Defensa recibirá más de 500 millones por el suelo para construir 20.000 viviendas sociales

El Ministerio de Defensa recibirá más de 500 millones de euros por los terrenos en los que el Gobierno planea construir 20.000 viviendas sociales, en cumplimiento del anuncio que realizó el pasado 25 de abril en el Senado el presidente Pedro Sánchez, según fuentes gubernamentales.

Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el próximo día 9 la firma de un convenio entre el Instituto para la Vivienda y el Equipamiento de la Defensa (Invied), dependiente del Ministerio de Defensa, y la Sociedad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por el que la segunda adquirirá un lote de terrenos repartidos por toda España que han sido desafectados a la defensa; es decir, que han dejado de tener interés militar.

La aprobación del convenio, prevista para la semana pasada, se retrasó por la necesidad de cerrar los últimos flecos del acuerdo e incorporar terrenos que inicialmente no formaban parte del lote, con el fin de que la operación permita liberar suelo para viviendas de alquiler social en todas las comunidades autónomas y la mayoría de las provincias. Eso ha hecho que también varíe el importe definitivo a pagar por los terrenos, que totalizan millones de metros cuadrados.

Defensa venderá el lote completo de parcelas a un precio a tanto alzado, una vez realizadas las correspondientes tasaciones y acordado el justiprecio. En total, Transportes pagará más de 500 millones que supondrán una importante inyección en el presupuesto de Defensa, que este año ha crecido un 26%. El compromiso asumido por el presidente Sánchez en la pasada cumbre de la OTAN, celebrada en junio del año pasado en Madrid, es llegar al 2% del PIB en gasto militar en 2029, pero este objetivo parece lejano a juzgar por el Plan de Estabilidad 2023-26 remitido por el Gobierno a Bruselas. Según dicho documento, España destinará este año el 1,2% del PIB a defensa (una décima más que el ejercicio pasado), pero no superará el 1,3 en los próximos tres años.

Para Defensa la operación es muy rentable, ya que no solo se desprenderá de terrenos e inmuebles que han dejado de ser de utilidad para las Fuerzas Armadas, a cambio de unos fondos que podrá invertir en modernizarlas, sino que también se ahorrará el dinero que ahora gasta en su seguridad y mantenimiento.

A los ayuntamientos y comunidades autónomas a las que se les ceda suelo para la construcción de vivienda protegida tampoco les costará nada la operación, según ha aclarado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Al contrario de lo que ha sucedido en otras ocasiones, cuando Defensa ha traspasado directamente terrenos a las instituciones locales, esta vez será el Estado central (a través de Sepes) el que se haga cargo de su coste. El proceso será en todo caso largo, ya que será preciso proceder a la recalificación urbanística de unos suelos que hasta ahora estaban catalogados como de uso militar y que tendrán que reconvertirse en residenciales.

Esta no es la primera de venta de terrenos realizada en los últimos meses por Defensa. A principios de abril, el Gobierno inyectó 260 millones al Sepes para la compra de suelo de la llamada Operación Campamento, donde se planea construir 12.000 viviendas, el 60% protegidas. Defensa también ha vendido 214.000 metros cuadrados de la base aérea de Getafe (Madrid) para la construcción de 1.450 viviendas por 35,4 millones; y el cuartel de Son Busquets, en Palma de Mallorca, donde se construirán 800 viviendas, por 43 millones.

En total, el Invied, organismo autónomo del Ministerio de Defensa, gestiona 11.173 propiedades, de las que 9.620 son viviendas militares y 206 solares o parcelas, según su memoria anual de 2021, cuando ingresó 53,1 millones por la venta de terrenos. A finales de ese año, disponía de 546 inmuebles para venta o subasta que habían dejado de tener interés militar. Se trataba de “carreteras, pistas, caminos y ramales, acuartelamientos, aeródromos en desuso, campos de tiro y maniobras, parcelas urbanas y rústicas y edificios singulares”. La comunidad con más inmuebles disponibles era Andalucía (150), seguida de Ceuta (71), Madrid (65), Galicia (63), Castilla-La Mancha (39) y Castilla y León (29). A la cola, Cantabria (1), La Rioja (2) y Navarra (3).

El plan para promover la construcción de 20.000 pisos para alquiler social en suelos del Ministerio de Defensa es solo una de las medias anunciadas por el Gobierno bajo la bandera de convertir la vivienda en el cuarto pilar del Estado del bienestar (tras la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia) y que el acceso a la misma deje de ser un lujo inalcanzable para buena parte de la sociedad, especialmente los jóvenes. En las últimas semanas, en vísperas de la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, el Gobierno ha prometido la construcción de 183.000 viviendas sociales y ha aprobado la primera ley de vivienda, que pretende poner tope a la subida del alquiler en las denominadas zonas tensionadas. En todo caso, la puesta en práctica de algunas de estas medidas puede demorarse años y otras dependen de la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos.