Daniel Sancho, a la espera de la sentencia por el descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta

El español Daniel Sancho conocerá este jueves, en cuestión de horas, si el tribunal de Tailandia que le ha juzgado por la muerte y el descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta le considera culpable de asesinado premeditado, como defiende el fiscal, o si, por el contrario, acepta que aquel 2 de agosto, hace poco más de un año, Arrieta perdió la vida accidentalmente durante una discusión entre ambos en la isla tailandesa de Koh Pangan, como defiende el procesado. Del reconocimiento o no de esa premeditación por parte de los jueces depende que Sancho sea condenado a la pena de muerte, un castigo que el país suele reducir o no aplicar, o la extensión de una posible pena de prisión. El tribunal ha fijado para este 29 de agosto la lectura completa de la sentencia, concretamente a las 10.00 de este jueves hora local (03.00 GMT), cinco de la madrugada en la España peninsular. Tras la sentencia, el juez se establecerá un plazo para las apelaciones.

El caso de Sancho, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, ha sido uno de los procedimientos más mediáticos en el último año, a pesar de que los hechos que se enjuician ocurrieron a 10.000 kilómetros de Madrid y se ha investigado y enjuiciado con las leyes de Tailandia. El procesado, de 29 años, y Arrieta, de 44, habían quedado en verse el pasado 2 de agosto en Koh Pangan, una isla muy turística conocida por albergar la fiesta de la luna llena, un fenómeno que atrae a numerosos viajeros que bailan y disfrutan durante la noche al aire libre. El español llegó un par de días antes de la cita y planeaba quedarse unas semanas por la zona. El 3 de agosto denunció que su amigo había desaparecido y Sancho fue detenido formalmente dos días después.

Los equipos de la defensa de Daniel Sancho y de la coacusación, en representación de la familia Arrieta, ya se preparan ante la cita del tribunal, que, de momento, no ha dado muchos detalles sobre el procedimiento para comunicar su sentencia. Los padres de Sancho, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, han sido citados a las 9.00 de este jueves en el tribunal, junto con sus representantes legales en el país. Cuando llegue la hora prevista, las 10.00, se comunicarán otras disposiciones, como si se permite el acceso a la sala a algún miembro del equipo jurídico de abogados españoles que asesoran en la defensa y que ya se encuentran allí, o a la prensa. Daniel Sancho declaró a Efe en una entrevista hace apenas seis días que está “preparado para lo mejor y para lo peor”. A pesar de ello, se mostró optimista y convencido de que el juez va a descartar que la muerte de Arrieta se debiera a un asesinato premeditado.

El juicio, celebrado a puerta cerrada en el Tribunal Provincial de la isla de Samui entre el 9 abril y el 2 mayo, fue seguido jornada a jornada por una nutrida representación de periodistas desplazados desde España, en su mayoría televisiones. Durante las sesiones, la fiscalía trató de acreditar mediante decenas de pruebas y testigos, incluida la compra de cuchillos y una sierra que el acusado guardó en la habitación de hotel en la que murió Arrieta, que Sancho planificó los días previos el asesinato y descuartizamiento del cirujano. El código penal tailandés castiga el asesinato con penas de entre 15 y 20 años de cárcel, la cadena perpetua o la pena de muerte. En concreto, la sección 289 del código penal incluye el asesinato con premeditación como una de las circunstancias agravantes para la pena capital. Esos días, las acusaciones también reconocieron la dificultad de probar que hubo premeditación, algo que, si no se acredita, impediría que se le aplicara la pena de muerte.

Sancho, que inicialmente confesó el crimen ante la policía, aseguró durante el juicio que la muerte de Arrieta se produjo debido a una pelea en defensa propia después de que el cirujano colombiano intentara “violarle” y “amenazara a él y a su familia”. Antes de que quedara visto para sentencia, el español mostró su pesar por lo ocurrido. “Siento que unos padres hayan perdido un hijo. Siento que su familia no haya podido enterrarlo en condiciones. Siento lo que hice después de la muerte”, manifestó durante su alegato final. El español solo reconoce uno de los tres delitos por los que está acusado, el de ocultar el cuerpo de Arrieta, unos hechos que podrían acarrear una pena máxima de dos años de prisión. Se ha declarado no culpable del asesinato premeditado (que parte de los 15 y 20 años de cárcel) y de destruir el pasaporte de la víctima (penado con un máximo de seis años de prisión).

Tras quedar el caso visto para sentencia, el equipo jurídico español formado por el acto Rodolfo Sancho en España, formado por el despacho Balfagón & Chippirrás y el bufete de Marchos García-Montes, ha presentado ante el tribunal un informe con las conclusiones finales, que ha sido traducido al tailandés, junto con todos los documentos aportados. “Aquí hay dos familias que son víctimas, pero no se puede comparar la muerte de un ser humano con la no muerte”, explica por teléfono el criminólogo Ramón Chippirrás desde Tailandia. “Queremos dejar claro que mandamos un afectuoso abrazo a la familia de la víctima, tanto Rodolfo como sus representantes”, ha subrayado. Una vez que se conozca la sentencia, el equipo tendrá que analizarla para determinar cuáles serán los siguientes pasos.

Ospina Abogados, el despacho que representa en España a la familia de Arrieta y que ha participado en la coacusación, ofrecerá una conferencia de prensa a mediodía de mañana jueves en Madrid. Los padres de la víctima, Ana Marcela Artega y Leovaldo José Arrieta, “no están en Tailandia”, según el despacho de abogados.

Posibles apelaciones

Desde hace poco más de un año, el procesado se encuentra en prisión provisional en la cárcel tailandesa de Samui, una isla situada a unos 40 minutos en ferry de la vecina isla de Koh Pangan, donde ocurrieron los hechos. Si la condena que se le impone finalmente supera los 15 años de prisión sería trasladado a otro centro. El fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, ha explicado que ante una condena superior a los 15 años iría a la prisión de Surat Thani, provincia de la que depende Samui, aunque no sería de forma inmediata. Mientras que si supera los 25 años, será trasladado a la cárcel de Nakhon Si Thammarat, provincia situada al sur de Samui. Según el informe nacional de correccionales del país, Surat Thani tiene cerca de 5.400 reos y la cárcel de Nakhon Si Thammarat más de 4.200, frente a los 542 del penitenciario de Samui, considerado “amable”, según los estándares del país, por su baja densidad y seguridad más laxa.

Una vez que se dice la sentencia, existen dos posibles apelaciones para las partes, una al Tribunal de Apelaciones y otra al Supremo, un proceso que suele demorarse un año, según fuentes jurídicas.

En un caso anterior, el español Artur Segarra fue condenado en 2017 por un tribunal de Bangkok a la pena de muerte por el asesinato premeditado de su compatriota David Bernat, y fue trasladado días después de la sentencia desde la prisión Bangkok Remand al penal capitalino de máxima seguridad Bang Kwang, donde continúa y se encuentran la mayoría de condenados a la pena capital. La condena de Segarra quedó reducida a la cadena perpetua en 2020 por clemencia del monarca Vajiralongkorn, con potestad para conceder indultos y conmutar la pena capital por un castigo menor.