El PP centra sus expectativas contra la amnistía en la Comisión de Venecia

La tramitación parlamentaria de la ley de amnistía avanza sin que el PP pueda hacer nada para impedirlo, aunque los populares sí están afanándose en que el camino de la norma sea lo más tortuoso posible. La estrategia es pelear cada paso del proyecto de ley del PSOE en el Congreso y el Senado y, en paralelo, tratar de elevar el debate a las instituciones europeas. Este último movimiento es el que más se le está resistiendo. De momento, tras muchos esfuerzos del partido por europeizar el debate, sus principales expectativas están puestas en la Comisión de Venecia, un organismo dependiente del Consejo de Europa que es de carácter consultivo y no ejecutivo. Una delegación de esta comisión se desplazará a Madrid el próximo jueves para estudiar hasta el viernes la ley a petición del Senado, dominado por el PP, aunque sus miembros se reunirán con todos los partidos y juristas de distinto signo y elaborarán un informe no vinculante.

Los populares dudan ahora de que sea posible llamar a comparecer en la Cámara alta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, como habían previsto, porque este tiene ahora una labor de mediación entre el Gobierno y el PP en la renovación del Consejo del Poder Judicial y porque tendrá que renunciar pronto a su cargo, ya que se ha postulado a la Secretaría General del Consejo de Europa.

La Comisión de Venecia aceptó el pasado diciembre la petición del Senado, controlado por la mayoría absoluta del PP, para analizar la ley de amnistía. Este martes, la Mesa de la Cámara alta ha anunciado que la delegación se reunirá entre este jueves y este viernes con miembros de los grupos parlamentarios para analizar tanto la proposición de ley como los últimos movimientos del Gobierno sobre la medida de gracia a los encausados por el procés, según explicó el vicepresidente del órgano de gobierno de la Cámara, el popular Javier Maroto. “Su cometido no es estudiar si la ley de amnistía es constitucional o no”, advirtió Maroto, sino si se cumple la “separación de poderes” en España.

La Mesa del Senado ha entregado tanto el proyecto de ley como las enmiendas vivas traducidas al inglés a la Comisión, así como declaraciones relacionadas. Entre ellas, las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que se abre a limitar los plazos de instrucción para convencer a Junts sin tocar la ley de amnistía, según Maroto. “El debate sobre la separación de poderes no gira solo sobre la ley. Han pasado muchas cosas en los últimos meses”, agregó.

La delegación se reunirá con representantes de los partidos políticos y también con “expertos” jurídicos. La primera cita será el jueves a las 17.00 con el presidente del Senado, Pedro Rollán, y con la nueva letrada mayor, Sara Mucientes. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Ejecutivo y a sus socios de impedir que el letrado mayor del Congreso y autor del informe que dio el visto bueno a tramitar la ley de amnistía se entreviste con la comisión, al rechazarlo la Mesa del Congreso, donde tiene mayoría la izquierda. El portavoz del PSOE, Patxi López, ha defendido por su parte que la Mesa del Congreso ha hecho lo que se ha hecho siempre: hacer que la Comisión de Venecia se reúna con la comisión del ramo, en este caso la de Justicia, al igual que en 2014 se reunió con la de Interior cuando analizaba la ley de seguridad ciudadana.

El dictamen estará listo a mitad de marzo, pues la Comisión de Venecia tiene prevista su reunión plenaria para el 15 de ese mes. La admisión a trámite de este tipo de peticiones por este órgano comunitario es algo bastante habitual. Y también suele hacerse con celeridad cuando se trata de evaluar un proyecto de ley, para que así el dictamen llegue durante la tramitación parlamentaria.

El PP fía sus expectativas al informe de este órgano consultivo mientras duda de que sea posible ahora involucrar contra la ley de perdón al comisario de Justicia de la UE. El partido había previsto llamar al comisario Reynders a comparecer en el Senado durante la tramitación de la norma, pero distintas fuentes de la dirección popular admiten que ya no está tan claro que eso sea posible. El problema es que Reynders está mediando entre el Gobierno y el PP para buscar un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también que se espera que deje su cargo el mes de marzo para hacer campaña, ya que opta a la Secretaría General del Consejo de Europa y podría no darle tiempo por el retraso que lleva la tramitación de la ley. Reynders era la pieza mayor de los comparecientes que esperaba el PP durante la tramitación de la norma en el Senado.