La última evasión de un presunto miembro del ‘Escuadrón de la Muerte’

Luis Alberto Mío Morocho, de 53 años, se marchó en 2019 de Perú y no quiere volver. Así lo ha dejado claro en la Audiencia Nacional, donde compareció este viernes con gesto serio, acorralado por la orden de extradición que pende sobre su cabeza y que la Fiscalía española apoya. La justicia de su país lo reclama por haber pertenecido supuestamente al bautizado como Escuadrón de la muerte, un grupo de policías corruptos que organizaba matanzas de delincuentes comunes para ganar prestigio, ascensos y el aplauso de la sociedad. A Morocho se le vincula con 13 asesinatos perpetrados hace una década, según la acusación. Pero, durante su declaración ante el tribunal, él y su defensa han insistido en que todas las imputaciones que se le atribuyen responden simplemente a una “persecución política”.

Con este argumento, entre otros, Morocho intenta evadir la acción de los tribunales peruanos. Le corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dar luz verde a su entrega, que los jueces españoles estudiarán tras la vista celebrada este viernes —su decisión se conocerá en las próximas semanas—. El ministerio público ha concluido que se cumplen todos los requisitos legales para la extradición del expolicía y que, además, la tesis que su defensa ha puesto sobre la mesa “no tiene sentido”. El fiscal ha relatado que, durante los últimos ocho años, ha habido cinco gobiernos distintos en Perú, con sucesivos ministros del interior. Por lo que, según ha subrayado la acusación, resulta imposible que los diferentes altos cargos se hayan estado traspasando la orden de unos a otros para actuar contra el reclamado. No existe, además, ninguna prueba de ello, según la Fiscalía.

La Policía Nacional española detuvo a Mío Morocho el 29 de septiembre de 2022 en Guadalajara. Con su esposa e hijo, vivía discretamente en esta localidad de cerca de 90.000 habitantes, donde trabaja también como mozo de almacén, según ha relatado al tribunal. Según su versión, se marchó de Perú en 2019 porque sufrió “tres atentados” después de que su nombre apareciese en los medios de comunicación. “Mi llegada a España fue normal. Llegué por el aeropuerto y fui a Migraciones, donde me identifiqué plenamente”, ha afirmado el expolicía, que ha asegurado que comunicó su nuevo domicilio al consulado de su país. En el momento de su arresto, los investigadores lo calificaron como una persona “muy peligrosa”.

La documentación remitida por Perú destaca que Mío Morocho formó parte de una verdadera “organización criminal”. Según la acusación, aunque él era un miembro de rango inferior dentro del Escuadrón de la Muerte, se encargaba de las labores de inteligencia y de preparación de los crímenes. Según explicó la Policía Nacional, este grupo de agentes corruptos se dedicaba a “captar informantes, pagados por la propia organización, quienes incentivaban a delincuentes de nivel bajo para cometer delitos —como secuestros o robos—: “Esa información luego la filtraban al mismo grupo policial. Así, los agentes sorprendían a los delincuentes para abatirles a disparos, informando posteriormente que los tiroteos habían sido producto de enfrentamientos arriesgados”. Después, además, fabricaban documentación de inteligencia que justificase su intervención, según las autoridades del país latinoamericano.

Este viernes, la abogada de Mío Morocho ha asegurado que entregarlo a Perú supone “poner en peligro su vida”. “Allí no existe ningún tipo de seguridad jurídica. Existe una corrupción judicial que está a las órdenes del Gobierno”, ha incidido la letrada. El agente ha contado que permaneció en la Policía peruana hasta 2019, poco antes de su marcha a España: “Al ver que se me excluía de todo tipo de [actuación] policial, opté por mi baja”, ha dicho.