En latas de sardinas o lanzados desde un dron: los métodos para ocultar e introducir los móviles en las prisiones

La intervención de teléfonos móviles sigue creciendo en las prisiones dependientes de Instituciones Penitenciarias después del pequeño parón de la pandemia. Los funcionarios requisaron 2.910 de estos dispositivos en 2023, a una media de casi ocho terminales al día, según datos aportados por el sindicato ACAIP-UGT, obtenidos a través del Portal de Transparencia. La cifra, que supone un crecimiento de un 6,48% sobre los datos del año anterior, constata el trabajo de los funcionarios para detectar objetos prohibidos dentro la prisión, señalan fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Los centros en los que más aparatos se han requisado son la prisión de Madrid III, situada en Valdemoro (152), seguida de Albolote (Granada), con 147, y Córdoba, con 142. Según estos datos, las prisiones madrileñas y andaluzas son las que más dispositivos intervienen con una ratio de más de 60 móviles por cada 1.000 internos, cuando la media nacional se encuentra en 51,32.

Los ingenios para ocultar e introducir estos pequeños dispositivos, prohibidos en los centros penitenciarios, son numerosos. Desde abrir una lata de sardinas por el lado contrario, sacar el contenido e introducir el móvil para volver a pegar la base y dar apariencia de una conserva adquirida en el economato de prisión, hasta entregas “puerta a puerta” con drones, señalan fuentes sindicales. También se han intervenido dispositivos ocultos en botes de champú o gel con doble fondo, o en cajas de galletas con el interior perforado. Los funcionarios los intervienen en los cacheos y requisas a los presos y sus celdas. En las inspecciones se han encontrado, por ejemplo, terminales ocultos tras un azulejo situado tras el inodoro y en el que se había simulado la junta con pasta de dientes.

La tenencia de teléfonos móviles se considera una falta grave que acarrea sanciones a los reclusos a los que se les encuentre. Estos castigos van desde la reducción de las horas de salida al patio al cambio a un módulo más duro. Además, el incidente queda reflejado en el expediente penitenciario del recluso con el consiguiente efecto en la concesión, por ejemplo, de permisos.

Además de Madrid III, Albolote y Córdoba, otras prisiones como Almería (134), Valencia (108), Algeciras (107) y Tenerife (102) superan el centenar de intervenciones.

ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario entre los trabajadores penitenciarios, subraya la “dejadez” por parte de la administración penitenciaria por no modernizar elementos de seguridad como inhibidores, que podrían convertir los terminales en objetos inservibles, algo que, en su opinión “reduciría los problemas regimentales”. Así, se dan situaciones en las que los inhibidores impiden la comunicación con móviles con tecnología 3G, pero hay dispositivos que operan con 5G, señalan. “Nos dicen que la tecnología avanza muy rápido y que no se pueden adaptar (...) Si funcionan los inhibidores, el móvil no serviría para nada y eliminaríamos una fuente de conflicto”, apunta su portavoz, Joaquín Leyva. Esta actualización también ayudará, en opinión de Leyva, a frenar “un nuevo problema añadido” como es el uso de drones para introducir objetos y sustancias prohibidas. “Si funcionaran, también dificultaríamos el uso de esos aparatos”, añade.

En otras ocasiones, Interior ha considerado que la principal medida para combatir la presencia de los teléfonos móviles dentro de las cárceles no es tanto el uso de estos inhibidores, como que los dispositivos no lleguen a entrar en las penitenciarías. Buena parte de los terminales son introducidos en las prisiones por familiares durante las visitas vis a vis (íntimas), o por reclusos que vuelven de un permiso y que los llevan escondidos. La mayoría de los dispositivos intervenidos son minúsculos: miden poco más de seis centímetros y son fáciles de ocultar en objetos o en el propio cuerpo.

El sindicato incide en que estos terminales son “objetos muy cotizados” por internos que tienen restringidas las comunicaciones y que su uso y presencia en los centros genera “fuentes de conflicto debido al control del mercado negro que generan”. Los precios que pueden alcanzar en ese mercado negro son muy variables, según fuentes sindicales, ya que se pueden comprar o alquilar para hacer llamadas.