El Tribunal de Cuentas estima “desequilibrada” la financiación de los partidos con fondos públicos

El Tribunal de Cuentas considera que los ingresos de los partidos políticos procedentes de subvenciones y otros recursos públicos están “desproporcionados” respecto a los recursos privados, como las cuotas de los afiliados. Así lo refleja el máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas en sus informes sobre la financiación de las formaciones políticas correspondientes a 2018 y 2019. En esos ejercicios, el 73% de los ingresos procede de los presupuestos públicos, y solo el 27% procede de fuentes privadas, ajenas a las institucionales.

El órgano fiscalizador recomienda en sus conclusiones que se busquen fórmulas para avanzar hacia un “reequilibrio” entre los fondos que reciben los partidos de las instituciones en las que están representados y el que puedan obtener por las distintas vías privadas que permite la ley. El Tribunal de Cuentas estima que este cambio en el sistema de financiación facilitaría que la estabilidad económica de los partidos no dependiera tanto de sus resultados electorales, que ahora condicionan en extremo sus recursos. Dicho “reequilibrio” —añaden fuentes del tribunal— “introduciría mayor seguridad ante el riesgo de batacazos electorales”, de los que pueden llegar a derivarse disoluciones de partidos, por falta de liquidez.

Entre 2018 y 2019 los partidos recibieron un total de 555 millones de euros en concepto de subvenciones, 183 millones en el primero de dichos años, y 372 en el segundo, en que hubo varias convocatorias electorales. Se pasó así del 71% de financiación pública en 2018 al 83% en 2019. Las elecciones de este último año fueron dos generales —el 28 de abril y el 10 de noviembre, respectivamente—, y unas autonómicas y municipales junto a las europeas, el 25 de mayo.

El Tribunal de Cuentas ha vuelto a encontrar que los recursos destinados a la financiación de los grupos políticos en diversas instituciones —Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o las Cortes— acaban constituyéndose en fuentes de ingresos de las propias organizaciones políticas para su funcionamiento ordinario. Fuentes del Tribunal de Cuentas consideran que los propios partidos deberían plantear reformas legales que ordenen mejor su actividad económica. Dichas fuentes añaden que el mensaje se ha enviado en más de una ocasión a través de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, sin que se haya recibido respuesta.

Entretanto, casi el 60% de los recursos recibidos por los grupos parlamentarios en 2019 fueron a parar a la administración de sus partidos. En los casos de Más País, Bildu o el PNV, ese porcentaje alcanzó la totalidad de los ingresos, y en otros estuvo cerca, con más del 90% de remisión de los grupos a sus organizaciones, como ocurrió con ERC, Partido Regionalista de Cantabria, Podemos o BNG.

Las fuentes del órgano fiscalizador consultadas también señalan que vuelve a detectarse lentitud de las organizaciones políticas para cumplir la previsión legal de dotarse de medidas concretas de prevención de riesgos penales relacionados con la gestión de sus recursos y fuentes de financiación. Así, en 2019 —el último año revisado— solo 7 de las 32 fuerzas políticas examinadas habían iniciado el proceso para dotarse de un código de conducta que garantizara dicha prevención, para impedir deslizamientos hacia actuaciones con relevancia penal. El resto de los partidos tenía la implantación de dichas normas en un estado “incipiente” o sencillamente no había tomado iniciativa alguna para cumplir dicha obligación legal.

Como caso particular, el Tribunal de Cuentas señala el comportamiento de Vox con respecto a las donaciones y su empleo para iniciativas como la de presentar querellas contra rivales políticos, como sucedió con el expresidente de la Generalitat Quim Torra. En esta misma materia de donaciones, el órgano fiscalizador también cuestiona el comportamiento de Más País, PdeCAT y Més Mallorca por distintas actuaciones no ajustadas a las previsiones legales sobre esta vía de financiación. En uno de los casos se trató de la recepción de donaciones de personas jurídicas, y en otros dos de la aceptación de donaciones finalistas, condicionadas a fines concretos.