Una sentencia obliga al Gobierno a diseñar la ruta de una manifestación contra la próxima cumbre europea en Granada

Todas las cumbres de mandatarios tienen en su programa paralelo manifestaciones y actividades callejeras en contra. Ocurrirá también en la cita que reunirá en Granada a 52 altos cargos de 47 países con motivo de la presidencia española de la UE los próximos 5 y 6 de octubre. El pasado 7 de septiembre un grupo de personas presentó en la subdelegación de Gobierno una petición para manifestarse por el centro de la ciudad el día 5 de siete a nueve de la noche. La Subdelegación de Gobierno prohibió la manifestación por la posible coincidencia entre el itinerario de la protesta y el de los coches oficiales. La ruta de los manifestantes estaba claramente definida pero nadie sabe aún qué calles serán por las que circulen las autoridades. Ante la prohibición, los solicitantes recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha dado a conocer este jueves una sentencia que obliga a la subdelegación, al Gobierno en definitiva, a que proponga un itinerario para que los manifestantes puedan ejercer su derecho.

Los jueces son muy tajantes. El derecho de manifestación está recogido en la Constitución, y su limitación “requiere de una motivación específica”. Antes de prohibir una manifestación, la administración competente deberá proponer las modificaciones de fecha, lugar o duración al objeto de que la reunión pueda celebrarse”. La negativa de la subdelegación, según la sentencia, se basa en problemas de seguridad y de esa posible coincidencia con las caravanas oficiales a partir, además, de informes policiales que se desconocen, dice la sentencia.

La negativa de la administración, además, propone a los manifestantes que sean ellos quienes propongan una ruta distinta y vuelvan a presentar su petición. Pero, en este momento, la ruta oficial es secreta y los peticionarios, que prevén una asistencia de 5.000 personas, deben presentar nuevos recorridos alternativos a ciegas, sin saber si coinciden con el itinerario oficial.

El TSJA, que ha abierto un “procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales” insiste en que la prohibición “incurre en una patente falta de proporcionalidad al prohibir la manifestación en vez de proponer un itinerario alternativo, impidiendo gravemente el futuro ejercicio del derecho.” Los jueces entienden que la argumentación administrativa para negar el derecho es “escasa” y que antes que prohibir de manera definitiva, debe “proponer las modificaciones necesarias” para que no haya coincidencias o problemas.

El tribunal entiende que no se quiera hacer pública por cuestiones de seguridad la ruta oficial —lo que permitiría ir sobre seguro a los peticionarios a la hora de proponer una segunda ruta— por lo que obliga a la autoridad a proponer un itinerario alternativo, que tiene tres días para presentarlo y que no puede recurrir lo juzgado.

La subdelegación de Gobierno ha explicado a este diario que tienen un plazo de 72 horas y que ya “se trabaja en el diseño de un itinerario alternativo y seguro, que permita conjugar el derecho de reunión con la seguridad”. Antes de que acabe el 24 de septiembre se conocerá la propuesta de la administración y la distancia que propone entre la ruta oficial y la de los manifestantes.