Dimite el consejero de Obras Públicas de Cantabria por el caso de las irregularidades en contratos de carreteras

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado este viernes la dimisión del consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, como consecuencia del caso de corrupción en contratos de conservación de carreteras por el que, el 22 de febrero, fue registrada la sede de la consejería y por el que permanece en prisión provisional un alto funcionario de ese departamento. Revilla ha lamentado tener que “aceptar la dimisión” de Gochicoa, uno de sus colaboradores más cercanos, al que ha defendido como un “hombre honorable” y al que ha calificado como el “mejor hombre” de su Gobierno. “Hay más investigaciones y, si es necesario, no voy a pasar una, no lo he hecho nunca”, ha asegurado el presidente cántabro.

En su comparecencia, Revilla ha proclamado que “pone las dos manos en el fuego” por Gochicoa, del que ha dicho que está “limpio absolutamente” y “no ha tenido absolutamente nada que ver” en la presunta trama. Sin embargo, el presidente autonómico y líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha reconocido que “los controles” sobre el funcionario encarcelado “han fallado” y, por tanto, no le queda más remedio que aceptar la renuncia de su consejero, a sabiendas de que está cometiendo “una injusticia”. Según se desprende del sumario que investiga la trama, ha añadido, el alto funcionario detenido “no tenía cómplice alguno” dentro de la Administración autonómica.

El presidente cántabro ha defendido que “no aparece ningún político o cargo de confianza” en ninguna de las 4.080 páginas de las que consta el sumario, pero justifica la salida del consejero y del director general en que su partido, el PRC, “tiene el listón ético muy alto”. Revilla, que preside Cantabria en coalición con el PSOE, ha anunciado que ha pedido al juzgado poder apartar a las empresas presuntamente involucradas de los nueve expedientes que se investigan en la causa, todos ellos tramitados durante el año 2022 y que ha gestionado el jefe de servicio encarcelado.

El anuncio de la dimisión del consejero de Obras Públicas se produce en un momento de alta preocupación en el seno del bipartito PRC-PSOE por el efecto negativo que esta trama pueda tener en las expectativas electorales de ambas formaciones, a menos de tres meses para los comicios de mayo. En este sentido, el vicepresidente de Cantabria y secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga (PSOE), ha afirmado que Revilla “acierta” con la salida del consejero, para que la actividad del Gobierno regional “no se vea perjudicada”. Desde el PP, su presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, critica que la dimisión del consejero llega “tarde, mal y a rastras” y afea a Revilla que haya tardado 10 días en tomar la decisión.

También ha presentado su renuncia Manuel Domingo del Jesús, director de Obras Públicas de la consejería. Revilla ha explicado que el relevo de los dos cargos se producirá la próxima semana, después de que el propio Gochicoa comparezca en el Parlamento cántabro para dar su versión sobre las actuaciones presuntamente irregulares en el departamento que dirige desde hace varios años.

El estallido del caso

El miércoles de la semana pasada, agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria llevaron a cabo una operación en la que fueron detenidas ocho personas —seis en Cantabria y dos en Madrid—. Las actuaciones investigaban la presunta adjudicación irregular de contratos de mantenimiento y conservación de carreteras en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria. El consejero dimitido es el responsable político del que depende el supuesto cabecilla de la trama, Miguel Ángel Díez, jefe de servicio de Carreteras Autonómicas que está en prisión preventiva y sin fianza desde el pasado viernes.

La investigación arrancó en los primeros meses de 2022, cuando funcionarios de la Agencia Tributaria en Cantabria tuvieron conocimiento de que Díez participaba supuestamente en la manipulación de contratos de obra pública. Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, el jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas logró que las empresas La Encina, Cannor, Rucecan y Api Movilidad resultaran adjudicatarias de varios contratos de conservación y mantenimiento de la red viaria regional.

Según las pesquisas, a cambio de las adjudicaciones fraudulentas, el funcionario obtenía mordidas que canalizaba a través de un entramado familiar en el que involucró a su esposa y a sus dos hijas. A través de una sociedad familiar, Parivara Lagani, cuya administradora única es su mujer y en la que figuran como socias las dos hijas del matrimonio, el principal encausado ingresó más de 500.000 euros procedentes de las empresas implicadas entre 2020 y 2022. La cantidad se justificaba con la realización de fotocopias, aunque la policía ha comprobado que no ha habido ningún tipo de gasto asociado a dicha actividad: ni compra de maquinaria para hacer las copias, ni alquiler, gastos de personal, suministros o telefonía.

A este dinero que las empresas habrían ingresado en la sociedad familiar, los investigadores suman los 530.000 euros encontrados en una caja fuerte del domicilio familiar y un Volvo XC40 cuyo renting corría a cargo de la empresa Api Movilidad. La juez de Santander que lleva el caso estima en 1,3 millones de euros los fondos obtenidos de manera ilícita por la familia del jefe de Carreteras de Cantabria entre 2019 y 2022.

Incremento patrimonial no justificado

La Agencia Tributaria pudo determinar que la familia del funcionario había experimentado un importante incremento de patrimonio no justificado entre 2013 y 2022. Solo durante el pasado año, los investigadores detectaron entradas por importe de 2,8 millones de euros en las cuentas corrientes del funcionario. Durante el registro en su domicilio, se detectaron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero. La policía se incautó de abundante documentación que se han incorporado a un sumario que contiene más de 4.000 folios. Se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de varios millones de euros.

Díez supuestamente intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo una valoración arbitraria de las ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello, según la investigación, modificó precios, negoció los términos de las licitaciones con empresas concertadas y se sirvió de información privilegiada.

La operación explotó el miércoles de la semana pasada con la detención de todos los investigados, al tiempo que se practicaban entradas y registros en el domicilio del principal investigado y su despacho en la Consejería de Obras Públicas, así como en los domicilios sociales de las empresas adjudicatarias de los contratos y las viviendas de los administradores de estas sociedades, todos ellos en Cantabria.