La Guardia Civil incrementa un 50% su oferta de empleo para paliar el desmantelamiento progresivo de sus cuarteles

El Gobierno quiere compensar la sangría de los cuarteles de la Guardia Civil, que corre en paralelo a la despoblación de la España rural, con un incremento de un 50% en la oferta de empleo del instituto armado, según informan fuentes gubernamentales. Esta oferta de empleo público, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, supone el mayor incremento desde el año 2011, con una oferta total de 2.595 nuevos empleos frente a los 1.736 que se ofertaron el año pasado. El anuncio, que atiende a las demandas históricas de las asociaciones profesionales, se produce tras unas arduas negociaciones, con el nuevo director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. El nuevo responsable, exdirector de Protección Civil, ha tomado posesión a menos de un mes de las elecciones generales, tras la dimisión de su antecesora Mercedes González para ir en las listas del PSOE.

El Ministerio del Interior vuelve a ampliar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con 5.128 nuevas plazas, que han recibido el visto bueno en la reunión el Ejecutivo. La convocatoria oferta 2.608 nuevas plazas para la Policía Nacional y 2.595 para la Guardia Civil (2.520 para cabos y guardias y 75 para los oficiales).

En los últimos años, el 30% de las plazas ofertadas en la Guardia Civil han sido ocupadas por mujeres, que están entrando a gran velocidad en el cuerpo gracias, en parte, a las medidas de discriminación positiva puestas en marcha para lograr la igualdad en la institución, especialmente por la que fuera la primera directora que tuvo el cuerpo, María Gámez, y que dimitió hace escasos cuatro meses tras conocerse una investigación judicial por presunta corrupción contra su marido. Aún así, las mujeres suponen el 9% de los efectivos en la Guardia Civil, frente al 17% de las que forman parte de la Policía Nacional.

La progresiva falta de efectivos en un instituto armado con 77.000 agentes —salen más de los que entran— ha repercutido de lleno en los aproximadamente 1.900 cuarteles diseminados por toda la geografía española, muchos de los cuales han tenido que cerrar, si no del todo, por días, con la consiguiente desprotección de los pueblos en los que se encuentran y el abandono de sus habitantes. Este refuerzo, de ofertar 859 plazas más que hace un año y que equivale a la plantilla completa de Valladolid, Brugos o Salamanca, pretende también “compensar la merma sufrida entre los años 2012 y 2018, cuando se perdieron 6.148 efectivos, garantizando la calidad de la preparación de los guardias”, según las mismas fuentes. No obstante, el objetivo histórico es el de llegar a los 90.000 efectivos.

Pero la seguridad en la llamada España Vaciada sigue suponiendo un quebradero de cabeza para la Guardia Civil. De los 77.000 agentes con que cuenta el cuerpo, aproximadamente un 35% está destinado en zonas rurales, según fuentes del cuerpo. La anterior directora general, María Gámez, presentó hace ahora justo un año, en Villasana de Mena (Burgos) —donde había comenzado la rehabilitación del cuartel— el Plan para la Seguridad Rural del Instituto Armado, con medidas que incluían “posibles incentivos para los guardias desplegados en esas zonas”, pero que se quedaron sin concretar.

Esta nueva ampliación de plantilla con la nueva oferta de empleo público llega después de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hayan alcanzado este verano el máximo número de agentes de la historia, con un total de 156.453 agentes, tras el proceso de ampliación de efectivos puesto en marcha por el Ministerio del Interior durante estos últimos cinco años que —aseguran en el ministerio de Fernando Grande-Marlaska— ha permitido revertir las 13.077 plazas que se perdieron en el periodo 2012-2017.