La reforma de la ‘ley mordaza’ modifica más de la mitad de la norma para reforzar derechos

Seis grupos políticos ―PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG― registraron este viernes en el Congreso la proposición que, de salir adelante, dejará sin efecto buena parte de la ley mordaza aprobada por el PP. El texto avalado por los principales aliados del Gobierno, salvo Podemos, propone modificar 34 de los 53 artículos de la controvertida ley de Seguridad Ciudadana de 2015, además de añadir cinco nuevas disposiciones adicionales y otra final. La profunda modificación comienza por el nombre de la ley, que pasaría a ser de Protección de las Libertades y de la Seguridad Ciudadana.

A las formaciones que ya habían anunciado el jueves que estamparían su firma en la proposición, se unió a última hora el BNG, que albergaba dudas y que anuncia que presentará enmiendas para lograr la “completa derogación” de la norma. Su diputado Néstor Rego anticipó que una de las cuestiones que planteará es la retirada del principio de presunción de veracidad de los policías. La modificación lo mantiene, aunque con la salvaguarda de que el testimonio de un agente debe resultar “coherente, lógico y razonable”.

De entre los principales aliados del Gobierno el único que no ha suscrito la propuesta ha sido Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, insistió este viernes en las críticas a un texto que, según ella, contiene “mucho titular y poca transformación”. Podemos exige la prohibición inmediata y sin matices de las pelotas de goma como material antidisturbios ―el pacto entre PSOE, Sumar y EH Bildu que desbloqueó la reforma habla de su “eliminación progresiva”― y de las devoluciones en caliente de inmigrantes. Belarra anticipó que su grupo presentará enmiendas y en función de su acogida, decidirá el voto. Los cuatro diputados de la formación ―así como los siete de Junts, que no han fijado su postura― resultan indispensables para sacar adelante la iniciativa, que, al tratarse de una ley orgánica, requiere de mayoría absoluta. Pese a estas reticencias, uno de los artífices de la reforma, el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, se declaró “muy optimista” y, como ya había hecho Sumar, puso como meta dejar la ley lista antes de final de año.

El desbloqueo de la reforma, que llevaba seis años empantanada, fue posible tras ceder el PSOE en algunas de las cuestiones que habían hecho imposible el acuerdo en la pasada legislatura. Singularmente, la renuncia a las pelotas de goma y a la concesión de una amplísima discrecionalidad a los agentes para sancionar a un ciudadano acusado de desobediencia, asuntos resueltos tras el acuerdo entre socialistas, Sumar y EH Bildu. La propuesta recupera además un amplio abanico de cuestiones sobre la que sí se habían alcanzado acuerdos en 2023, pero que no llegaron a aplicarse ante la negativa de ERC y EH Bildu a suscribir el texto si no contemplaba sus exigencias sobre el material antidisturbios y la inmigración.

Estos acuerdos, que ahora se recuperan, eliminan diversos obstáculos al ejercicio del derecho de manifestación que había introducido la ley del PP. Así, dejará de castigarse con multa un acto de protesta que no hubiese sido previamente comunicado a la autoridad gubernativa, siempre que se trate de una “rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social” y no se desarrolle con violencia. También se retiran las sanciones graves por manifestarse ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos. Y no se considerará a los convocantes de una marcha responsables de los actos que cometan algunos de los asistentes.

La propuesta rebaja de seis a dos horas el tiempo que la policía podrá retener a un ciudadano en comisaría, excepto que concurra una “causa justificada y excepcional”. La posesión de drogas pasa de falta grave a leve. Se retira la potestad de multar a las personas que ejercen la prostitución en la vía pública, aunque no así a la quienes contraten sus servicios. La cuantía general de las sanciones se rebaja y se permitirá sustituirlas por “actividades reeducativas”. Y se rescata la disposición que permitiría solicitar que el DNI se elabore también en un idioma cooficial.

La reforma, según explica su exposición de motivos, busca un equilibrio entre “legalidad y proporcionalidad”, así como entre “libertad y seguridad”. Sobre este último binomio, reza el texto, “prima la primera frente a la segunda a través del principio de interpretación favorable al ejercicio de los derechos”.