Cae un grupo violento que exigió 100.000 euros a un empresario por no dañar a su familia

La amenaza estaba clara: fotos de su familia en distintos lugares y fechas tomadas a lo largo de un año, un cartucho de calibre 9 milímetros Parabellum y una petición de pago de 100.000 euros. Esta extorsión fue dirigida a un empresario murciano por un grupo organizado violento que acaba de ser detenido por la Policía Nacional y que supuestamente también tenía entre sus posibles objetivos a empresas que habían recibido contratos con la Administración regional. Los cuatro detenidos están investigados por pertenencia a grupo criminal, extorsiones y tenencia ilícita de armas. El líder del grupo, que ha ingresado en prisión, tenía en su domicilio un taller donde elaboraba explosivos y se les ha intervenido dos artefactos listos para ser usados, uno de ellos oculto en una mochila.

El caso, en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Molina de Segura (Murcia), se ha desarrollado íntegramente en la región murciana. Durante la investigación, que comenzó en abril, los agentes de la Brigada de Información de Murcia y de la Comisaría General de Información, asesoraron en todo momento al empresario extorsionado. Los detenidos volvieron a ponerse en contacto de nuevo con él semanas después de reclamarle los 100.000 euros, aunque esta vez se hicieron pasar por negociadores de la organización armada. La operación culminó el pasado lunes con las detenciones, realizadas en la capital murciana y varias pedanías.

Los investigados, hombres de entre 45 y 60 años, no tenían antecedentes, detallan fuentes policiales. Tenían distribuidas sus funciones dentro del grupo y quienes se encargaban de la parte operativa desempeñaban empleos relacionados con el mundo de la seguridad. “El cabecilla había tenido en su momento una empresa de seguridad y ahora tenía actividad laboral en cuanto a colocación y mantenimiento de cámaras de vigilancia”, explican las mismas fuentes. Pertenecían al denominado Grupo de Acción Ciudadana, creado en 2020, y en cuya carta de constitución se definían como “ni marxistas, ni fascistas, sino de sentido común”. En la documentación que se les ha intervenido, y que ahora analizan los investigadores, se manifestaban en contra de los partidos, al margen de la justicia y situaban entre sus objetivos a los empresarios vinculados al Gobierno regional o municipal y quienes se lucraran en beneficio propio con fondos del pueblo.

En un principio, la causa judicial aborda los intentos de extorsión a los empresarios y la tenencia de sustancias explosivas. Si el juez instructor o la fiscalía encuentra elementos que permitan encuadrar parte de la investigación en los delitos de terrorismo, el juzgado deberá inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, competente en esta materia.

En el registro del domicilio del principal investigado, los agentes intervinieron dos artefactos explosivos con garrafas de gasolina, cuatro tarros con mechas, dos armas de fuego y una gran cantidad de munición y cartuchos. Según los investigadores, los artefactos estaban preparados para ser usados en cualquier momento. Uno de ellos estaba en el interior de una mochila con un orificio que daba acceso a un dispositivo mecánico de detonación retardada.

Los agentes también intervinieron elementos relacionados con las labores de supuesta extorsión y vigilancia, como dispositivos de seguimiento y localización tipo GPS, un distorsionador de voz, lazos de detención (cordones que sirven para inmovilizar a una persona por las muñecas), gafas de visión nocturna, once teléfonos móviles y material informático que se está analizando.

Vídeo con pasamontañas

El grupo ahora desmantelado se definió en una carta de constitución remitida a un medio de comunicación como una “organización civil, armada e independiente” que actúa “al margen de una justicia, inactiva, inexistente y arrodillada a intereses partidistas o personales”. Entre sus objetivos establecían a “directivos y socios de empresas satélites vinculadas al gobierno regional de Murcia”, “personas físicas que actúen en beneficio propio aprovechando los bienes o fondos que pertenecen al pueblo”, o “todas aquellas personas que, aprovechando su condición de personas ligadas al gobierno regional o municipal, ya sea por cargos o por intermediación en operaciones de contratación con las Instituciones, se lucren ostentosamente”.

El líder del grupo también creó una plataforma en Internet denominada Plataforma Ciudadana de Resistencia, a través de la que difundía su pensamiento, captaba adeptos y pedía donaciones. Entre su ideario destaca la “eliminación de partidos políticos nacionales” y “la intervención de administraciones públicas”. Los investigadores han encontrado vídeos en los que aparece el principal investigado con un pasamontañas y la voz distorsionada, con una puesta en escena que imita a las difusiones realizadas por grupos armados de carácter terrorista.

Durante la operación, los agentes han intervenido también distinta parafernalia del grupo. En los registros se aprecian carteles con lemas como “bajad la luz, cerdos”, “gestión estatal de energía” o “luz, agua, no en manos privadas”. También se ha intervenido documentación de otras plataformas de resistencia ciudadana y documentación de interés, como un manual del Grupo de Anarquistas Coordinados, grupo que fue el autor del atentado a la Basílica del Pilar de Zaragoza en el año 2012.