El Gobierno llevará al Constitucional la ofensiva del PP y Vox contra las leyes de memoria: “Invaden el derecho internacional”

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ultima el informe jurídico para llevar ante el Tribunal Constitucional la ofensiva de los gobiernos autonómicos del PP y Vox contra la legislación de memoria, que han decidido sustituir por otras normas llamadas “de concordia”. El ministro, Ángel Víctor Torres, ha confirmado este lunes en rueda de prensa la noticia adelantada por EL PAÍS y ha concretado que el documento se presentará mañana martes en el Consejo de Ministros. El primer paso será tratar de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Aragón, que ya ha derogado la ley de memoria autonómica. De no ser posible, según ha explicado el ministro, el Ejecutivo presentará un recurso ante el Constitucional y procederá del mismo modo con las normas que PP y Vox pretenden aprobar en la Comunidad Valenciana y Castilla y León en sustitución de la normativa autonómica vigente hasta ahora. En todo caso, la Ley de Memoria Democrática, de ámbito nacional, sigue vigente en toda España.

En Aragón, el Gobierno bipartito derogó el pasado febrero la ley autonómica de memoria por un procedimiento de urgencia, de lectura única. El PP y Vox habían presentado la iniciativa legislativa —un solo artículo para un solo propósito: derogar la ley— el 20 de noviembre de 2023, aniversario de la muerte de Franco. El ministro de Política Territorial ha recordado este lunes que la ley derogada, de 2018, incorporó “muchas enmiendas” a propuesta de los populares: “El PP se autocorrige por imposición de la ultraderecha”, ha lamentado. Torres ha explicado que, al eliminar esa norma autonómica, se suprime, entre otras cosas, el mapa de fosas regional —lo que dificulta la localización de víctimas— y el homenaje a los aragoneses muertos en campos de concentración nazis. “Esto invade la competencia del derecho internacional y vulnera la defensa de los derechos humanos”, ha asegurado tras consultar a los servicios jurídicos del ministerio. Preguntado por cómo afectará a los familiares de los represaliados esa derogación mientras se resuelve el conflicto entre administraciones, el ministro ha asegurado que el Gobierno central tratará de llenar los huecos y déficits que provoquen las políticas de PP y Vox en los distintos territorios.

El pasado martes, representantes de los grupos parlamentarios del PP y Vox en Castilla y León presentaron también una proposición de ley para derogar el decreto en materia de memoria en la comunidad, aprobado en 2018. El pretexto fue que esa norma obedecía a “una visión sesgada y sectaria de la historia” y que era necesario “eliminar imposiciones ideológicas que intentan fijar una versión oficial”, según dijo Carlos Menéndez, diputado de la extrema derecha.

Según el nuevo relato normativo que pretende aprobar el Gobierno bipartito, la Guerra Civil no obedeció al golpe de Estado de julio de 1936, sino a “dinámicas de enfrentamiento de años anteriores” llevadas al “paroxismo”, es decir, a la exaltación de las pasiones. Ese nuevo texto pactado por PP y Vox se remonta a 1931 y evita la palabra “dictadura”. Preguntado por el motivo, el diputado popular Raúl de la Hoz aseguró en rueda de prensa que la condena a ese periodo estaba “implícita”. Su socio, sin embargo, recordó que Vox no hace “valoraciones” sobre “ningún periodo histórico” e insistió en que el nuevo texto da “el mismo tratamiento a todas las víctimas políticas del periodo comprendido entre 1931 y 1978″. De la Hoz aseguró que eso no suponía “de ninguna manera, equiparar la II República con la dictadura”.

Preguntado por si veía compatible promulgar “la concordia” cuando el líder de su partido, Santiago Abascal, sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez es “el peor en 80 años”, el portavoz de Vox afirmó que “desde luego que sí”: “No solo es el peor de nuestra democracia, sino del último periodo histórico más reciente de España”. En redes sociales, el europarlamentario del partido ultra Herman Tertsch celebró el pasado 28 de marzo que Madrid hubiera sido “liberada por Franco de 32 meses de terror rojo” en 1939.

