecuencias del precepto de la reforma que afectaba a presos etarras, según alegaron tanto PP como Vox como UPN, el presidente del Senado —apoyándose en un informe jurídico de última hora—, interpretó el rechazo por mayoría absoluta como un veto. Pero el Congreso se opuso a este movimiento y envió la ley al BOE.

Durante el debate de este miércoles, Antonio Silván, senador del PP, ha declarado que “el presidente del Senado constató que el hemiciclo había rechazado la totalidad del texto”, por lo que ese rechazo “debería interpretarse como un veto”. Además, ha denunciado que el Congreso “ha despreciado al Senado” porque “se arroga competencias que no le pertenecen”. En frente, la senadora socialista Melania Álvarez ha acusado al PP de “trolear la realidad para conseguir sus fines”, que son, “acabar con Sánchez”. Álvarez también ha catalogado el intento de veto por parte de Rollán como “un enredo sin pies ni cabeza” y ha recordado que la reforma ya se aprobó en el Congreso.

Por su parte, la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia ha admitido que “esa calificación como veto es, en todo caso, discutible y muy cuestionable”. Y ha denunciado que la maniobra del grupo popular se trata de “artimañas para corregir el error” que cometió al aprobar la reforma. Beltrán de Heredia ha recordado que el Partido Popular Europeo acordó en 2016 instar a los Estados miembros a trasponer la directiva sobre las penas cumplidas en otros países de la Unión. Del mismo modo, en 2019, también el PPE “dio su apoyo a la aprobación a la directiva que completaba la decisión”. Ha sentenciado acusando a los populares de “romper el consenso y reventar los trámites” cuando la norma se ha materializado. La formación de EH Bildu no ha intervenido en el debate.

Si transcurrido el mes de plazo que tiene el Congreso para contestar, el Senado acude luego al Tribunal Constitucional, esta sería la primera vez en la historia de la democracia que el Tribunal de garantías entre a resolver un conflicto de atribuciones entre ambas Cámaras. En la pasada primavera, el PP presentó otro choque institucional por invasión de competencias a cuenta de la tramitación de la ley de amnistía. Pero, aunque la iniciativa fue aprobada también en pleno, los populares no llegaron a registrar el conflicto en el Constitucional, bajo el pretexto de que iban a recurrir la medida de gracia ante el tribunal de garantías poco después.

La dana, también presente en el debate

Las devastadoras consecuencias de la dana, que ha dejado al menos víctimas mortales en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, también ha salido a relucir dirante este debate. Antes de sus comparecencias, los senadores han mostrado sus condolencias a los fallecidos. Varios de los parlamentarios se han centrado en Rubén e Izan, los dos niños de tres y cinco años cuyos cuerpos han sido localizados este miércoles. Algunos senadores, además, han incluido el paso del temporal en sus intervenciones.

La senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez ha aludido a la dana y al coronavirus: “Mientras la gente se moría en la pandemia, los altos cargos socialistas estaban aprovechando la situación para robar y mientras los valencianos sufrían la tragedia de la dana, Sánchez seguía a otras cosas, en su viaje y ausentándose de nuevo de la sesión de control y escondiéndose en Azerbaiyán”. Eduard Pujol, de Junts, ha denunciado que la maniobra del PP les obligue “a hacer este papelón discutiendo sobre la nada”.