El vertedero de Zaldibar sigue sin estar sellado tres años después del derrumbe que sepultó a dos trabajadores

Han pasado tres años y algunos días desde la mayor tragedia ambiental ocurrida en el País Vasco. El 6 de febrero de 2020, el vertedero de Zaldibar, en el límite entre Gipuzkoa y Bizkaia, vio desplomarse una montaña de basuras que sepultó a dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Ya no hay riesgo de que un desastre como aquel vuelva a repetirse en este lugar, pero sigue pendiente el sellado definitivo de las instalaciones. El Gobierno vasco exige a la empresa que gestionaba el basurero, Verter Recycling, en fase de liquidación y disolución, que cumpla el mandato que le obliga a impermeabilizar completamente el antiguo vertedero. Los responsables de la citada compañía tampoco han pagado los 28,7 millones de euros que adelantó la administración vasca durante las labores de búsqueda de los dos operarios fallecidos y la estabilización del terreno.

En el vertedero de Zaldibar se realizan inspecciones periódicas para analizar cómo evoluciona el terreno. El Ejecutivo autónomo levanta actas sobre el estado en que se encuentra la zona tras las tareas de estabilización que acometió en la ladera afectada para evitar riesgos ambientales. Aún falta dar el último paso. La consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha subrayado este martes en una comparecencia que queda pendiente la clausura definitiva de las instalaciones. Es una obligación que no están cumpliendo los titulares de Verter Recycling a través de la administración concursal de la compañía, ha dicho.

Aquel 6 de febrero de hace tres años colapsó el vertedero, provocando el desplome de la escombrera. Acabó con la vida de dos empleados, cuyos cuerpos quedaron atrapados bajo una montaña de tierra y desechos. En agosto de ese año se localizó el cadáver de Alberto Sololuze. Su compañero Joaquín Beltrán sigue enterrado en el vertedero. Las labores de búsqueda para dar con él no dieron resultado y concluyeron en mayo de 2021. El desastre de Zaldibar mantiene abiertos tres años después los procesos concursal, penal y administrativo.

El procedimiento judicial por el fallecimiento de los dos trabajadores se cerró en septiembre de 2021 con un acuerdo entre el Ministerio fiscal y los tres responsables de Verter Recycling imputados en la causa –el propietario de la empresa, José Antonio Barinaga; la gerente, su sobrina Arrate Bilbao, y el ingeniero-jefe, Juan Etxeberria-, que aceptaron su responsabilidad en esas muertes y aceptaron una pena de seis meses de prisión e indemnizar a los familiares con 2,7 millones, con lo que eludieron su entrada en la cárcel.

La causa judicial por presuntos delitos contra el medio ambiente en la gestión del vertedero sigue abierta. El próximo 28 de febrero están citados a declarar por este asunto, entre otros, tres técnicos de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que estarán defendidos por un letrado que el Ejecutivo de Urkullu ha puesto a su disposición, según ha confirmado la consejera Tapia. A dos de ellos se les llama como técnicos pertenecientes al servicio de inspección que intervinieron en la concesión a Verter Recycling de la autorización ambiental que permitió el inicio de la explotación del vertedero. La tercera persona investigada está citada por su intervención en las inspecciones programadas en el vertedero en 2017.

Al margen de estas causas abiertas, el Gobierno vasco insiste en que deben concluir los trabajos que culminen con la impermeabilización total del vertedero, además de asumir el control y seguimiento de la postclausura. La administración asumió de forma subsidiaria los trabajos de búsqueda de los dos operarios desaparecidos, además de ejecutar las medidas para minimizar los daños ambientales tras el derrumbe. Estas actuaciones exigieron un desembolso público de 28,7 millones que el Ejecutivo reclamó a la empresa. Justo antes de exigir el pago de este montante económico, Verter solicitó el inicio del proceso concursal para proceder a su liquidación y posterior disolución, un asunto que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao. La consejera ha informado de que ha pedido al Departamento de Hacienda que adopte las medidas oportunas para ejecutar por la vía de apremio de esos 28,7 millones y analice si es posible derivar la deuda a los gestores y administradores de la compañía.

Por la vía administrativa, la Inspección de Trabajo del Gobierno vasco impuso una multa de 300.000 euros a Verter por una “infracción muy grave”, consistente en no tomar las medidas de prevención necesarias pese a tener constancia de que había un “riesgo inminente de derrumbe” que afectaba a la seguridad de los trabajadores.