La ley de amnistía llega al pleno del Constitucional tras la cascada de recursos del PP de las últimas horas

El Constitucional inicia este martes su primer pleno dedicado a abordar la ley de amnistía. Sobre el tribunal están lloviendo literalmente los recursos en las últimas horas, ya que el plazo para presentarlos termina este martes. Aparte de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo y de la impugnación formalizada por el PP el pasado día 5, han ido pasando esta semana por el registro del órgano de garantías los recursos de los gobiernos populares de Madrid, Aragón, Murcia, Andalucía, Galicia, Cantabria y la Comunidad Valenciana, y hoy se sumarán Castilla y León y Extremadura. También ha recurrido la ley el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, del PSOE.

El paso inicial será aceptar la abstención del magistrado Juan Carlos Campo, que durante su anterior cargo se refirió a la “inviabilidad” de la amnistía. El propio magistrado ha renunciado a participar en los debates por estimar que aquellas manifestaciones, cuando informó a favor de los indultos, permiten cuestionar su apariencia de imparcialidad. El pleno del tribunal quedará de momento compuesto por 11 magistrados para estudiar el encaje constitucional de la ley. Los recursos se abordarán en tres fases diferenciadas.

Primero se va a estudiar en el pleno de esta semana la iniciativa del Supremo para cuestionar el texto aprobado por las Cortes. Se trata de una cuestión de inconstitucionalidad planteada, en esencia, por la posible vulneración del derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica. Se atiende primero a la impugnación del Supremo porque fue la primera presentada y también por razones de estrategia procesal. El tribunal entiende que si su primera sentencia aclara las dudas del Supremo rechazando que la ley vulnere derechos constitucionales tendrá mucho camino recorrido para resolver el resto de iniciativas contra la amnistía. Lo mismo ocurriría en el caso de que considerara que la norma vulnera derechos fundamentales, una hipótesis sumamente improbable.

La sentencia sobre la impugnación del Supremo puede llegar a finales de año o comienzos del próximo. Una vez admitida a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, el tribunal pedirá alegaciones a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a la defensa del condenado en el caso en el que se ha basado el Supremo para cuestionar la ley. Se trata de una causa por desórdenes públicos, tras el fallo contra los líderes independentistas. El ponente es el magistrado Ricardo Enríquez, del grupo conservador. En el tribunal se da por hecho que la impugnación del Supremo será admitida a trámite por unanimidad. Puede haber discrepancias, en cambio, si más adelante se presentan nuevas recusaciones contra magistrados por supuesta falta de imparcialidad.

El PP ―cuyos recursos serán estudiados en una segunda fase― ya ha planteado la recusación de tres de los miembros del tribunal. Se trata del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido y de los magistrados Juan Carlos Campo ―cuyo caso ha perdido objeto, una vez que se ha abstenido― y Laura Díez. Hay pocas dudas de que las dos recusaciones que siguen en pie se rechazarán. En todo caso, este punto no se discutirá hasta el pleno de la última semana de septiembre. El ponente del recurso del PP es el magistrado José María Macías, recién incorporado al tribunal y perteneciente a su bloque conservador. Esta impugnación presentaba un defecto de forma fácilmente subsanable. Se trata de que los diputados que la apoyan deben dejar explícita manifestación de que su voluntad es recurrir la ley. El PP ya ha sido emplazado para que presente el documento requerido. El recurso de los parlamentarios populares se admitirá por tanto a trámite en el pleno de fin de mes, también previsiblemente por unanimidad. Y es posible que junto a éste sigan el mismo camino los de las comunidades del PP, cada uno de los cuales tendrá un ponente distinto.

En último término el tribunal asumirá la petición de amparo de Carles Puigdemont si el Supremo mantiene su decisión de no aplicarle la amnistía. El Constitucional considera que antes de estudiar la posible vulneración de derechos fundamentales del líder de Junts es preciso haber decidido sobre todos los recursos de inconstitucionalidad. De ahí que el presidente del tribunal haya dicho que se tardará entre seis meses y un año en resolver en su totalidad el debate sobre la amnistía.