Abascal insta a Feijóo a pactar en ayuntamientos donde el PP no ha ganado pero juntos tienen mayoría

Vox tiene la llave para dar al PP el gobierno de seis comunidades autónomas y una treintena de capitales de provincia o grandes ciudades, según los resultados de las elecciones del pasado domingo y, como ha advertido Abascal, no piensa entregar gratis sus votos ni dejarse chantajear para regalarlos. Pero la situación en todas estas instituciones no es la misma y tampoco el precio que puede poner Vox a cambio de su apoyo ni el margen de maniobra que tiene el partido ultra.

Lo primero que se decidirá será el color político de los ayuntamientos. Los consistorios salidos de las urnas del 28M se constituirán el próximo 17 de junio y ese mismo día serán elegidos los nuevos alcaldes. En 30 de las ciudades más importantes de España el PP no tiene mayoría absoluta, pero puede completarla con la ayuda de Vox.

Sin embargo, hay un matiz: en la mayoría de ellas, el PP es la primera fuerza y su grupo municipal tendrá más concejales que todos los partidos de izquierda juntos, por lo que basta con que Vox se abstenga para que automáticamente salga elegido su candidato, al ser el de la lista más votada, según la Ley de Régimen Electoral. Eso no garantiza que el nuevo alcalde pueda gobernar y aprobar los presupuestos municipales, pero sí ser investido y posponer hasta después del verano, tras las elecciones anticipadas el 23 de julio, un eventual pacto con Vox que le obligaría a retratarse.

Abascal ha dejado claro que sus ediles nunca votarán a favor de un alcaldable de izquierdas, por lo que el PP no correría ningún riesgo si evita llegar a un pacto de investidura con Vox en estas ciudades. Esta es la situación que se da en Sevilla, Huelva, Valencia, Alicante, Castellón, Zaragoza, Huesca, Albacete, Ciudad Real, Cáceres, Segovia, Palma de Mallorca, Ceuta, Cartagena, Móstoles (Madrid), Alcobendas (Madrid) o Elche (Alicante); entre otras.

La situación es diferente en los ayuntamientos en los que PP y Vox tienen mayoría absoluta de concejales, pero los populares no son la lista más votada. En ese caso, ambos partidos deberán llegar a un acuerdo antes del 17 para votar al mismo candidato. Así ocurre en Burgos, Valladolid, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina (Toledo) o Alcalá de Henares (Madrid). Abascal ha instado a Feijóo a pactar donde las fuerzas de la derecha tengan mayoría para desalojar a la izquierda, pero el líder del PP ha insistido repetidamente, la última vez este lunes, en dejar gobernar a la fuerza más votada, lo que daría al PSOE la mayoría de estas alcaldías, para disgusto de Vox.

Este mismo dilema se da en Extremadura, donde socialistas y populares han empatado a escaños, pero los primeros aventajan a los segundos por unos miles de votos. Abascal ha instado a Feijóo a decidir si aplica su promesa a rajatabla, dejando la región en manos del PSOE, o los 33 diputados de la derecha se unen para desbancar a la izquierda del poder en esta comunidad. En Aragón, Baleares, Murcia, Cantabria y Comunidad Valenciana los populares sí han ganado las elecciones, pero necesitan el respaldo de Vox para completar mayoría. En Murcia, al candidato del PP, Fernando López Miras, le basta con la abstención de Vox para ser investido presidente, pero los de Aragón, Baleares, Cantabria y Comunidad Valenciana (además del de Extremadura) necesitan el sí de los diputados autonómicos de Vox para conseguir la Presidencia.

Es en estas últimas comunidades donde Vox puede exigir mayores contrapartidas. Abascal ha adelantado que su nivel de exigencia estará en función del resultado en cada territorio. Con esos parámetros, el mejor resultado lo ha tenido Vox en Murcia (17% de los votos), pero en esta comunidad al PP solo le faltan dos escaños para la mayoría absoluta. Más importante es su contribución en la Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Cantabria, donde aportaría entre el 20% y el 25% de los escaños totales de ambos, algo menos de lo que aporta Vox al Ejecutivo de coalición de Castilla y León, donde tiene una vicepresidencia y tres consejerías.

En algunas de estas comunidades Vox es un socio de gobierno muy incómodo para el PP. En la Comunidad Valenciana, su aspirante a vicepresidente, Carlos Flores, es un catedrático de Derecho Constitucional que militó en su juventud en la rama juvenil del partido de extrema derecha Fuerza Nueva y en 2002 fue condenado en firme por violencia sicológica habitual contra su exmujer. Y en Baleares, Vox rechaza la política lingüística aplicada en las últimas décadas por los gobiernos del PP y el PSOE y apuesta por el cierre de la Oficina Anticorrupción, el Instituto de la Mujer y la televisión autonómica IB3, entre otras medias. Menos aristas presentan los perfiles de la candidata de Vox en Cantabria, Leticia Díaz, que fue consejera regional de Presidencia y Justicia entre 2011 y 2015, con el presidente Ignacio Diego, del PP; y del aragonés Alejandro Nolasco, concejal de Vox en Teruel.

Durante la campaña, Abascal sugirió que el PP debería apoyar a los candidatos de Vox en aquellas localidades donde ganaran, pero su partido solo se ha impuesto en una docena de pequeñas localidades, las más grandes Náquera (Valencia, con 7.700 habitantes), Rascafría (Madrid, 1.700), y Villacastín (Segovia, 1.500). Ello estrecha el margen de negociación y deja al PP con la única alternativa de aceptar a Vox como socio o pedir a los socialistas que se abstengan, como ha hecho la candidata popular a la junta extremeña, María Guardiola. Al contrario que los alcaldes, la elección de los nuevos presidentes autonómicos puede demorarse hasta pasadas las elecciones del 23 de julio.

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