Detenida en Valencia una exjueza argentina acusada de buscar a mujeres embarazadas sin recursos para vender sus bebés

Alejandra V. lo llamaba supuestamente “conseguir panzas”, y consistía en localizar en barrios desfavorecidos de la ciudad argentina de Pilar (provincia de Buenos Aires) a mujeres embarazadas en situación económica vulnerable. Luego, presuntamente las convencía o presionaba para que entregaran a sus bebés a matrimonios adinerados, en un proceso en el que aprovechaba su condición de jueza para manipular los documentos necesarios y, así, hacer pasar por legal esa transacción, según el relato de las autoridades del país sudamericano. Los nuevos padres, para recompensarla, le entregaban diversas dádivas, como regalos y cenas. La Policía Nacional ha detenido ahora en Valencia a esta ya exmagistrada argentina, de 64 años, acusada en su país de numerosas irregularidades en su juzgado, entre ellas, precisamente, la de haber facilitado presuntamente adopciones ilegales, según ha informado este jueves el Ministerio del Interior.

Las pesquisas en España que han desembocado en el arresto se iniciaron el pasado 16 de julio, cuando las autoridades argentinas emitieron contra Alejandra V. una orden internacional de detención a través de Interpol con notificación roja (urgente). La investigación realizada por la Sección de Localización de Fugitivos y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional permitió determinar que la exmagistrada llevaba tiempo residiendo en España, donde utilizaba su identidad verdadera, y que, tras pasar por Cádiz, podía haberse asentado en la ciudad de Valencia.

Una vez localizado el domicilio donde supuestamente vivía en un barrio residencial de la capital valenciana y montar un dispositivo de vigilancia, el pasado lunes los agentes la arrestaron cuando salía del lugar. Solo habían pasado seis días desde que se cursó la orden de detención a través de Interpol. Tras su captura, la exmagistrada fue trasladada a Madrid para pasar a disposición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que es quien tramita la petición de extradición de Argentina. En su país, Alejandra V. se enfrenta a una acusación por delitos de cohecho activo y falsedad en documento público, penados con hasta seis años de cárcel.

El caso contra la exmagistrada se inició en Argentina en 2015, cuando era titular del Juzgado de Familia Número 1 de Pilar, un municipio situado al noroeste del área metropolitana de Buenos Aires. La Fiscalía de Buenos Aires y un colegio de abogados presentaron entonces una denuncia en la que le imputaba numerosas irregularidades cometidas desde que asumió el cargo cinco años antes. Entre ellas estaba la presunta manipulación de cerca de 600 documentos judiciales para que pareciera que los había firmado en fechas en las que en realidad estaba de viaje fuera del país; no atender sus obligaciones con los menores que estaban bajo la custodia de su juzgado; maltratar de modo “constante” a los funcionarios de su juzgado llegando supuestamente a provocar el aborto a una, y adulterar los trámites de adopción de varios menores para entregarlos de forma exprés ―este trámite en realidad puede llevar años― a algunas parejas, supuestamente a cambio de regalos.

La magistrada fue apartada de su puesto poco después de la denuncia tras constatarse “severas anomalías”, y los órganos judiciales le abrieron un procedimiento interno que desembocó en 2017 en una vista en la que un jurado de nueve miembros acordó por unanimidad su destitución e inhabilitación para ocupar cargos judiciales. Durante aquella vista, dos asistentes sociales que trabajaban en su juzgado aseguraron que la entonces magistrada les había propuesto a comienzos de 2011 que, como un “trabajo extra”, acudieran a los barrios pobres de Pilar en busca de niños pequeños “en estado de abandono” o que consiguieran “panzas”, en referencia a mujeres embarazadas a las que poder ofrecerles que, una vez nacidos sus bebés, los entregasen en adopción, según recoge la resolución por la que fue apartada de la carrera judicial y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Según recoge como probado el fallo, la magistrada explicó a las trabajadoras sociales ―que finalmente se negaron a hacerlo― que había “muchos matrimonios adinerados con deseos de adoptar esos niños”. A las madres que se resistían, la entonces magistrada supuestamente las presionaba para que entregaran a los recién nacidos. Cuando finalmente accedían, ella presuntamente alteraba los documentos del juzgado para que los menores acabasen en manos de estos matrimonios. En la sentencia se recoge el “sorprendente” caso de dos hermanas a quienes se les concedieron sendos bebés en adopción “al mismo tiempo” y que tenían como abogado a un amigo personal de la magistrada. El fallo recoge que la jueza también permitió que este letrado asesorase a la madre biológica de una niña de tres meses de edad y a la mujer que adoptó a esta, algo totalmente irregular.

En paralelo, la justicia argentina ha instruido contra ella una causa penal por estos mismos hechos, dentro de la cual la Fiscalía argentina la llamó a declarar a comienzos de este año. Al no presentarse ni poder ser localizada en su domicilio de Buenos Aires, un juez dictó hace unas semanas la orden de detención que ha desembocado en su arresto, el pasado lunes, en Valencia.