La Fiscalía del ‘caso Sancho’ admite la “dificultad” de probar que el asesinato de Arrieta fue planificado

La Fiscalía y la acusación particular en el juicio que se sigue en Tailandia contra el español Daniel Sancho por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta han reconocido este miércoles la “dificultad” de demostrar que el crimen fue premeditado. “Lo he dado todo en el caso y estoy satisfecho. No estoy seguro de si se llegará a la acusación de asesinato premeditado. De todos modos, fue difícil desde el principio”, ha dicho a Efe el fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, tras concluir la fase de declaraciones de los testigos propuestos por la acusación ante el Tribunal Provincial de Samui. Mañana jueves se iniciará la ronda de declaraciones de los testigos de la defensa, que inaugurará el acusado, Daniel Sancho. El elemento de la premeditación es clave porque, si esta no queda probada, Sancho no podría ser condenado a pena de muerte.

“[El asesinato de Arrieta] Puede ser premeditado o no, porque el camino de la investigación para llegar a la premeditación es difícil. No solo en este caso, sino en todos los de asesinato premeditado en general”, ha añadido Sawatdichai. La Fiscalía acusa a Sancho, de 29 años, del asesinato premeditado de Arrieta, de 44. Ese delito está castigado en Tailandia con una condena máxima de pena de muerte. También le imputa otros dos delitos: el descuartizamiento y ocultación del cuerpo, y la destrucción de documentación ajena (el pasaporte del colombiano). En la primera sesión del juicio oral, el pasado 9 de abril, Sancho se declaró no culpable del asesinato premeditado —según su versión, la muerte de Arrieta fue accidental durante una pelea— y aceptó los otros dos cargos. Previamente, en un primer momento cuando fue detenido por la policía, sí confesó el crimen.

El abogado en España de la familia de Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, coincidió en “la dificultad” de demostrar la premeditación. “El Ministerio Fiscal y la coacusación estamos solicitando que sea condenado por un asesinato con premeditación o sin premeditación. Es importante porque la familia considera que lo que hizo Sancho fue acabar con la vida de Edwin con una idea preconcebida antes de viajar a Phangan”, dijo Ospina. “Sin embargo, esto es la dificultad que tiene este procedimiento y no tenemos ningún interés personal en la causa, simplemente que se haga justicia (...) Y que el juez determine si lo que hizo Sancho tuvo un plan prestablecido o no”, añadió.

En esta primera fase del juicio, desde el 9 de abril, la Fiscalía ha llamado a declarar a 28 personas, entre ellas agentes policiales, forenses y testigos de la compra de cuchillos, una sierra, bolsas de basura y otros elementos por parte de Sancho el día antes de que tuviera lugar el supuesto asesinato, el 2 de agosto. En referencia a estas adquisiciones y otras pruebas aportadas por la Fiscalía, Ospina ha afirmado que “todo lleva a pensar que lo que ocurrió el 2 de agosto es parte de un plan”. “Si esto no se puede demostrar lo aceptaremos, como no puede ser de otra manera”, apuntó.

Mañana jueves comienzan las declaraciones de los 25 testigos propuestos por la defensa. Daniel Sancho declarará el primero, y después —el mismo jueves o ya en próximos días— lo harán, entre otros, su padre, el actor Rodolfo Sancho, y dos policías de la isla de Phangam, donde se cometió el presunto crimen. El final del juicio está previsto para el 3 de mayo.

Indemnización para la familia

El abogado Juan Gonzalo Ospina ha declarado en la sesión de hoy no solo como letrado sino como testigo de la familia de Arrieta para explicar que el crimen ha arruinado a la familia de la víctima, y ha reclamado por ello una indemnización mínima de 410.000 euros. “Hoy acudimos como testigos de la familia para explicar la situación económica en la que se encuentran a día de hoy tras la pérdida de Edwin, que era quien sustentaba toda la realidad económica de la familia”, ha dicho Ospina a las puertas del tribunal, pues la vista es a puerta cerrada.

Los abogados de la familia Arrieta en Tailandia, Mettapon Suwancarern y Nattha Lak Jongratwanin, han solicitado formalmente una indemnización de 30 millones de bahts (unos 760.000 euros). Ospina, sin embargo, ha precisado que esa cifra es un “tope máximo” y que la familia estaría “más que satisfecha” con la cantidad de 410.000 euros que su despacho calculó en un principio.

El letrado ha presentado también “documentos médicos que acreditan que [los padres de Arrieta] están sufriendo depresión, ansiedad, pesadillas nocturnas, tomando tratamiento para superar [la muerte de su hijo]”. Ospina ha subrayado que “no se les ha podido contar toda la realidad de lo sucedido [el 2 de agosto] porque se encuentran en una profunda depresión y ansiedad”. “No consiguen superar lo que sucedió”.

La legislación tailandesa no establece baremos de indemnización como responsabilidad civil por asesinato. La solicitud depende de la valoración del daño por parte del demandante y se fija dependiendo de “las pruebas y la decisión del juez”, que es el que finalmente la establece junto a la condena. “El procedimiento de hoy consistió en la reclamación de la indemnización, que es de 30 millones (de bahts). Sin embargo, la cantidad real estará sujeta a la discreción del tribunal basada en su evaluación”, explicó el abogado de Daniel Sancho, Apirchat Srinual, que consideró poco probable que el juez conceda una compensación tan alta.

El actor español Rodolfo Sancho, padre del acusado, ha dicho a los periodistas, al finalizar la sesión, que “por supuesto que no” se ha llegado a ningún tipo de acuerdo sobre la indemnización. Realizar ese pago —en caso de que así lo decidiera el juez en una sentencia condenatoria— sería un requisito imprescindible para que el acusado pudiera solicitar su traslado a una prisión española, algo posible siempre y cuando la pena impuesta no fuera una condena a muerte.

La declaración del abogado de la familia de Arrieta ha puesto fin a la fase de los testigos propuestos por la acusación. El equipo jurídico tailandés había solicitado que los padres de la víctima, Ana Marcela Arteaga y Leovaldo José Arrieta, de 78 y 75 años, respectivamente, testificaran por videoconferencia, algo que fue rechazado por el juez. Tampoco pudo hacerlo Darling Arrieta, hermana de Edwin, al no tener visado.