La catarata de bulos y mensajes de contenido racista surgidos a raíz del asesinato de un menor de 11 años en Mocejón (Toledo) ha llevado a la Fiscalía a estudiar si estos contenidos podrían ser constitutivos de delito. Este martes, el fiscal de la Sala de la Unidad de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto en una entrevista en Cadena Ser acabar con el anonimato en redes para exigir responsabilidades a los autores y restringir el acceso a estas a quienes las usen para campañas del odio.

Aguilar ha reconocido que los mensajes que vinculaban el asesinato del pequeño Mateo con la presencia de menores migrantes no acompañados tienen el “propósito deliberado de despertar sentimientos de odio, discriminación y hostilidad contra los más vulnerables” entre la población a través de mensajes falsos. “Cada día hay agresiones en nuestras calles que se cometen contra personas por este tipo de motivaciones, y hemos visto cómo en los últimos meses se han difundido insultos racistas en acontecimientos deportivos”, ha sostenido.

El fiscal también ha mostrado su indignación por los ataques que recibió el portavoz de la familia del menor tras hacer un llamamiento a no criminalizar a ninguna etnia, raza u origen a raíz de lo sucedido. “Que una persona que está haciendo de portavoz con un inmenso dolor haga un llamamiento para no criminalizar, y se aproveche ese momento para atacarle, no tiene palabras”, ha lamentado.

Ante el creciente aumento de estas conductas, el máximo responsable de esta unidad de la Fiscalía, de reciente creación, ha detallado algunas propuestas. El fiscal ha explicado que una de las mayores dificultades viene de la imposibilidad de identificar al autor, por lo que su primera medida sería que todos los usuarios de las redes sociales tengan que estar identificados para poder exigirles responsabilidades llegado el caso. Además, también ha propuesto que es necesaria una reforma del código penal para que los condenados por cometer delitos de odio en las redes vean restringido su acceso a las mismas.

Aguilar ha admitido que este tipo de investigaciones conllevan un proceso lento, pero riguroso, por lo que en el caso de Mocejón, está en su fase inicial. “Hay que hacer una investigación muy rigurosa y recopilar todo tipo de datos y después valorarlos. Una vez tengamos los informes policiales, serán remitidos a la Fiscalía y se hará la valoración jurídico-penal”.

El fiscal también ha explicado que no todos los mensajes pueden ser constitutivos de un delito de odio, por lo que es difícil erradicar este tipo de campañas. “Hay muchos comentarios que no tienen trascendencia penal por más que sean muy odiosos y socaven en nuestro modelo de convivencia, ”, ha apuntado.

A pesar de que percibe una estrategia “coral” para difundir este tipo de mensajes, Aguilar también ha dejado una reflexión positiva sobre el carácter de la sociedad española. “Por nuestra propia historia, como sociedad migrante, somos conscientes de la la importancia que tiene la inmigración y los rendimientos positivos que están dando a España, a nivel de convivencia, gastronomía y cultura”, ha destacado.

Después de que el autor del crimen, de nacionalidad española, confesase el asesinato, y tras anunciar la Fiscalía que iba a comenzar una investigación por las acusaciones vertidas sobre los migrantes acogidos en Mocejón, algunos de los usuarios que llamaban a perseguir a los sospechosos por el color de su piel o vinculaban el crimen con un motivo yihadista —entre otras—, se han apresurado a cerrar sus cuentas en las redes sociales o a borrar estas publicaciones.

El PP, con posturas encontradas

El Partido Popular se ha mostrado este miércoles abierto a estudiar medidas tendentes a “paliar” y a “minimizar” los discursos de odio que se esparcen a través de las redes sociales. “El anonimato no puede servir en ningún caso para hacer declaraciones que con nombre y apellido no harías”, ha dicho al respecto el portavoz adjunto del PP en el Senado, Antonio Silván, en rueda de prensa en la Cámara alta. Unas declaraciones que contrastan con las de otros dirigentes populares que han cargado contra el planteamiento del fiscal Miguel Ángel Aguilar, como el número dos de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano. “Nos horroriza que Maduro censure WhatsApp o X. Pero oye aquí somos más demócratas. Aquí prohibimos usar red es a quienes opinen como no nos guste”, ha censurado el también senador del PP. El presidente de Nuevas Juventudes de Madrid, Ignacio Dancausa, ha pedido directamente “ayuda” al dueño de X, Elon Musk, para que preserve “la democracia” en España, a través de un mensaje en la red social, informa Virginia Martínez.