El juez anula la expulsión de una edil de Vox por una denuncia de consumo de drogas

Un juez de Madrid ha anulado la expulsión de Cristina Gómez Carvajal, exconcejala de Vox en Galapagar (Madrid), y de Miguel Albolafia, militante del mismo partido, por vulneración de sus derechos fundamentales. Gómez y su compañero fueron expulsados de manera fulminante el 13 de octubre de 2020, tras la presentación en el cuartel de la Guardia Civil de Galapagar de una denuncia por “presuntos delitos contra la integridad física y psicológica de terceros”. Fuentes de Vox dijeron entonces a la agencia Efe que la edil había sido denunciada por consumir estupefacientes delante de sus hijos menores.

El caso fue sobreseído, pero Vox no revocó la expulsión de su concejal en Galapagar ni del otro militante de la formación ultra en la localidad madrileña. La drástica medida adoptada entonces contrasta con la actitud que el partido mantiene ahora con su concejal de Parla Ana González Martínez, detenida en una operación antidroga. Tanto ella como su marido han ingresado en prisión por orden del juez, acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y defraudación del fluido eléctrico, como supuestos cabecillas de una red de venta de cocaína en el sur de Madrid. A pesar de estos hechos, Vox no ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario y su presidenta en Madrid, Rocío Monasterio, se ha limitado a declarar: “Lo primero, presunción de inocencia. Y lo segundo, si se confirma lo que dicen, espero que entregue el acta y presente la dimisión”. Ana González no ha entregado el acta, pero si ha renunciado a repetir como número tres en la candidatura de Vox por Parla en las elecciones municipales del 28-M, según ha anunciado el partido.

En cambio, en el caso de la concejal de Galapagar, Vox abrió un expediente disciplinario que se solventó, en un solo día, con su expulsión “sin previo traslado de la denuncia, sin audiencia ni posibilidad de alegación y prueba”, según la sentencia dictada el día 3 por el Juzgado de Primera Instancia Número 47 de Madrid. Esta forma de actuar, advierte el juez, constituye “una vulneración del derecho fundamental de asociación”, que incluye “el derecho a que se respete escrupulosamente el procedimiento disciplinario interno”. En consecuencia, declara nula la expulsión de los dos militantes de Vox y condena al partido ultra a pagar las costas, aunque este puede presentar recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La concejal de Vox en Galapagar se había hecho famosa por promover las caceroladas ante la casa del entonces vicepresidente Pablo Iglesias y de la ministra Irene Montero, pero se había convertido en una figura incómoda para el partido después de que la titular de Igualdad la denunciara por acoso y de que dijese que al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le “iban los jovencitos”. Se da la circunstancia de que la denuncia contra Cristina Gómez la presentó Loic Vellard, alias El Francés, un exconvicto con vínculos con la mafia búlgara y la dirección de Vox, según El Español. Este acudió al cuartel de la Guardia Civil a poner la denuncia acompañado por José Higaldo Serra, el jefe nacional de seguridad del partido ultra.