El Gobierno y el PP retoman sus discrepancias, ahora sobre financiación y Ley de Extranjería

Las cábalas continúan en los partidos políticos cinco días después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, consiguiera que sus representantes en cinco gobiernos autonómicos rompieran la coalición con el PP y abandonaran los despachos, con pocas excepciones. ¿Beneficia eso al PP? ¿Perjudica al PSOE? De momento, los aparatos de estrategia de ambas formaciones especulan y elaboran tesis de futuro electoral imposibles de verificar. En el PSOE y en Sumar extienden el análisis fuera de España, a la configuración de la derecha más extrema internacional, para concluir que Abascal no ha improvisado, al margen de cómo le vaya a ir en las próximas elecciones.

Lo seguro es que, apenas tres semanas después del acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hay razones para que ambas partes mantengan la discrepancia en asuntos esenciales: ahora, financiación autonómica e inmigración. Esto último a pesar de que los populares hayan aceptado una acogida mínima de menores migrantes no acompañados, lo que supuso el motivo formal para la ruptura de Vox. Pero queda por ver aún si el PP se suma a un compromiso permanente de acogida a través de la reforma de la Ley de Extranjería.

Este lunes, el Gobierno y el PP tendrán un nuevo marco para la discusión, probablemente no pacífica. Los representantes de las 15 comunidades autónomas de régimen común fiscal —todas salvo el País Vasco y Navarra— acudirán a la convocatoria de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para celebrar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se trata de establecer el objetivo de déficit para 2025 y la senda fiscal entre 2025 y 2027.

Para su día a día, los consejeros están especialmente interesados en las entregas a cuenta que el Consejo de Ministros ha establecido para las comunidades y que ascienden a cerca de 155.000 millones de euros, algo más de 20.000 millones más que las recibidas el año anterior. Hasta aquí sería la negociación habitual de cada mes de julio, pero esta vez entrará en escena la política, con la exigencia de las comunidades de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica y el rechazo unánime a que haya privilegios para Cataluña.

El aviso lo escuchará el Gobierno y la consejera de Economía de la Generalitat, Natalia Mas, presente en la reunión y que, en efecto, defenderá una financiación “singular” para Cataluña. La vicepresidenta Montero ha asumido que el debate político se producirá en medio del fuego cruzado entre las exigencias del PP y ERC. En otra mesa no pública, el PSC y los republicanos negocian la investidura de Salvador Illa con la financiación especial para Cataluña como plato fuerte, algo, hasta ahora, indigerible para el PSC y el gobierno de Pedro Sánchez en los términos de partida que plantea el partido independentista. Pero las expectativas de acuerdo se mantienen en medio de la división interna de ERC y la actividad frenética de Junts para que tal acuerdo no se produzca.

Antes de que se reúna este mediodía el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se habrá registrado en el Congreso la proposición de ley para la modificación de la Ley de Extranjería, de manera que la distribución de menores migrantes solos y sin país al que volver se produzca entre las comunidades autónomas de forma obligatoria. El realce que se quiere dar a esta propuesta es máximo. Al registro del Congreso acudirán los ministros del PSOE y de Sumar concernidos con el proceso de acogida; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los portavoces parlamentarios del PSOE, Sumar y Coalición Canaria.

Desde la ruptura de Vox con el PP se resalta desde la dirección de los populares la coherencia de su actuación al aceptar la distribución de 347 menores costara lo que les costara. El Gobierno central, por su parte, remarca que el PP no ha querido aún comprometerse a ese cambio legal más de fondo que evite el forcejeo permanente a cuenta de los menores. Los acuerdos alcanzados en esas comunidades autónomas y en decenas de ayuntamientos, los últimos para sustituir las leyes de memoria democrática por otras llamadas de “concordia” en las que no se menciona la dictadura vivida en España, siguen vigentes. Vox inicia su nueva andadura junto a la extrema derecha internacional más radical, muy proPutin y a favor de Donald Trump, de cuyo atentado del sábado culpa Abascal a la “izquierda globalista”. Es su apuesta.