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El fin de OCON Sur: suspicacias, “informaciones sin contrastar” y una breve versión oficial

Las defensas intentan tumbar la causa de cohecho contra los jefes de la unidad antidroga después de que Asuntos Internos reconociese a la Audiencia Nacional que solo tenía informaciones “sin contrastar” sobre los nexos con el narco

Jesús A. Cañas
El teniente coronel de la Guardia Civil, David Oliva, a su salida de la Audiencia Nacional, a 12 de abril de 2023, en Madrid
El teniente coronel de la Guardia Civil, David Oliva, a su salida de la Audiencia Nacional, a 12 de abril de 2023, en MadridFernando Sánchez / Europa Press

El desconcierto se apoderó de los foros internos de los guardias civiles en septiembre de 2022. El Ministerio del Interior confirmaba que la unidad mimada de la Guardia Civil en la lucha contra el narco del Estrecho, OCON Sur, se disolvía para integrarse en las distintas policías judiciales de la zona. La versión oficial siempre fue —y ahí sigue— que era un órgano temporal que necesitaba terminar en su situación de interinidad. Apenas siete meses después, en abril de 2023, saltó el escándalo de la investigación a sus jefes por supuestos vínculos con el narco, revelación de secretos y cohecho. Un informe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil (SAI) remitido a la Audiencia Nacional que investigaba el caso desvelado ahora reconoce que sus pesquisas se basaron en “información sin contrastar”.

Es la expresión que más se repite en el informe que el SAI envió al juez instructor de la Audiencia Nacional. El documento fue remitido en octubre de 2023, seis meses después de que la Audiencia imputase al teniente coronel David Oliva, jefe de esa unidad contra el narco y dos agentes más, en el seno de una investigación impulsada por el propio SAI y la UDYCO central (Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional). Esa causa de colaboración con el narco acabó archivada, pero llevó a otra por cohecho y revelación de secretos que sigue su curso en un juzgado de Parla (Madrid) y que las defensas de los guardias intentan ahora tumbar al alegar que una posible nulidad de pruebas iniciales invalidaría las practicadas a posteriori.

La revelación viene a sumar más ruido a la defunción de OCON, una decisión ahora también en entredicho después del asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate el pasado 9 de febrero y de que diversos sindicatos y fuentes judiciales locales llevasen meses denunciando nuevos picos de actividad de narcotráfico. OCON se creó en el seno de la Guardia Civil en 2018, en pleno refuerzo de Interior de su lucha contra el narco. Para ello se destinó a 150 agentes que hasta septiembre de 2022 tuvieron dedicación exclusiva, a golpe de muchas horas de investigación y grandes operativos que generaron suspicacias entre otros grupos del instituto armado y en las filas del narco, tan atosigado por el grupo que incluso llegó a amenazar a su jefe, el teniente coronel David Oliva. “Tenían demasiados enemigos”, reconoció a EL PAÍS una fuente judicial, al poco de conocerse la investigación sobre Oliva.

El informe de 29 páginas del SAI, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso EL PAÍS, da respuesta a una solicitud de datos que realizó el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional. El juez lo recibió después de que, ya en mayo de 2023, la Fiscalía Antidroga pidiese justo el archivo de la causa por supuestas implicaciones con el narco, la llamada Operación Varea, de Oliva, de su teniente Javier Fuentes y de otro guardia más, al considerar que decaía el delito por tráfico de drogas. En el documento, el oficial de la investigación reconoce durante más de 35 veces que todos los indicios que tienen contra Oliva y Fuentes están basados en “informaciones confidenciales sin contrastar” y que hunden sus inicios en junio de 2011, mucho antes de los hechos que se investigaban en la Operación Varea y de que se crease la propia OCON.

La sucesión cronológica de esas pistas arranca, de hecho, con supuestas vinculaciones de Oliva con un narco de Barbate cuando el agente estaba destinado en esa zona. La enumeración temporal habla de presuntas reuniones, fardos de droga sustraídos, desapariciones de fajos de billetes, soplos y vistas gordas de alijos. También se llega a reconocer que Oliva habría colaborado con Abdellah El Haj, el poderoso narco conocido como el Messi del hachís, para a renglón seguido afirmar también que el capo habría intentado planificar el asesinato del guardia civil. Pero en ninguno de esos hechos descritos sucintamente y sin apenas detalles se aportan apenas datos contrastados, como el propio SAI va reconociendo a cada paso.

