La reforma de la ‘ley mordaza’ pasa el primer trámite, pero apunta a un difícil encaje

Patinó en 2019, zozobró en 2023 y emprende una nueva singladura en 2024 sin ninguna garantía de que acabe alcanzando tierra firme. La reforma de la ley mordaza aglutinó este martes a las fuerzas que otorgaron la investidura a Pedro Sánchez y pasó el primer trámite, su toma en consideración por el pleno del Congreso. Pero el proceso que se abre a partir de ahora -la redacción del texto definitivo- se presenta cargado de incógnitas. Las dos fuerzas más resbaladizas de ese bloque de investidura, Junts y Podemos, apoyaron poner en marcha el proceso, tras descalificar lo que consideran una propuesta demasiado tímida. Josep Pagès, de la formación independentista, no lo pudo dejar más nítido: si no se aceptan sus exigencias, “será muy difícil que el trámite de la ley llegue a buen puerto”.

Es la tercera vez que la reforma de la controvertida ley de Seguridad Ciudadana del PP, a punto ya de cumplir 10 años, se pone en marcha en el Congreso. En 2019 se frustró por la disolución anticipada de las Cortes. Y el año pasado, porque el acuerdo sobre el texto entre PSOE, Unidas Podemos y PNV fue rechazado, al considerarlo insuficiente, por ERC, Junts, EH Bildu y BNG.

El camino parecía despejado esta legislatura después de que, hace un mes, las dos formaciones del Gobierno llegasen a un pacto con EH Bildu, al que posteriormente se sumaron ERC, PNV y BNG, las fuerzas que presentaron conjuntamente la propuesta sometida al debate inicial este martes. El acuerdo parecía sortear algunos de los puntos que frustraron la reforma en la anterior legislatura. Los resumió ante el pleno el diputado abertzale Jon Iñarritu: reduce el margen de “arbitrariedad” de las fuerzas de seguridad para imponer sanciones por falta de respeto, resistencia y desobediencia, así como la cuantía de las multas; establece la eliminación progresiva de las pelotas de goma como material antidisturbios y remite a una futura reforma de la ley de extranjería para limitar las devoluciones en caliente en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.

En su defensa de la propuesta, el socialista David Serrada proclamó que se trata de acabar con los más aspectos más lesivos de una de una ley con la que el Gobierno de Mariano Rajoy quiso imponer “un mayor control político de la protesta social”. Tanto él como Enrique Santiago, de Sumar, destacaron otros aspectos, como la retirada de las restricciones al ejercicio del derecho de manifestación. Santiago dirigió un mensaje inequívoco a las fuerzas más reticentes dentro de la mayoría de investidura: “Esta es la última oportunidad para la reforma y no tenemos excusa para dejarla pasar”.

La tribuna de invitados estaba repleta de representantes de sindicatos de policía y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que previamente se habían concentrado en la calle para protestar contra el cambio legal. Para ellos también tuvo un mensaje el portavoz de Justicia de Sumar: “No sean utilizados por la extrema derecha”.

El PNV recordó, por boca de Mikel Legarda, que, pese a suscribir la propuesta, no participó en la gestación del acuerdo y por tanto presentará sus enmiendas. También lo anunció otro de los firmantes, Néstor Rego, del BNG, que, más enérgico, propugnó “cambios significativos”. Hasta que llegaron Podemos y Junts para subir el listón unos cuantos metros.

“No hay nada más parecido a un ministro del Interior del PP que un ministro del Interior del PSOE”, abrió fuego Martina Velarde, de Podemos. Y en un gesto insólito hasta ahora, se permitió reconvenir a ERC y EH Bildu por sostener a “un Gobierno que solo hace cosas de derecha”. Velarde criticó que no se establezca la eliminación definitiva de las devoluciones en caliente ni de las pelotas de goma. Este último asunto fue esgrimido también por Pagès, quien argumentó que la propuesta “ni deroga ni replantea los fundamentos antidemocráticos de la ley”. “No aceptamos el chantaje de la adhesión total o nada”, avisó el diputado de Junts antes de anunciar que, al igual que Podemos, su grupo apoyaría la toma en consideración, sin ningún compromiso posterior.

Cualquier duda sobre el alcance de las intenciones del PP quedó disipada al comparecer en el atril su más arrolladora fuerza de choque: Miguel Tellado. El portavoz parlamentario anda estos días entregado a la denuncia de la corrupción y por ahí arrancó su discurso. Con una novedosa teoría: Pedro Sánchez sabía desde el año pasado que se le venía encima el caso Ábalos y convocó las elecciones para poder “parapetarse tras la Fiscalía y la Abogacía del Estado”. Entre constantes alusiones a ETA, Tellado manifestó que el Gobierno está “secuestrado” por “algunos que saben mucho de secuestros”, esto último pronunciado mientras señalaba con el dedo los escaños de EH Bildu. Relacionando esta reforma con la amnistía a los independentistas catalanes, denunció que “en España la ley la hacen los delincuentes”. Y una perla más en medio de un torrente inabarcable: “Ustedes le quitan las esposas a los delincuentes para ponérselas a las Fuerzas de Seguridad”.

Con ese discurso, poco margen le quedaba a Vox para hacerse oír. Tras la calentura que dejó Tellado en el hemiciclo, las denuncias del diputado ultra Ignacio Hoces sobre la “traición” de Sánchez a las fuerzas de seguridad para entregarse a los “herederos políticos de ETA” sonaron hasta templadas. Quien logró agitar los escaños populares fue Iñarritu. El diputado abertzale replicó a Tellado que también el PP le pide a veces el voto a su grupo. Ante el murmullo de protesta que brotó de la bancada popular, Iñarritu exclamó: “¿Qué se apuestan a que tengo mensajes de ustedes pidiéndonos el voto?”. La mayoría que apoya al Gobierno volvió a unirse, esta vez en un aplauso espontáneo.