Un caso de corrupción policial en Mauritania pone en evidencia la cooperación antimigratoria

Las autoridades de Mauritania, socio estratégico de España en materia de cooperación antimigratoria, lidian con un nuevo caso de corrupción que pone en evidencia el sistema financiado por la Unión Europea y España en el que se sustenta la lucha antimigratoria en países de origen y tránsito. Al menos 13 personas fueron detenidas en Nuakchot el pasado 9 de octubre, entre ellas 11 agentes de policía acusados de recibir sobornos por parte de migrantes y refugiados. A cambio los dejaban en libertad y no los abandonaban cerca de la frontera con Malí, un modus operandi habitual para desembarazarse de aquellos que pretenden llegar a las islas Canarias. Los otros dos detenidos son dos traficantes de personas que facilitaban la salida de los cayucos.

En mayo, EL PAÍS reveló que Mauritania emplea fondos y recursos materiales procedentes de la Unión Europea y España para detener y después abandonar a miles de migrantes en zonas remotas de la frontera con Malí. La investigación, liderada por Lighthouse Reports junto a varios medios internacionales, señaló que a menudo estas personas son desprovistas de sus enseres y privadas de agua y comida antes de ser arrojadas en una zona que cuenta con una elevada presencia de grupos yihadistas armados. Estos destierros se llevan a cabo con el conocimiento de los agentes españoles que trabajan en el país. La práctica de abandonar a los candidatos a la emigración irregular en zonas lejanas y desérticas es también habitual en Marruecos y Túnez.

El Gobierno de Mauritania y sus fuerzas de seguridad trabajan estrechamente con más de medio centenar de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados de forma permanente en el país para frenar la salida de cayucos. El caso de corrupción que salpica ahora a la policía mauritana revela la complicidad de una parte de sus agentes con las redes clandestinas que organizan la salida de embarcaciones de migrantes, y a las que supuestamente deben combatir. En respuesta a EL PAÍS, el Ministerio del Interior afirma no haber tenido conocimiento de “supuestas prácticas corruptas en la policía mauritana”, a pesar de que agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil dedicados al control de fronteras sí están al tanto del episodio.

Dos días antes de estas detenciones, el 7 de octubre, el director de Seguridad Territorial mauritano ordenó el cese fulminante del comisario Mohamed Abdel Fattah Ould Sid Ahmed, jefe de la Oficina de Lucha Contra la Migración y la Trata de Personas de la policía mauritana, según consta en la orden escrita a la que tuvo acceso EL PAÍS. Abdel Fattah era el máximo dirigente policial en la lucha contra la inmigración irregular y el interlocutor directo de la Policía Nacional española en territorio mauritano. Los 11 agentes detenidos por prácticas corruptas con los migrantes estaban bajo las órdenes del comisario Abdel Fattah, sobre quien no pesa ninguna acusación y está en libertad, según las autoridades mauritanas.

Este comisario era el encargado de facilitar a los agentes españoles las listas de migrantes detenidos y expulsados a Malí, según ha confirmado EL PAÍS. La embajada de Mauritania en Madrid ha asegurado a este periódico que el comisario fue destituido por razones “disciplinarias y administrativas” que “no tienen nada que ver” con este caso de corrupción. Pero las autoridades mauritanas se niegan a facilitar las causas del cese. El comisario Fattah procede de una familia influyente: su primo, Mohamed Ould Abdel Aziz, presidió Mauritania entre 2008 y 2019 y actualmente cumple condena por corrupción.

Fuentes del Ministerio del Interior español y una fuente mauritana conocedoras de estos hechos señalan que, como mínimo, Fattah estaría al tanto de esta red corrupta. Según fuentes en el terreno, el departamento que dirigía Fattah habría proporcionado a los agentes españoles información errónea sobre el punto de partida de los cayucos para así evitar que fueran interceptados.

Una fuente de la Guardia Civil y otra de la Policía Nacional desplegadas en Mauritania afirman que el departamento que dirigía Abdel Fattah habría hecho más evidentes sus prácticas supuestamente delictivas a comienzos de este año, coincidiendo con el repunte de salidas de cayucos hacia las islas Canarias. Ambas fuentes aseguran que Fattah tenía un perfil “poco corruptible” por provenir de una familia influyente y destacan que la corrupción es un problema crónico en el seno de las fuerzas de seguridad mauritanas. “Un policía gana 300 euros al mes y tiene que pagar un alquiler de 600 si no quiere vivir en precario, a lo que hay que sumar la gasolina, los colegios, la sanidad… Mauritania tiene policías en las entradas y salidas de las ciudades y uno, cuando pasa, paga. ¿Quieres hacer un negocio? Pagas. ¿Quieres salir a pescar? Pagas”, señalan estas fuentes policiales. “Viven de las propinas, es como un impuesto que todo el mundo tiene asumido”, afirman las mismas fuentes.

En 2022, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, condecoró al comisario destituido, Abdel Fattah, con una medalla al mérito policial con distintivo blanco. Fuentes no oficiales del Ministerio del Interior explican que se le impuso “por haber creado entonces en Mauritania una estructura de lucha contra la inmigración irregular similar a lo que es la UCRIF”, en referencia a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional, responsable en España de la lucha contra las organizaciones delictivas que trafican con seres humanos. La misma fuente insiste en que cuando se le impuso la medalla no existían sospechas sobre este comisario.

España y Mauritania cooperan en la lucha contra la inmigración irregular desde hace dos décadas. Esta colaboración adquirió más fuerza tras el año 2006, coincidiendo con la llamada crisis de los cayucos en Canarias. Desde entonces, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados allí patrullan las costas, combaten las redes de trata y entrenan a sus pares mauritanos.

En los últimos años, la Unión Europea y España han redoblado esfuerzos para frenar la llegada de migrantes subsaharianos procedentes de Mauritania. Uno de los proyectos clave en este sentido es la Asociación Operativa Conjunta (POC, por sus siglas en inglés), gestionado por la agencia de cooperación española FIIAPP (Ministerio de Asuntos Exteriores) en coordinación con el comisario destituido, Abdel Fattah. EL PAÍS, de hecho, tuvo acceso a varias fotografías que muestran a Fattah participando en viajes a Canarias en los que todos los gastos corrieron a cuenta de la FIIAPP. La agencia afirma estar al tanto de la destitución de este comisario mauritano, pero no responde a las preguntas sobre el caso. La Comisión Europea también afirmó estar al tanto del cese de Fattah, pero declinó hacer comentarios sobre la investigación en curso.

En 2023 llegaron a Canarias más de 39.000 migrantes a través de la ruta atlántica, un incremento superior al 150% respecto al año anterior y la cifra más alta en las islas desde la crisis de los cayucos de 2006. En lo que va de año ya son 34.000 llegadas y Mauritania es el principal país de partida hacia España.

El repunte de llegadas desde Mauritania vivió su momento más álgido en enero y febrero, hasta que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y el presidente español, Pedro Sánchez, viajaron ese mismo mes a Nuakchot, capital de Mauritania. Allí firmaron un acuerdo con el presidente Mohamed Ould Ghazouani para transferir más de 500 millones de euros al Gobierno mauritano destinados a proyectos de control de fronteras y del sector energético. Desde entonces, el número de llegadas procedentes de Mauritania se ha frenado, pero todavía supone un enorme desafío debido a la inestabilidad y conflictos que viven Malí, Níger y otros países del Sahel.