Un vertedero de residuos peligrosos junto a la puerta de casa

Tener un vertedero de residuos tóxicos peligrosos a menos de 100 metros de casa es difícil de concebir. Pero en Ronda (Málaga) varias familias, entre las que sobresale la de la exDefensora del Pueblo Soledad Becerril, se han topado con un proyecto que arruinaría su día a día por ruidos y olores insoportables, aunque también por el altísimo riesgo medioambiental que supone la cercanía de los depósitos previstos con desechos industriales al río Guadalevín, que discurre a escasos metros. Por si fuera poco, el vertedero se ubicará en zona inundable y hace solo seis años, en 2018, las lluvias torrenciales provocaron que el río se desbordara y el agua se llevó por delante dos puentes y penetró de lleno en las casas ribereñas. En caso de que la fuerte corriente arrasara de nuevo el lugar, el amianto y otros residuos peligrosos acabarían río abajo en la exclusiva urbanización Sotogrande, en plena desembocadura del río Guadiaro.

“La empresa ha puesto por escrito que aquí no vive nadie y no entiendo cómo ha pasado tantos filtros y llegar al punto de incluso aprobarse en Pleno, hay cosas incomprensibles de este expediente. Esto es un sinvivir. ¡La Junta me denegó una fosa para excrementos de animales por estar muy cerca del río y ahora ellos pretenden meter residuos peligrosos!”, protesta incrédula María Mena, cuya finca familiar, colindante con el centro de basuras industriales proyectado, explota más de un centenar de ovejas, cerdos y cabras en esta zona boscosa preñada de nogales, encinas, pinos y olivos.

El riesgo de enterrar toneladas de residuos en una enorme cloaca junto al río Guadalevín, apenas un kilómetro después de atravesar la idílica estampa del Tajo de Ronda, ha disparado la cruzada de los vecinos contra el proyecto, que han creado una plataforma en la cercana pedanía de La Indiana. El Ayuntamiento (PP) impulsó el vertedero al admitir a trámite el procedimiento de autorización previa la pasada primavera, y ahora la pelota está en el tejado de la Junta (PP), que estudia si conceder o rechazar la autorización ambiental y la del organismo competente de aguas. El vertedero estaría en una zona de meandros, más peligrosa si cabe, ya que con las lluvias torrenciales la corriente siempre busca la línea recta y arrasa con lo que haya en su camino.

“La gran pregunta de fondo es cómo se justifica la elección del sitio. ¿Dónde está el estudio de alternativas? ¿Residuos peligrosos en una zona antrópica cuando hay zonas degradadas en Ronda? No han hecho ni el mínimo esfuerzo de coger tres opciones disparatadas y elegir la menos disparatada”, lamenta un portavoz de la plataforma vecinal. La ley de evaluación ambiental 21/2013 y el Real Decreto 646/2020 obligan al promotor de un vertedero a presentar un estudio de ubicaciones alternativas y un informe preceptivo del Instituto Geológico y Minero del que carece este proyecto, critican las alegaciones presentadas. El presidente del colectivo, Anselmo Borrego, añade indignado: “El antiguo vertedero, a unos kilómetros de distancia y con la misma estructura geológica del terreno, se cerró por derrumbe. Además, cada cinco años se desborda el río porque cuando llueve en Ronda, llueve de verdad. El proyecto afectará a un paisaje bellísimo ¿Por qué no crea un vertedero municipal el Ayuntamiento?”.

La plataforma de vecinos alerta de que un posible vertido tóxico podría afectar al consumo humano, ya que parte del cauce río abajo acaba en el embalse de Los Hurones mediante el trasvase Guadiaro-Majaceite. El proyecto, que generaría 30 empleos directos según la empresa, incluye un vertedero de residuos peligrosos, una balsa de lixiviados y en paralelo un centro de gestión para desguazar automóviles y aparatos electrónicos -entre ellos neveras a las que extraer los gases-, así como un almacén de restos de obras, que incluye el fibrocemento contaminante.

Un portavoz de la firma justifica la elección del sitio, aunque bordee el río. “Evidentemente, se puede buscar otros terrenos, pero es menos atractivo. Entre los costes imputables está la distancia al lugar de producir el residuo y las condiciones industriales al estar junto a una depuradora. No podemos seguir llevando los residuos a 70 kilómetros de Ronda (...) Si no es viable técnicamente, se cerrará el proyecto”, afirma.

En los terrenos de la sociedad Plant Rent Hire hace dos semanas había aparcadas grúas y camiones desvencijados, centenares de neumáticos en una vieja nave y un depósito de agua. Pero sobre todo destacaban miles de traviesas de vías de tren, acumuladas en montañas junto al camino público y con un penetrante olor a petróleo. En la Indiana viven unas 90 personas, 14 de ellas tienen casas a menos de 500 metros de las instalaciones previstas.