“No se puede comparar”, ha destacado el ministro, “lo que no es comparable: una dictadura fruto de un golpe militar, la imposición totalitaria de un régimen sin libertad, con la democracia de la II República, cuando quienes decidían quiénes eran sus representantes eran los españoles y españolas”. “Lo que Vox pretende es blanquear la dictadura y es inaceptable desde el punto de vista de la Constitución. Ningún demócrata puede ser cómplice de eso”, ha añadido.

En la Comunidad Valenciana, PP y Vox también presentaron, el pasado 21 de marzo, una proposición de “ley de concordia” para sustituir la actual ley regional de memoria, de 2017. El texto replica el párrafo sobre el “paroxismo” que originó, a su juicio, la Guerra Civil y establece que “una dirección eminentemente técnica” garantizará la autonomía de la voluntad de las familias “sin reabrir las cuestiones de la legitimidad de los regímenes, que forman todos, sin excepción, parte de nuestra historia patria”. También afirma que la legislación de memoria aprobada por gobiernos de izquierdas decretaba “la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles” para “moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos”. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática negó la mayor: “Es Vox quien quiere imponernos lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que leer o las obras de teatro que tenemos que ver”, dijo, en alusión a los recientes episodios de censura en diferentes ayuntamientos donde la extrema derecha gobierna con los populares.

El PP y Vox sostienen, para derogar la normativa autonómica de memoria, que solo atiende a las víctimas de un bando, que impide la “concordia” entre españoles y que supone un ataque a la Constitución de 1978 y la transición democrática. Son premisas falsas. La normativa ampara a todas las víctimas, sin distinción de ideología, como ha recordado este lunes el ministro de Política Territorial. En la práctica, son las familias del bando perdedor de la guerra las que más se benefician porque son sus parientes los que aún yacen en fosas y cunetas, ya que Franco elaboró su particular legislación de memoria durante toda la dictadura para recuperar los restos de “los caídos por Dios y por España” —encargó un protocolo de exhumaciones— y para compensar a sus descendientes a través de distintas vías, simbólicas y económicas. Todo quedó registrado en el BOE.

La palabra “concordia”, con la que PP y Vox han bautizado las leyes sustitutorias, está igualmente presente en todos los textos que pretenden derogar. Tampoco es cierto que esos textos ataquen la transición democrática o la Constitución de 1978. Al contrario: hay párrafos prácticamente idénticos en ese sentido entre los nuevos textos promovidos por la derecha y la extrema derecha y los que quieren abolir. Dice, por ejemplo, la ley de concordia de PP y Vox en la Comunidad Valenciana: “La Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación del pasado. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política y ha sido la base de una de las épocas de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país”. Y reza la ley estatal de memoria democrática: “La vigente Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la guerra y los 40 años de dictadura franquista. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país”.

La dirección nacional del PP respalda la ofensiva contra las leyes de memoria emprendida en las autonomías donde gobierna con Vox, informa Elsa García de Blas. “Las comunidades, igual que han aprobado una ley, la pueden derogar”, ha defendido el portavoz del partido, Borja Sémper, en rueda de prensa. El dirigente popular ha sostenido que las nuevas normas que quieren implantar en esos territorios “pretenden ensanchar y ampliar la condición de víctimas”. Sin embargo, preguntado por cuál es la posición del PP sobre el hecho de que el proyecto de ley de “concordia” de Castilla y León no hable ni de dictadura ni de franquismo, el portavoz ha echado balones fuera diciendo que “desconoce” su contenido, ya que “no se ha aprobado definitivamente”. A preguntas de los periodistas, Sémper ha aclarado: “Por supuesto que el régimen franquista fue una dictadura”. El portavoz ha recomendado al ministro de Política Territorial las “lecturas” de Julián Marías, Chaves Nogales y Clara Campoamor.