El Gobierno agota el tiempo para la ambigüedad

Mientras los dirigentes interinos de ERC sometían a votación de sus bases el acuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa, lo que supondría cambiar, bilateralmente, el modelo de financiación autonómica, las bases del PSOE y alguna federación territorial del partido se enteraban por la prensa del precio que los independentistas habían marcado —y los socialistas aceptado— para poner por tercera vez a uno de los suyos al frente de la Generalitat de Cataluña. Los dirigentes de ERC han hecho campaña por el sí durante los últimos días, pero los del PSOE, empezando por su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han esquivado hasta ahora las preguntas que pedían concreción sobre las consecuencias de ese acuerdo, con la intención, imposible de disimular, de ganar tiempo y no herir sensibilidades —las de ERC—. La estrategia funcionó, aunque el ajustado resultado de la votación (53,5% a favor y 44,8% en contra, con una participación del 77%) pone de manifiesto que en las bases de Esquerra hay todavía muchas dudas y desconfianza. Y el tiempo de las respuestas vagas del Gobierno se acaba. La Moncloa optó por la estrategia de medir hasta la última palabra las explicaciones sobre el pacto para facilitar la votación de la militancia de ERC. Fuentes del Gobierno aseguran que, una vez pactada la investidura, el Ejecutivo hará la pedagogía que le ha faltado hasta ahora sobre el concierto económico para Cataluña, que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartaba públicamente hasta hace unos días. Y que ha desatado las críticas de varios barones.

El Ejecutivo se conjuró para no interferir en la votación de las bases de ERC. A repetidas preguntas de los periodistas, la ministra portavoz, Pilar Alegría —una de las que había rechazado con firmeza la idea del concierto para Cataluña— se negó a aclarar el martes siquiera si suscribían el contenido de ese preacuerdo con ERC —“por respeto” a los partidos que habían intervenido en la negociación, dijo—; aunque les parecía una “extraordinaria noticia”, “el triunfo de la política”, el “revolucionario” resultado del “diálogo” entre diferentes. También Sánchez prefirió desviar el foco de la contrapartida y centrarse en el premio, la investidura de Illa con los votos de un partido independentista, es decir, el entierro del procés. En ese viaje, el Gobierno empeñó su coherencia y sacrificó la cohesión interna de los socialistas, porque el malestar y las dudas en el PSOE se extienden, por el fondo y las formas de ese acuerdo, mucho más allá de los críticos habituales, como el presidente de Castilla-La Mancha, del que Sánchez se burló: “La noticia sería que Emiliano [García-Page] convocara una rueda de prensa para apoyar al Gobierno”, dijo.

En el largo camino de obstáculos hasta la ejecución de ese preacuerdo que se hizo de rogar —han pasado más de cuatro meses desde las elecciones a la presidencia de la Generalitat—, el primero era el visto bueno de las bases de Esquerra. Y el tropiezo no solo era posible, sino probable, cuando el partido independentista está pendiente de un congreso para resolver su liderazgo y acababa de ponerse colorado al conocer que la infame campaña contra los Maragall burlándose de la enfermedad más cruel, el alzhéimer, había salido de sus filas.

Conscientes de la delicada situación de su potencial socio de investidura en Cataluña, el Gobierno y el PSC habían dejado deliberadamente a ERC vender el contenido del acuerdo y, por tanto, apropiarse del famoso relato, esa herramienta a la que los políticos recurren para tratar de convencer a la opinión pública, de que han tomado una decisión controvertida por un bien mayor. La votación de las bases de Esquerra pone fin a esa fase de explicaciones unilaterales. El Ejecutivo, el PSC y el PSOE deberán que aclarar a partir de ahora si comparten al 100% el contenido de ese preacuerdo o si aspiran a cambiarlo, valiéndose de las salvaguardas incluidas en el texto, para empezar, la necesaria modificación de la ley que regula la financiación autonómica, la LOFCA, que necesita de una mayoría parlamentaria que hoy no está ni mucho menos garantizada. Superado el trámite necesario para obtener el visto bueno de ERC, queda lo más difícil, las toneladas de pedagogía que harán falta para, o bien explicar el penúltimo cambio de opinión del Gobierno, o bien convencer a ERC de que razones de fuerza mayor les impiden cumplir al 100% el contenido de ese acuerdo, como avisaba Junts. Cuando el partido de Puigdemont advirtió del riesgo de hacer presidente de la Generalitat a “un españolista” no estaba mandándole un recado solo a Esquerra, su rival en Cataluña, sino al presidente, del Gobierno cuya investidura apoyó en Madrid. Sus siete votos suben de precio a partir de hoy.