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“Si bien es cierto que los destinos dedicados a la lucha contra el crimen organizado llevan aparejados la enemistad de los integrantes de organizaciones criminales y que esta animadversión bien podría traducirse en la difusión de informaciones falsas (…); también es cierto que existen multitud de unidades de investigación dedicadas a luchar contra el narcotráfico (…) y sobre esas no se han recibido informaciones de esta naturaleza”, justifica el SAI en un informe en el que asegura que bebe de fuentes de colaboradores, de otros agentes y de juzgados y fiscalía.

Las pesquisas abarcan, además, un periodo de más de 10 años que excede los hechos investigados en la operación Varea, que arrancó en marzo de 2019 y en los que el SAI y la Udyco Central pretendían relacionar a Oliva y Fuentes con el clan de los Ariza, una mafia que operaba en la zona de Tarifa, donde vivió el segundo de los investigados. “Alguien vinculado con el narco les debió pasar información y el SAI compró las noticias a UDYCO” valora Jorge Gil Pacheco, abogado de Javier Fuentes, sobre las investigaciones que acabaron por imputar a su cliente.

El letrado Gil Pacheco cree que el proceso nació así viciado, ya que los investigadores se basaron en informaciones sin contrastar para conseguir que el magistrado de la Audiencia Nacional autorizase medidas restrictivas de derechos, como pinchazos telefónicos. “Al juez se le ha engañado”, apunta el letrado. Esas intervenciones llevaron, a su vez, que se encontrasen supuestas pruebas que demostrarían cómo Oliva intentó sacar información al tercer teniente investigado sobre si le estaban siguiendo y que le prometió un traslado a OCON que llegó a materializarse. Esos son los delitos de revelación de secreto que siguen su curso ahora en el Juzgado de Instrucción número 5 de Parla y cuya investigación ha terminado hace escasos días.

Frente a ello, las defensas de Oliva y Fuentes apelan a la doctrina del fruto del árbol envenenado que implica que cualquier prueba conseguida de forma directa o indirecta de una nula debe considerase también nula. Para ello, han armado un informe pericial, adelantado este miércoles por eldiario.es, en el que han recurrido “a ingenieros informáticos o topógrafos”, según explica Gil Pacheco, para intentar desmantelar los hasta ocho seguimientos que realizaron los investigadores para apuntalar la teoría de que Oliva y Fuentes estaban vinculados al clan de los Ariza. En ese informe, los investigados argumentan que se recurrieron a fotos de supuestas reuniones que el SAI y la UDYCO fechaban en momentos distintos o a ubicaciones en lugares y momentos en los que ellos dicen asegurar con pruebas que no estaban.

La ofensiva de las defensas no ha tenido por ahora incidencia en el juzgado de Parla, donde el instructor no admitió la petición de que declarasen los investigadores del SAI y de la UDYCO, como reconoce Gil Pacheco. “El juez nos dijo que si pretendíamos conseguir la nulidad que nos vayamos a la Audiencia Nacional”, apunta el letrado que añade que ha solicitado la reapertura de la causa. Además, han presentado de forma paralela una querella en un juzgado de Algeciras contra los investigadores de la causa.

Mientras, en las filas de la Guardia Civil las suspicacias han vuelto, tras darse a conocer los detalles de las defensas periciales de los investigados. No ayuda la ola de indignación que aún sigue vigente tras el asesinato de los guardias civiles de Barbate, después de que distintas asociaciones profesionales, agentes y fuentes judiciales llevasen meses alertando de nuevos picos de actividad y violencia del narco del Estrecho. Mientras, Oliva y Fuentes —en activo, pero alejados de la primera línea de lucha contra el narco ahora — guardan silencio y solo el abogado de Fuentes da pistas de su situación: “Nuestros clientes son personas de bien y de orden. Están muy decepcionados con lo que ha ocurrido”, remacha el abogado.

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.
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