El Consistorio, que tramita el proyecto desde 2021, admite que la ubicación prevista, conocida como Hoyo Tabares, no es el lugar idóneo y, sin embargo, aprobó tramitar el vertedero en Pleno. Ronda dispone de un extenso término municipal de nada menos que 397 kilómetros cuadrados, pero la empresa alega que ya posee los terrenos en esa ubicación y no se plantea otro emplazamiento -degradado o alejado de ríos- para enterrar los residuos. Esto contraviene la ley, que aclara cómo en caso de nuevos vertederos, siempre debe primar el interés ambiental y no el económico, como ocurre en este caso.

“El Ayuntamiento no tiene que exigirle nada a la empresa en cuanto a la ubicación. No puedo cortar a las personas que quieren emprender o decirles que compren los terrenos en Arriate [población cercana a Ronda]”, aduce el concejal de Urbanismo, Jesús Vázquez, veterinario de profesión. Vázquez confirma que el Consistorio no responderá las 18 alegaciones presentadas por los vecinos hasta que la Junta no conceda o rechace la autorización ambiental, aunque el Gobierno autonómico suele demorarse más de un año por la complejidad técnica del trámite.

La alcaldesa popular, María de la Paz Fernández, admitió en una reunión con vecinos el pasado mayo que el vertedero no iba “en el lugar idóneo”, porque es un “sitio sensible”. A continuación, alegó que estaba obligada a dar trámite al proyecto al contar con informes favorables. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Juan Antonio Carrillo, discrepa: “El Ayuntamiento siempre tiene el mando del proyecto, que puede revocar si no sigue el interés general. La autorización y licencia para la obra y la actividad son competencia exclusiva del Ayuntamiento. Y en caso de vertido, la responsabilidad civil irá contra la planta y de manera subsidiaria contra el Consistorio”. La oposición socialista, que censura cómo se ha actuado de espaldas a los vecinos, ejemplifica: “Todos los días llegan a los Ayuntamientos miles y miles de proyectos e inversiones que se rechazan por diversas razones”, remacha la concejal Fátima Fernández. Los vecinos siempre han creído que el vertedero era para residuos no peligrosos porque la empresa promotora así se lo comunicó al Consistorio. Ahora, ante la Junta, el proyecto incluye residuos peligrosos, un cambio que la firma justifica porque el Ayuntamiento solo debía conocer la transformación urbanística de la zona.

En la misma provincia de Málaga, el Ayuntamiento de la capital ha suspendido hace un mes un vertedero proyectado en el barrio de Puerto de la Torre para buscar un consenso con los vecinos, y de esa manera poder retomarlo.

La vecina María Ductor tiene una preciosa casa aledaña al vertedero proyectado, con amplios jardines y una pequeña piscina, y confía en que el Ayuntamiento recule: “Yo soy del PP y me dijeron que estaban escuchando. Voy a defender mi casa porque han cogido un camino privado que atraviesa mi propiedad y en ningún momento se me ha preguntado. Entiendo que los técnicos municipales los pagamos todos. ¿Ninguno vio que el terreno es mío?”, protesta. A continuación, con cara perpleja, enseña el camino que atraviesa su finca, con dos verjas en cada lado, y que la empresa Plant Rent Hire SL ha dibujado en plano como futura entrada de los camiones con los desechos industriales, a escasos metros de su dormitorio.

Si el centro de residuos saliera adelante, el constante trasiego de camiones en la sinuosa carretera que desciende al valle desde Ronda tendrá que salvar dos cambios de rasante que implican un riesgo de accidentes para los conductores por su nula visibilidad. Además, tras salir de la estrecha carretera, los camiones deben transitar por una cañada real que forma parte del famoso sendero europeo GR7, entre Tarifa y Grecia, muy transitado por turistas debido a su belleza paisajística.

“La ruta tiene un tránsito de senderistas que pasean casi a diario en la zona de Hoyo Tabares, además de animales. El vertedero generaría un impacto visual, rompiendo la belleza del entorno natural y causando un tráfico casi constante de grandes camiones, con ruido y posibles emisiones tóxicas”, subraya James Boyd, guía de empresas internacionales como National Geografic o Madrid & Beyond y con 24 años de experiencia.

La vecina afectada Mena hace hincapié en una parte de los terrenos, 4.000 metros cuadrados, que está en liza en el Registro de la Propiedad, y cuya titularidad reclaman tanto su familia como la empresa. “Mi sorpresa fue averiguar que la sociedad pone esos metros. ¿Qué pruebas aportan para decir que es suyo? Lo desconozco, pero es escandaloso que incluyan en el proyecto un terreno que está en litigio”, se queja.

Las administraciones de Málaga y Cádiz han peleado durante décadas para que el río Guadiaro contara con aguas limpias porque las aguas fecales de sus pueblos se vertían al cauce. Con la ayuda de fondos europeos se han construido las depuradoras de Arriate, Ronda, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera, El Colmenar y Sotogrande, además de estar en proyecto las de Benaoján y San Martín Tesorillo. Un vertido tóxico echaría por tierra la inversión pública millonaria de años en un río que ha recuperado vida tras décadas de aguas grises.