Miguel Ángel Carballo, un fiscal duro con el independentismo catalán que no ve terrorismo en el ‘caso Tsunami’

Miguel Ángel Carballo, fiscal con amplia experiencia en la Audiencia Nacional, acusó a 12 miembros de los Comités de Defensa de la República por un delito de pertenencia a organización terrorista y pidió para ellos entre 8 y 27 años de prisión para cada uno. El caso está pendiente de juicio y la proposición de ley de amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados no les protege, según Junts.

El fiscal relató en su escrito de acusación que los implicados conformaron una organización terrorista de carácter clandestino que planificaba atentados con explosivos y sustancias incendiarias. Carballo, perteneciente a la asociación conservadora de fiscales, ejerció de teniente fiscal en la Audiencia Nacional hasta que el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le sustituyó por Marta Durántez.

Como teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo mantuvo la acusación de rebelión a la cúpula de la policía autonómica catalana, con Josep Lluís Trapero a la cabeza, después de que el Tribunal Supremo ya hubiera juzgado los mismos hechos y condenado por sedición a los dirigentes independentistas.

En el momento final del juicio, Carballo cambió su calificación y acusó por sedición, pidiendo penas de cárcel para la cúpula policial catalana. La Audiencia Nacional, por dos votos a uno, absolvió al mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero; a la intendenta Teresa Laplana; al exdirector del Cuerpo Pere Soler, y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig por los sucesos ocurridos en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y la jornada del 1 de octubre relacionados con el proceso independentista.

Solo la presidenta del Tribunal, Concepción Espejel (hoy magistrada del Tribunal Constitucional a propuesta del PP), hizo un voto particular apoyando las tesis de la fiscalía para condenar por sedición a varios de los implicados. La sentencia estableció que no había quedado acreditado que los acusados “hubieran tratado de impedir o dificultar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma” ni que se hubieran puesto de acuerdo con quienes lideraban el proceso independentista o que hubieran apoyado sus actos propiciando la pasividad de la policía autonómica.

Carballo ha demostrado a lo largo de los últimos años en la Audiencia Nacional una dureza especial en sus escritos contra el desafío ilegal independentista en Cataluña. Ahora, inmerso en una investigación que dura más de cuatro años, con múltiples prórrogas y con un desenlace final imprevisto, se enfrenta al juez instructor, Manuel García-Castellón. El fiscal no ve en los hechos recogidos en el sumario del caso Tsunami Democratic pruebas suficientes del delito de terrorismo ni tampoco la participación directa en aquellas protestas del expresidente Carles Puigdemont o del actual diputado de ERC, Ruben Wagensberg, que ha huido a Suiza ante el temor de que le detengan tras los últimos autos firmados por el juez.

El fiscal Carballo no entiende las razones que han llevado a García-Castellón a intentar imputar a Puigdemont y Wagensberg, ni por qué ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo sin haber conseguido recabar indicios suficientes de la participación de ambos políticos en los hechos. Carballo acusa al juez instructor de ser incongruente en sus resoluciones judiciales y de tomar decisiones sin motivarlas.

Ahora la causa está en manos del Tribunal Supremo, que deberá decidir si asume la investigación del caso, si entiende que se trata de delitos terroristas y si los indicios para imputar a Puigdemont son suficientes. Por su parte, el fiscal del Supremo tendrá que informar sobre unos hechos que han llevado a su compañero de la Audiencia Nacional, a cuestionar la instrucción de Manuel García-Castellón.