La Junta de Castilla y León lleva 35 años sin cobrar el canon por el uso de la decadente estación de buses de Valladolid

La estación de autobuses de Valladolid no tiene consignas cerradas para los equipajes, los baños han pasado años en condiciones infames y los paneles informativos funcionan cuando quieren. La competencia corresponde a la Junta de Castilla y León, a quienes los ayuntamientos pucelanos han reclamado mejoras con mayor o menor insistencia según el color político. El Ejecutivo autónomo lleva desde 1987 en poder del PP (inicialmente Alianza Popular), entre 2019 y 2022 en coalición con Ciudadanos y desde entonces con Vox, y suma también 35 años sin reclamarles a las adjudicatarias el pago del canon correspondiente por su explotación. Las instalaciones se han ido deteriorando con el tiempo y mientras las empresas han seguido cobrando sus subvenciones no han aportado su cuota por trabajar en las dársenas más utilizadas de la comunidad autónoma.

El desajuste financiero lo ha descubierto el PSOE de Valladolid, ahora en la oposición tras ocho años de mando local sin conseguir grandes avances para las instalaciones. El grupo socialista de la ciudad, de 297.000 habitantes, solicitó hace unos meses las condiciones suscritas con Estación de Autobuses de Valladolid S. A., la concesionaria del lugar y la respuesta de la Junta ha revelado cómo durante 35 años se ha dejado de cobrar el canon presentado en el contrato, acordado en 1972. El documento se firmó cuando aún la moneda oficial era la peseta (a razón de 500.000 pesetas anuales, unos 3.000 euros anuales al cambio), más un 10% de los beneficios anuales. A falta de conocer el importe de estas ganancias, la suma acumulada ascendería como mínimo a 105.000 euros. Portavoces autonómicos explican que la “no exigencia del canon” se decidió porque primero el Estado poseía la estación, y se obró así “dado el carácter del servicio y las posibles repercusiones en los viajeros”. Los mismos portavoces detallan que se mantuvo el criterio cuando en 2014 la Junta de Castilla y León recibió la titularidad de las instalaciones.

El portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha admitido desconocer los pormenores del caso pero ha deslizado que quizá las inversiones aplicadas sobre las instalaciones han podido “compensar” esa suma. El responsable de la concesionaria, Francisco García, no ha respondido a EL PAÍS pero hace unos meses, consultado por el deterioro de la infraestructura, reconocía las carencias, lamentaba la falta de luz y la sordidez del espacio “indigno” y culpaba a los políticos de impedir evoluciones: “Hemos escuchado muchas palabras sobre proyectos maravillosos como una estación intermodal, con trenes y buses, pero a la hora de la verdad, nada concreto”.

El concejal de Movilidad, Ignacio Zarandona, reconoce la “sorpresa” y el “desconocimiento absoluto” de la corporación sobre los hechos. “La estación no está tan deplorable, no es la mejor pero tampoco incumple sus funciones aunque necesite un lavado de cara”, señala Zarandona, con la mirada puesta a medio y largo plazo en levantar una nueva a falta de resolver el plan ferroviario en Valladolid para determinar su ubicación y características. El equipo actual reclama el soterramiento pese a la negativa del ministerio de Transportes y el plan de integración firmado anteriormente y en ejecución en la ciudad, que incluía una nueva estación.

A la estación de Valladolid, la mayor de Castilla y León, acuden unos 600 autobuses diarios con seis millones de viajeros anuales. El exconcejal de Movilidad, Pedro Herrero, critica que la Junta sí ha destinado 30 millones de euros, con financiación europea, para remozar las estaciones de León, Palencia, Soria, Ávila, Ponferrada (León), Ciudad Rodrigo (Salamanca) o Benavente (Zamora) mientras la vallisoletana sigue atrasada. “¿Qué inversiones han hecho?”, responde Herrero al portavoz popular Carriedo, y tilda de “escándalo” lo sucedido con el “cochambroso” emplazamiento. Además, reniega de los datos aportados por la Junta tras conocerse estos hechos, pues afirman haber recibido 12.000 euros en los últimos cuatro años: 3.000 de canon y otros 3.000 de beneficios en 2019 contra los 3.000 reglamentarios de 2021 y 2022, sin un euro de beneficios. En 2020 se suspendió el pago por la pandemia. El edil no cree que las empresas no hayan logrado ganancia alguna durante esos dos últimos años tanto por su amplia extensión en Castilla y León como porque la Junta ha destinado 98 millones de euros desde 2018 para mantener el transporte autonómico por carretera. “Si las empresas no tuviesen beneficios, lo dejarían”, resume.