La Guardia Civil rastrea millones de correos de la federación de fútbol en la era de Rubiales

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrea millones de correos electrónicos intervenidos durante los registros practicados en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por las supuestas irregularidades en contratos gestados durante la etapa de Luis Rubiales como presidente, según detallan fuentes del organismo y de la investigación. Durante las casi 20 horas que duró la intervención policial (desde las 09.00 del miércoles hasta más de las 03.00 de la madrugada del jueves) en las instalaciones de Las Rozas (Madrid), los investigadores inspeccionaron los servidores a la caza de nuevos indicios incriminatorios y, según estas fuentes, buscaban comunicaciones que contuvieran palabras clave, como “Supercopa”, “Arabia”, “Nene”, “Cartuja” y “Gruconsa”.

Los agentes examinaron emails enviados desde 2018, cuando Rubiales se hace con el poder de la RFEF, hasta la actualidad, subrayan fuentes de la investigación, que inciden en que ahora se tendrán que analizar los correos incautados. Según varias fuentes, ascienden hasta los cinco millones; y se inspeccionaron más de una veintena de cuentas personales y corporativas. En esta causa, bautizada como Operación Brody, se indagan supuestas irregularidades en contratos sellados en la federación en los últimos cinco años, algunos de ellos vinculados a la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Los agentes del instituto armado también han puesto el foco en contratos sobre eventos celebrados en China y en unas obras en el estadio de La Cartuja de Sevilla, que implican a la constructora Gruconsa. En la causa se investigan delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Este miércoles, se detuvo a siete personas, pero no a Rubiales, que se encontraba en República Dominicana junto al exfutbolista Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene, un amigo del exdirectivo que se encuentra igualmente bajo sospecha.

Paralelamente, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) ha explicado a EL PAÍS que está analizando la trazabilidad de cuentas de criptomonedas que se atribuyen a miembros de la supuesta trama. Europol, que ha apoyado a la Guardia Civil en la operación y ha desplegado a varios agentes en España, trabaja igualmente en el cotejo de los datos incautados con las bases de la agencia, para ver si encuentra coincidencias internacionales y nuevas pistas.

La Operación Brody desembocó en los registros del miércoles después de que la federación no respondiera durante meses a los requerimientos de información que le hacía la instructora del caso, Delia Rodrigo, que encabeza el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid). Fuentes de la RFEF insistían este jueves en que las peticiones de la magistrada sí fueron atendidas en primera instancia por los departamentos correspondientes, y atribuyen la responsabilidad de la ausencia de respuesta en varios de los detenidos: el director de los servicios jurídicos, Pedro González Segura, y el asesor externo Tomás González Cueto, así como el socio de este último Ramón Caravaca, que está investigado aunque no fue arrestado. “Toda la documentación que se solicitaba se les entregaba a ellos para que la remitieran. Nunca supimos que no lo hacían”, se justifican estas fuentes.

El mismo día de los arrestos, la federación emitió una nota en la que aseguraba su disposición a ofrecer “toda la colaboración” en las pesquisas e insistía en “llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación en marcha”. Casi 24 horas después, el organismo emitía una segunda nota para anunciar que había apartado de su puesto al empleado señalado como supuesto responsable de no remitir la documentación al juzgado, González Segura, así como para explicar que había rescindido el contrato con GC Legal, el bufete de González Cueto y Caravaca. La RFEF ha comunicado que ha sancionado a una cuarta persona presuntamente implicada, el director de Recursos Humanos, José Javier Jiménez, al que ha abierto expediente y apartado de sus funciones.

La conexión granadina

Entre las líneas de investigación abiertas, los agentes han colocado el punto de mira en la constructora Gruconsa (Grupo Conector S. A.) y en los hermanos Ángel y Pedro González Segura, arrestados el miércoles. Actualmente, Pedro, a quien la Guardia Civil ya dejó en libertad a la espera de que la jueza le llame a declarar, ejercía como director de los servicios jurídicos de la RFEF. Su vinculación con el mundo del fútbol viene de lejos. Hace una década, Pedro González Segura era el secretario del consejo de administración del Granada Club de Fútbol, en la etapa en la que el equipo andaluz estaba controlado por Gino Pozzo, propietario del Watford inglés y miembro del clan que dirige el Udinese italiano, y presidido por Enrique Pina, alias Quique Pina —el club cambió de manos en 2016, cuando lo adquirió el grupo de inversión chino Wuhan DDMC Football Club Management, que se desvincula de todos ellos—.

En la etapa de Pina y Pozzo, que están procesados en la Audiencia Nacional por una trama de fraude fiscal y para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 12 años de cárcel, también emerge la figura de Ángel González Segura en el organigrama del Granada. El equipo nazarí lo presentaba en 2014 como su responsable de infraestructuras, y se encargó de guiar la visita que varios periodistas hicieron entonces a las obras de la nueva ciudad deportiva, en construcción en aquella época. Ángel González Segura fue despedido a mediados de 2018, según fuentes de la actual dirección del club.

Precisamente, un dosier de Gruconsa se atribuye varios proyectos ejecutados en las instalaciones de este club: como la “adecuación” del Nuevo Estadio de Los Cármenes y la “Segunda Fase de la Ciudad Deportiva”, aunque la dirección actual del Granada afirma que no tiene ninguna relación con esta compañía y que esa obra de la segunda fase que presentaron nunca se llegó a materializar. Además, en dicho dosier, la constructora afirma que ha ejecutado trabajos para el Watford y el Udinese. Y, en 2020, labores de acondicionamiento en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, sobre las que los agentes ponen el foco ante las sospechas de que hubo sobrecostes irregulares al inflar las certificaciones de obra, según fuentes cercanas a las pesquisas.

La conexión con la ciudad de Granada, donde Rubiales tiene su casa (que fue registrada el miércoles), es aún más amplia. Allí, los investigadores entraron en la sede de una empresa e Francisco Javier Martín, Nene, ubicada en dependencias del hotel Urban Dream, según las mismas fuentes. También se registró parte de las instalaciones de un segundo establecimiento hotelero, este situado en la localidad malagueña de Torrox, de la misma cadena por idéntico motivo.

Proyectos en China

La Guardia Civil también investiga la presunta existencia de irregularidades en un proyecto en China anunciado a bombo y platillo en junio de 2020 por el propio Rubiales. El entonces presidente de la federación firmó con un consorcio de empresas chinas un convenio de “asesoramiento y formación para desarrollar el fútbol en el país asiático” durante 10 años. El proyecto, en el que participó la empresa Gruconsa, según destaca esta en su página web, contemplaba que la federación asesorara a las empresas chinas tanto en la construcción de una “ciudad del fútbol” cerca de Pekín, a semejanza de la que existe en Las Rozas (Madrid), como en el proyecto de levantar otras cuatro similares en otras tantas grandes ciudades del país asiático.

La RFEF aseguraba que el objetivo final era “exportar el talento español al gigante asiático” y, con ello, “generar cientos de empleos para entrenadores, fisioterapeutas, técnicos y demás profesionales del ámbito del fútbol en España, gracias a la demanda que se producirá en China para este tipo de formación”. Entonces, la federación no reveló el dinero que iba a recibir por este convenio y este jueves las fuentes del organismo consultadas aseguran no conocer los detalles de un proyecto que debía haber estado en vigor hasta 2030, pero que naufragó al poco de firmarse por causas nunca explicadas. “Las empresas chinas abonaron ciertas cantidades de dinero al comienzo”, admiten fuentes del organismo. La UCO sospecha que parte de esos fondos fueron desviados.

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