PSOE y PP pugnan por atribuirse que los funcionarios de prisiones sean autoridad

La batalla parlamentaria entre el PSOE y el PP llega, incluso, a aquellos temas en los que, sobre el papel, están de acuerdo. Ambos partidos han presentado, para su toma en consideración, sendas proposiciones de ley para modificar la ley general penitenciaria, de 1979, con un mismo objetivo: que los funcionarios de prisiones pasen a ser considerados agentes de la autoridad, una antigua aspiración del colectivo por la que se agravarían las penas para aquellos que atenten contra su integridad y daría a su testimonio presunción de veracidad. En abril, el Senado ya aprobó la propuesta del PP en este sentido con amplísima mayoría ―con el voto favorable de los socialistas y solo tres votos en contra y 11 abstenciones― y este martes el Congreso debatirá y votará la del PSOE. Pese a que los textos de ambas son muy similares, el PP aún no ha hecho público cuál será el sentido de su voto ante la iniciativa del partido del Gobierno. La medida afectaría a cerca de 30.000 funcionarios de las tres administraciones con competencias penitenciarias: la central, la catalana y la vasca.

La pugna entre ambos partidos se produce con un suceso de fondo: el asesinato el pasado 13 de marzo de Nuria López, cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona), a manos de un interno que luego se suicidó y las posteriores protestas de los funcionarios de prisiones, que llegaron a bloquear el acceso a las principales prisiones catalanas. Solo ocho días después de aquel crimen, los populares presentaron en la Cámara alta su propuesta, en la que incidían en la necesidad de que los funcionarios tuvieran la condición de agentes de la autoridad con el argumento de que, según las estadísticas oficiales de Instituciones Penitenciarias, en 2023 se habían producido 508 las agresiones a estos ―una cada 16 horas―, lo que suponía un incremento del 12% con respecto a 2022. La propuesta insistía en la exposición de motivos en que “los asesinatos de trabajadores en las cárceles son una tragedia que no se puede repetir”, en referencia al suceso de la cárcel tarraconense. El pleno del Senado aprobó su toma en consideración el 24 de abril.

Ese mismo día, los socialistas presentaba una propuesta en el Congreso muy similar, aunque añadía un punto también reclamado por los sindicatos de los funcionarios: que la Administración tenga la obligación de resarcir a los funcionarios penitenciarios de los daños materiales o personales que hubieran sufrido durante su actividad profesional. En realidad, la propuesta socialista es prácticamente igual a la que ya presentaron en la pasada legislatura junto a sus socios de Gobierno, Unidas Podemos. Entonces, plantearon incluirla como una enmienda en la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza.

Sin embargo, la negativa de ERC y EH Bildu a apoyar este punto, cuyos votos eran fundamentales para intentar sacar adelante la reforma de la ley mordaza —finalmente fracasada―, hizo que el PSOE optase una proposición para incluir la medida en la ley general penitenciaria. En marzo de 2022, salió adelante su toma en consideración con la única la oposición de ERC, EH Bildu y la CUP. Lo que parecía que iba a ser un sencillo camino parlamentario para la proposición, dado el amplio respaldo, se frustró tras el abrupto final de la legislatura que llegó aquella proposición a la papelera.

Ahora, la toma en consideración de la propuesta socialista se encuentra sobre el papel en una situación similar a hace dos años. Según confirman fuentes de EH Bildu, la formación de la izquierda abertzale votará en contra al considerar que el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad no resolverá la conflictividad en las cárceles. ERC, que entonces gobernaba en Cataluña donde la Generalitat tiene transferida la gestión de los centros penitenciarios, también votó en contra al considerar que la medida no reconocía todas las reclamaciones de los funcionarios. Ahora, fuentes de la formación inciden en que la causa de la conflictividad es, en realidad, la carencia de recursos, por lo que no descartan volver a votar en contra, aunque el sentido de su voto aún no está cerrado.

El PNV, en el gobierno de la otra comunidad, el País Vasco, que tiene esta transferencia, se debate entre la abstención y el voto a favor. Lo único que ya han descartado los nacionalistas vascos es el voto en contra, según fuentes de la formación. El resto de partidos, incluido Sumar ―que no tomará una decisión hasta hablar este martes con el grupo socialista―, Junts, Podemos, Vox y el PP, no han hecho público cuál será su posición, aunque diversas fuentes políticas apuntan que la mayoría de estos grupos apoyarán la propuesta socialistas ya que es “idéntica a la de 2022″.

Mientras, los principales sindicatos de prisiones aspiran a que esta vez salga adelante la reforma. “Se trata prácticamente del mismo texto que se aprobó en la pasada legislatura y que decayó con el adelanto electoral. En aquel momento contó con un amplio apoyo por lo que esperamos que esta vez no cambie. Al menos los dos grandes grupos deberían votar a favor”, señalan fuentes de Acaip-UGT, la organización mayoritaria entre los trabajadores penitenciarios. Este sindicato recalca que la que el PP presentó en el Senado “se queda un poco más corta”, al no recoger las indemnizaciones por daños, pero también incide en que la de los socialistas tienen en su opinión una carencia importante: “El texto solo contempla esta protección para los funcionarios y deja fuera al personal laboral, como era la cocinera asesinada. Esperamos que en el periodo de enmiendas se corrija y estos compañeros queden protegidos”.

Desde la CSIF apuntan en el mismo sentido. Este sindicato reclama que PP y PSOE consensúen un texto “para que pueda ser avalado de manera mayoritaria por el Congreso”. Esta organización ya ha iniciado una negociación con Instituciones Penitenciarias para establecer un nuevo protocolo contra agresiones en las cárceles que sustituya al actual. Además, reclama “más recursos materiales y humanos” y achacan a la actual política de Instituciones Penitenciarias de reducción del número de presos clasificados en primer grado ―el más duro pensado para aplicar a los internos potencialmente peligrosos― el aumento de la conflictividad dentro de las prisiones que denuncian al haber llevado a módulos ordinarios presos conflictivos. Incluso han solicitado que Instituciones Penitenciarias adquiera para su dotar a los trabajadores penitenciarios de pistolas eléctricas ―más conocidas por su nombre comercial, Taser―, con las que ya cuentan Policía Nacional y Guardia Civil.