Radiografía del inquilino de una autocaravana: hombre con trabajo que se mudaría a una vivienda si pudiera

Hombres de nacionalidad extranjera que tienen un trabajo en el sector servicios, que obtienen unos ingresos de entre 1.000 y 1.500 euros al mes y han dejado de buscar una vivienda porque saben que no pueden pagarla. Es el prototipo del residente en uno de los seis asentamientos de autocaravanas que en los últimos años han aflorado en Palma como consecuencia de las dificultades para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como de compra. La cátedra de Estudios Urbanos de la Universidad de las Islas Baleares ha presentado los resultados preliminares de la primera aproximación que se ha realizado en España al creciente fenómeno de las autocaravanas y los remolques, consideradas infraviviendas, como opción de residencia permanente. “Es un proceso que se encuentra en consolidación y que se extiende a escala insular en Baleares y comienza a exportarse a otras regiones” explica el catedrático del departamento de Geografía y director del estudio, Jesús González.

Los resultados han sido obtenidos tras una encuesta realizada entre los meses de junio y julio de este año a los habitantes de 150 autocaravanas, de las más de cuatro centenares que se estima que hay radicadas en distintas zonas de Palma. Los residentes en los seis asentamientos diseminados por barrios de la periferia de la capital balear son mayoritariamente hombres adultos jóvenes y el 73% son extranjeros, principalmente latinoamericanos, con especial presencia de personas de origen argentino, que llevan ya más de diez años viviendo en la ciudad. Se han localizado caravanas en las que viven niños y algunas en las que viven hasta cuatro personas. “Los residentes en las autocaravanas trabajan, no son desempleados, no es población que esté excluida socialmente, sino que más del 70% están ocupados y más de la mitad tiene trabajo fijo. Tienen una cierta estabilidad laboral, predominantemente del sector servicios”, explica el director del estudio.

Los inquilinos de estos barrios nómadas no solo cuentan con trabajo, sino que más de la mitad obtiene ingresos de entre 1.000 y 1.500 euros. Con ese salario, tan solo pueden acceder a once secciones de la ciudad sin destinar más del 40% de su sueldo mensual al pago de un arrendamiento, según el mapa de precios del alquiler del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Para los encuestados, la autocaravana es la última opción residencial y es prácticamente anecdótico quienes la escogen como forma de vida deliberadamente. “Si hubiera opción a acceder a una vivienda, tres de cada cuatro inquilinos dejarían la autocaravana”. Es más, del total de encuestados, el 71% había intentado acceder a una vivienda de alquiler social, pero no lo había conseguido y el 64% ha dejado de buscar un alojamiento alternativo porque sabe que no puede pagarlo debido a los precios actuales del mercado.

Para el director de la cátedra, los resultados preliminares tras la encuesta hablan de un fenómeno en expansión metropolitana y en proceso de consolidación. “Hay que intentar que este fenómeno se reduzca, pero para eso hay que afrontar las causas, como la dificultad de acceso a la vivienda. Mejorar las condiciones del asentamiento de forma coyuntural puede ser una opción, pero no de manera estructural, no podemos construir ciudad”, señala González, que insiste en que el espacio urbano no puede crecer en base a este tipo de asentamientos, que también han proliferado en los últimos años en la isla de Ibiza.

Su crecimiento en la ciudad no ha pasado desapercibido para el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palma, del PP, que hace unos meses presentó el borrador de la nueva ordenanza cívica, que se encuentra en periodo de alegaciones, y que plantea aún más trabas a quienes ya están condenados a vivir en autocaravanas, con el objetivo de disolver los asentamientos que proliferan en la ciudad. Para ello, plantea prohibir que las autocaravanas permanezcan más de diez días aparcadas en el mismo lugar, bajo amenaza de sanciones de hasta 1.500 euros. La nueva normativa también contempla obligarles a permanecer con el motor parado en todo momento, sin emitir ruidos e impidiendo que puedan instalar mobiliario en el exterior, como mesas o sillas. Este borrador, que se aprobará en las próximas semanas, generó malestar entre los caravanistas, que protestaron el pasado mes de mayo ante el ayuntamiento de la capital y acusaron al equipo de gobierno de practicar una persecución contra ellos y de ponerles dificultades a la hora de empadronarse y acceder a servicios básicos como la tarjeta sanitaria.