El Gobierno de Extremadura asegura que la trama del ‘caso Koldo’ intentó venderle mascarillas

La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, epicentro de la investigación del caso Koldo de presunta corrupción, intentó vender al Gobierno de Extremadura, en el momento más difícil de la crisis sanitaria de la covid-19, un cargamento de 700.000 cubrebocas por un precio de 1.750.000 euros, una transacción que al final no se hizo efectiva. La presidenta de la Junta de Extremadura María Guardiola, ha informado este viernes de que existe una factura “proforma”, (la cual se entrega a un cliente donde se especifican los detalles de una futura actividad comercial, pero que no tiene valor fiscal ni contable), procedente de una sociedad a la que se investiga en relación con los negocios de Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos cuando este fue ministro de Transportes. La jefa del ejecutivo regional ha incidido en que, aunque han encontrado este documento, no se ha efectuado pago alguno a ninguna de las empresas relacionadas con la trama investigada.

“Este hecho se enmarca en el proceso de revisión de facturas que ha emprendido la Junta de Extremadura al tener constancia de dicha trama”, ha contado Guardiola, quien asegura que la Administración autonómica va a seguir investigando y, en el caso de que se encuentra cualquier aspecto que deba ser objeto de análisis y estudio, lo podrán a disposición de la justicia.

Por su parte, José María Vergeles, consejero de Sanidad y Políticas Sociales bajo el gobierno de Guillermo Fernández Vara, ha asegurado a EL PAÍS que durante lo peor de la pandemia “se siguió de manera escrupulosa la ley de contratos del sector público y se analizaba el material para que estuviese certificado y, si no era así, hacíamos una prueba nosotros para certificarlo antes de pagarlo”.

Vergeles subraya en que esta factura proforma indica que había muchas empresas que intentaban que las administraciones les comprasen sus productos y que, en ocasiones, pedían un adelanto del precio total. “Una cuestión que siempre se respetó en la consejería es el procedimiento que se establecía en la ley de contratos públicos. Y, como dice la presidenta de la Junta, no hay ningún pago de facturas a esa empresa, ni a ninguna otra que a nosotros no nos asegurase la calidad del producto que nos vendían”, incide el exresponsable autonómico. En un momento muy complicado, donde hacían falta mascarillas por millones, la Junta de Extremadura pagaba una vez que recibía el material. “Había comunidades que, por sus necesidades, hicieron el pago por adelantado y luego ese material no se les sirvió”, recuerda Vergeles.

Sobre las facturas proforma de las que habla la presidenta de la Junta de Extremadura, el exconsejero explica que en ellas se reflejan los ofrecimientos que hacen las empresas a la Administración, informan del coste de un producto por un número determinado de unidades y de ahí solicitaban cobrar algo por adelantado para después proceder a gestionar el envío”. José María Vergeles recuerda esos momentos de la covid-19, donde eran necesarias mascarillas para sanitarios y para la población en su conjunto, fueron aprovechados por muchos para hacer negocio. “No eran ni una ni dos, eran muchas las empresas que se ofrecían de esta forma en lo peor de la crisis sanitaria”, sentencia el político.