17 presos yihadistas entran en el nuevo programa de Interior de desradicalización

17 de los 163 presos clasificados como yihadistas por Instituciones Penitenciarias han solicitado de forma voluntaria entrar en el nuevo programa de desradicalización puesto en marcha en marzo por el Ministerio del Interior, según ha confirmado EL PAÍS en fuentes penitenciarias. Este plan de reinserción, destinado específicamente a terroristas islamistas, sustituye al que se activó en 2016, que Interior interrumpió en 2022 por sus escasos resultados, tras haber atraído a tan solo 52 internos en los años que estuvo en vigor.

El objetivo del denominado Programa de Intervención en Procesos de Radicalización Violenta de Carácter Yihadista es “prevenir y evitar que quienes realicen el programa efectúen conductas no lícitas o ilegales vinculadas a la radicalización violenta de etiología yihadista”, tanto dentro de prisión como una vez que recobran la libertad, y así evitar la reincidencia. Hasta ahora, siete presos que cumplieron condena por estos delitos en España han vuelto a la cárcel por delinquir. Cinco, acusados otra vez de actividades yihadistas. Entre ellos, Mustafá Maya Amaya y Deniz Ibryam Redzheb, que reingresaron en prisión poco más de un año después de ser excarcelados acusados de adoctrinamiento de otras personas, el mismo delito por el que cumplieron una condena de ocho años cada uno.

El nuevo plan contempla que los reclusos yihadistas participen en 66 sesiones ―la mayor parte grupales― dirigidas por profesionales penitenciarios formados en la materia, así como por una psicóloga e investigadora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), institución académica que ha tenido una participación “fundamental” en el desarrollo de este plan de reinserción, según destacan fuentes penitenciarias.

En estos encuentros los profesionales abordarán con los reclusos desde la narrativa a partir de la cuál estos construyeron el discurso con el que justifican la violencia islamista a aspectos emocionales ligados a su entorno social o sus valores, para terminar trabajando aspectos que eviten recaídas en el futuro. El plan no contempla por ahora que se sienten cara a cara con víctimas del terrorismo yihadista, al contrario de lo que ocurre con los presos de ETA, que participan en los llamados talleres de justicia restaurativa como parte de su reinserción. El tiempo previsto por Interior para completar el nuevo programa de desradicalización se sitúa entre los 15 y 16 meses.

Antes de iniciarlo, los reclusos han sido informados de que su participación en este programa ―como ocurre con el resto de los más de 20 planes de reinserción para condenados por otros delitos que imparte Interior― no les supondrá ni una reducción de la pena ni el acceso a beneficios penitenciarios. Es la forma de garantizar que su interés es sincero y que no buscan ninguna ventaja que vaya más allá del plano estrictamente personal. No obstante, Instituciones Penitenciarias si lo tiene en cuenta a la hora de hacer las valoraciones para, por ejemplo, mejorar su régimen penitenciario o concederles permisos de salida.

El programa se dirige principalmente a presos yihadistas que cumplen condena firme, pero también incluirá a preventivos. Todos ellos están en alguno de los tres grupos en los que Instituciones Penitenciarias clasifica a este colectivo desde 2014. El primero, denominado Grupo A, es el formado por presos que entraron en la cárcel por la comisión de delitos de terrorismo yihadista. Según la última estadística oficial, el pasado 30 de octubre, este colectivo lo formaban 67 reclusos. El segundo o Grupo B está integrado por internos que, si bien fueron encarcelados por delitos comunes, se les ha detectado haciendo proselitismo del islamismo radical en las cárceles. Lo forman 40 internos. Finalmente, el Grupo C lo componen presos que están bajo observación por haber mostrado los primeros síntomas de radicalización. Su número es de 56.

Esta previsto que los presos que participen sean sometidos durante el mismo a cuatro evaluaciones para comprobar su evolución. La primera se les realiza antes de empezar y, con ella, se estudia si están preparados para participar en el mismo. La segunda se produce a los siete meses, poco antes de cumplir la mitad del programa. Y la tercera, al término del mismo. La cuarta y última se realizará seis meses después de que haya finalizado. Estas evaluaciones serán realizas tanto por profesionales de Instituciones Penitenciarias que han recibido formación específica como por expertos externos de la UNED.

Ángel Gómez, catedrático de Psicología Social de la UNED y experto en la prevención, detección y neutralización de los procesos que conducen a la radicalización violenta, ha sido pieza clave en los más de dos años de trabajo que ha llevado elaborar el programa. Durante este tiempo, Gómez y el equipo que ha trabajado en el nuevo plan han visitado 35 cárceles y hecho 523 entrevistas a presos de los grupos A, B y C, pero también a otros reclusos sin relación con el yihadismo. Este trabajo ha permitido identificar los mecanismo subyacentes a la radicalización violenta y, a la vez, las variables que pueden favorecer la reinserción de estos reclusos. Fuentes penitenciarias recalcan la enorme dificultad para que este tipo de delincuentes se desligue totalmente del radicalismo, pero creen posible lograr que desistan del uso de la violencia.

La elaboración de este programa arrancó en 2019. Entonces, el departamento de Fernando Grande-Marlaska publicó la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, en la que se abogaba por prestar “especial atención a los centros penitenciarios” en la lucha contra el terrorismo yihadista y abría la puerta a reforzar los equipos de funcionarios de Instituciones Penitenciarias que vigilaban a estos presos. Este documento planteó ya entonces la necesidad de hacer cambios en el programa de desradicalización ante los modestos resultados que arrojaba el de 2016, elaborado en la etapa de Juan Ignacio Zoido, del PP, como ministro del Interior.

Desde entonces, Instituciones Penitenciarias ha trabajado en la actualización de esta y otras herramientas utilizadas con este colectivo. La primera que se cambió, a comienzos de este año, fue la utilizada para detectar el radicalismo en presos e impedir la expansión del islamismo violento dentro de las cárceles. Entre los cambios introducidos fue el incremento del número de los indicadores que los expertos de prisiones utilizan para determinar la peligrosidad de estos internos, que pasaron de los 39 que había a 63. Además, se aumentó la frecuencia con la que se hacían estas valoraciones, que pasaron de semestrales a cuatrimestrales. Y, como principal novedad, se instauró que todos los reclusos yihadistas fuesen sometidos a un estudio final sobre su nivel de radicalismo un mes antes de la fecha prevista para su excarcelación, con el objetivo de evaluar el riesgo que suponía su puesta en libertad. Ahora, el nuevo programa de reinserción ha sido la última pieza.