La demanda contra Mazón: “La absoluta inactividad de la Generalitat ha agravado la tragedia”

Curro Nicolau vive en Dubái, pero estaba en Valencia el pasado 29 de octubre, cuando la peor dana del siglo en España arrasó la provincia. En las horas siguientes se desplazó a Sedaví, uno de los municipios más afectados por la catástrofe, para llevar agua potable a sus tíos y ayudarles en lo que necesitaran. “Tuve que sortear un sinfín de obstáculos y amasijos de vehículos en un claro escenario apocalíptico”, detalla este empresario y jurista valenciano en el recurso contencioso por “inactividad” que ha presentado contra la Generalitat y que puede servir para desnudar, con documentos, la gestión de Carlos Mazón y su ejecutivo durante las peores horas de la crisis.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso y ha ordenado a presidencia de la Generalitat y a la Agencia de Seguridad y Emergencias —los dos órganos a los que señala el abogado— que entreguen los expedientes administrativos en los que se detalla el proceso de toma de decisiones vinculado a la gestión de la emergencia. Esos papeles, opina Nicolau, son esenciales para saber qué falló y, sobre todo, “para evitar que algo así vuelva a suceder”. “Hay que esclarecer los hechos porque aquí no hay nadie que, por ahora, haya hecho autocrítica”, explica en conversación con EL PAÍS.

Las acciones judiciales han florecido en los últimos días impulsadas por individuos y colectivos; la mayoría de ellas, en el ámbito penal. La de Nicolau discurre por otro camino, el contencioso, que ha logrado ya un primer objetivo: la exigencia de entregar documentación. Este jurista de 45 años asegura que no busca la fama, ni pretende hacer caer gobiernos, ni desea aumentar la lista de clientes de su despacho de abogados porque no tiene uno. Preside una empresa de energía en Emiratos Árabes Unidos y afirma que se ha limitado a poner su “conocimiento” (ha trabajado 20 años como experto en derecho administrativo) al servicio de la verdad. “La administración se ha dormido bastante en los laureles”, afirma.

El escrito presentado ante el TSJCV, al que ha accedido este diario, detalla que la “absoluta inactividad” de la Generalitat “ha agravado en gran medida la tragedia”. “Sin duda la falta de previsión y de indicaciones a la ciudadanía sobre las medidas a adoptar frente a un fenómeno de naturaleza tan grave ha agravado las consecuencias catastróficas para la pérdida de vidas humanas y desaparecidos”. El recurso, admitido a trámite por la sección cuarta de la sala contencioso-administrativa del tribunal, incide en que el Gobierno valenciano “no informó debidamente a la población” ni lo hizo “con tiempo suficiente para minimizar los posibles efectos devastadores del aumento del caudal masivo y fugaz del río Magro y de la rambla del Poyo”. Nadie advirtió, añade, de “la posibilidad de que existiera un tsunami en todas las poblaciones que finalmente fueron afectadas”.

No es la primera vez que Nicolau adquiere notoriedad pública por plantear acciones judiciales ante sucesos extraordinarios. Durante la pandemia de coronavirus, el abogado denunció ante el Tribunal Supremo la presunta violación de derechos fundamentales que supuso la limitación de movimientos ordenada por el Gobierno bajo el amparo del estado de alarma. Lo hizo, según declaró entonces, para “defender las libertades públicas de todos los españoles”. En conversación con este diario, subraya que nunca se opuso a las medidas sanitarias (”yo mismo estuve 30 días en el hospital, a punto de morir, por covid”), pero cree que las cosas no se hicieron bien entonces y tampoco se han hecho bien ahora.

Una vez que la administración presente los documentos, Nicolau prevé “formalizar una demanda”, detalla el escrito. Si esa acción prospera, explica en la conversación, “el fallo por una supuesta negligencia o inactividad podría servir de base para demandas particulares”. El jurista, que estos días sigue en España a la espera de regresar a Dubái, insiste en que no conoce de ningún color político y cita como ejemplo el hecho de que ha enviado un escrito análogo, contra el Gobierno de España y también por “inactividad”, ante el Supremo, que por ahora no se ha pronunciado sobre si lo admite. “Aquí la clave es si el Gobierno tenía que esperar a que el autonómico le pidiera ayuda para intervenir. Yo creo que no, porque sus competencias son concurrentes y solidarias, y menos en una tragedia de esta magnitud, que además afectó a otras comunidades autónomas”, dice en alusión a los estragos que el temporal causó también en Castilla La Mancha.