Que nadie perturbe a sus señorías

Manuel García-Castellón es, además de insigne miembro de uno de los tres poderes del Estado, un ciudadano perfectamente libre de criticar lo que le plazca. García-Castellón, veterano magistrado de la Audiencia Nacional, puede impartir una conferencia pública, acudir arropado por el empresario de la comunicación y militante de Vox Julio Ariza, y, apelando a su condición de ciudadano, censurar lo que hace otro poder del Estado, como la propuesta de amnistía que prepara el legislativo.

En su libérrima condición, el ilustre juez puede tirar de ironía y afirmar, como hizo en Ourense el pasado octubre: “La amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud”. Y remachar: “Estos señores [los independentistas] han dicho que volverían a hacer lo mismo por lo que se les condenó, lo que hace preguntarme: ¿será esta la primera amnistía de muchas?”.

García-Castellón, juez y ciudadano, es perfectamente libre de militar en un colectivo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que reúne a buena parte de lo más granado del poder judicial del país y que a su vez goza de toda la libertad para alertar de las tropelías de un poder legislativo entregado a la abyecta tarea de urdir “el principio del fin de la democracia” en España. Esa APM defiende con tal firmeza la separación de poderes que ha organizado protestas ante los juzgados contra el infame proyecto del poder legislativo. Y es que ¿cómo esa gente sin más méritos que haber sido votados en unas elecciones va a imponer su criterio a eminentes juristas aureolados por el timbre de sabiduría de un duro examen de oposición?

García-Castellón dispone en su juzgado de soberanía total para manejar los tiempos de las instrucciones y dar rienda suelta a su creatividad cuando redacta un auto. Puede, por poner un caso, rescatar un asunto cuatro años dormido y, ahora que tanta agitación hay con la amnistía, revivirlo con un original giro de guion. El juez, ahíto de independencia, puede descubrir que sería una magnífica idea convertir a Carles Puigdemont en un terrorista. Porque —imagínense— , el prófugo apoyó en 2019 una manifestación en Barcelona que bloqueó el aeropuerto. Y resulta que ese mismo día, en ese mismo aeropuerto, un turista francés se murió de un infarto. Y aunque los fiscales, los jueces de Barcelona y los Mossos digan que una cosa no tiene nada que ver con la otra, en el juzgado de García-Castellón no manda nadie más que él, que para eso existe la separación de poderes. Y si él dice que Puigdemont está acusado de terrorismo, todo demócrata y todo español de bien no puede más que asentir. Y quien se atreva a criticarlo es un enemigo de la libertad y un agente al servicio de los que quieren destruir la separación de poderes, esa por la que se baten el cobre cada día heroicos jueces como García-Castellón y sus compañeros de la APM.