Sumar y Podemos presionan al Gobierno para que no deporte a los saharauis rechazados en Barajas
Dirigentes de ambas formaciones intentan sin éxito entrar en la sala de inadmitidos en el aeropuerto y los tres eurodiputados de Sumar advierten a Marlaska que devolverlos podría violar el derecho internacional
Los grupos políticos a la izquierda del PSOE cierran el cerco sobre el Gobierno para evitar que devuelva a Marruecos a más de 40 ciudadanos de origen saharaui que permanecen en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Dirigentes de Sumar y de Podemos han acudido a la Terminal 1 del aeropuerto para conocer de primera mano la situación de los saharauis, a quienes el Ministerio de Interior ha denegado el asilo, pero ninguno ha conseguido entrar hasta la sala de inadmitidos donde se encuentran, varios desde hace semanas. Fatma El Galia, abogada de la mayoría de ellos y por tanto autorizada a entrar al recinto, ha señalado que en la tarde de este martes cinco personas seguían en huelga de hambre.
Los diputados de Sumar Tesh Sidi —primera parlamentaria saharaui en España— y Enrique Santiago han acudido a la terminal aeroportuaria este martes y han respaldado la concentración en favor de los saharauis inadmitidos en España. “No se puede tratar a los 40 saharauis de la misma manera, se debe tratar caso por caso y sobre todo priorizar a aquellas personas que necesitan una entrada por una emergencia humanitaria”, ha reclamado Sidi a las puertas de Barajas.
Los ciudadanos de origen saharaui inadmitidos, según explicaba el lunes su letrada a EL PAÍS, cuentan con pruebas —fotografías, vídeos, sentencias y citaciones policiales— que, entienden, demostrarían su persecución por las autoridades marroquíes y el riesgo que corren en caso de ser devueltos a Marruecos. “No es que digan que son activistas saharauis, es que tienen todas las pruebas [de ello]”, ha dicho El Galia, en referencia al argumento que ha esbozado Interior según el cual no se puede constatar que efectivamente sean de origen saharaui.
Santiago ha planteado, además, que aunque la Oficina de Asilo y Refugio considere que el asilo no procede, se puede aplicar la vía que ha sugerido el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur): “Que a estas personas se les autorice la entrada a España por situación humanitaria al ser claramente apátridas, como ha determinado cada uno de los informes individualizados de esa agencia”. La abogada que lleva los casos también había planteado esa alternativa y explicaba que la condición de apátrida se configuraba en el momento en que ellos se reafirman como saharauis y rechazan la nacionalidad marroquí, alegando que es una imposición.
“España y Marruecos tendrán las relaciones diplomáticas que consideren, pero en absoluto puede ser a costa de los derechos humanos de la población saharaui y de su derecho a obtener protección frente a la persecución”, ha afirmado Santiago.
Además del llamamiento que han hecho Sidi y Santiago desde Barajas, los tres eurodiputados de Sumar —Estrella Galán, Jaume Asens y Vicent Marzà— han enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que advierten de que “la devolución de estos ciudadanos saharauis podría constituir una posible violación del derecho internacional, del principio de no devolución, de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y del derecho de acceso al asilo”.
En la misiva, los eurodiputados insisten al ministro sobre la aplicación del principio de no devolución, previsto en la Convención de Ginebra, y piden que a los inadmitidos en Barajas “se les autorice urgentemente la entrada en España, por razones humanitarias, siendo admitida a trámite las solicitudes de las personas que han pedido protección internacional y/o apatridia, y que se estudie cada caso de manera individualizada y con la necesaria profundidad, tal y como recomiendan Acnur y el Defensor del Pueblo”.
Desde el lado de Podemos también han ejercido presión sobre el Gobierno. La diputada y secretaria general de esa formación, Ione Belarra, intentó entrar en la sala donde están lo saharauis el lunes, pero no le fue permitido. Por ello, este martes ha pedido amparo a la Mesa del Congreso de los Diputados al considerar vulnerados sus derechos como diputada. “Todas las diputadas estamos habilitadas para recabar información donde se puedan estar socavando derechos humanos”, ha escrito en su cuenta de X.
Javier Sánchez Serna, portavoz de la formación, ha exigido en una rueda de prensa en la Cámara baja que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desautorice al ministro Marlaska y atienda la situación de los saharauis. Y en estos términos ha reclamado al Gobierno una respuesta para esos ciudadanos inadmitidos en Barajas: “Es incomprensible que España haya acogido en los últimos dos años a 210.000 ucranianos sin que no se haya puesto ningún problema; que se haya acogido a 40.000 venezolanos, algunos viniendo a España con problemas económicos y otros, como en el caso de Leopoldo López viniendo con sentencias por terrorismo, y que ese mismo Gobierno ahora diga que no se puede acoger a una treintena de saharauis que realmente están en situación de persecución y de malos tratos por parte de la monarquía marroquí”.
Según ha informado la abogada Fatma El Galia, en la sala de inadmitidos hay una niña de un año y medio con una alergia que no ha sido atendida, otro niño de un año, una persona sordomuda que padece cáncer y una mujer que en ese recinto ha sufrido un aborto espontáneo. Interior sostiene que en todo momento los servicios sanitarios han estado prestos a atenderlos.
Varios partidos socios parlamentarios del Gobierno exigen paralizar la expulsión
El grupo Republicano ERC, conjuntamente con EH-Bildu, ha registrado la petición de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Marlaska, ante el "riesgo inminente de deportación de 10 activistas saharauis" a Marruecos. ERC y Bildu reclaman la "paralización inmediata de esta medida, que pondría en grave peligro la seguridad y la integridad de estas personas". A esta iniciativa se suma la del PNV, que ha registrado una batería de preguntas por escrito al Gobierno español en relación con las y los saharauis a los que se niega la protección internacional a su llegada al Aeropuerto de Barajas.
Fuentes del Ministerio del Interior, sin embargo, niegan que este caso se pueda considerar deportaciones sino una "denegación de entrada" porque sostienen que “cuando en un aeropuerto, un nacional de tercer país no reúne los requisitos de entrada (en este caso, visado Schengen) y solicita asilo, si su solicitud no se admite a trámite, (según el artículo 26.2 de la Ley Orgánica 4/2000) estarán obligados a regresar a su punto de origen", precisan según el artículo 18 del Reglamento de Extranjería. Ese artículo señala en su primer punto: "Si se negara la entrada en el territorio español a un extranjero por deficiencias en la documentación necesaria para el cruce de fronteras, el transportista que lo hubiera traído a la frontera por vía aérea, marítima o terrestre estará obligado a hacerse cargo de él inmediatamente. A petición de las autoridades encargadas del control de entrada, deberá llevar al extranjero al tercer Estado a partir del cual le hubiera transportado....". Interior entiende así que es la Compañía la que debe encargarse de su regreso al aeropuerto de partida, al ser denegada su entrada en España y en este caso apuntan que "no siempre o no necesariamente es un aeropuerto de Marruecos" y que "la persona no es entregada a las autoridades de Marruecos".
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