Los ciberdelitos aumentan un 72% en España

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este miércoles la estrategia de su departamento para hacer frente al notable incremento de la cibercriminalidad en España, donde “uno de cada cinco delitos se cometen en la red”. En 2022, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contabilizaron 375.506 infracciones penales, un 72% más que en 2019, antes de la pandemia, tomado como año de referencia. La respuesta a esta amenaza, que afecta a empresas, instituciones y particulares, consiste en una campaña de sensibilización y concienciación de la ciudadanía —con un spot publicitario y una posterior actuación en redes con mensajes informativos—, y en una mayor dotación de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), que se convertirá en una suerte de “observatorio” de las tendencias en ciberdelincuencia.

“El doble efecto de descenso de criminalidad convencional y aumento de los ciberdelitos nos ha llevado a un punto de inflexión: hoy, uno de cada cinco delitos en España se comete en la red”, ha explicado Grande-Marlaska, que ha defendido la necesidad de “alertar y sensibilizar a la ciudadanía porque, según nos destacan los expertos, la ciberdelincuencia y sus consecuencias no generan todavía el necesario impacto social”.

Aunque Marlaska advirtió de que los datos aportados son provisionales, ya que están pendientes de consolidación, señaló que “la inmensa mayoría de estos ciberdelitos son fraudes o estafas informáticas, tipología en la que encajan 336.778 de las infracciones registradas, casi el 90% del total”.

La primera fase de la campaña de concienciación tendrá un formato de spot televisivo y anuncio gráfico tanto para prensa escrita como para soportes publicitarios exteriores. Pretende llamar la atención a la ciudadanía sobre la falta de protección y prevención con la que es habitual interactuar en el mundo digital, así como las graves consecuencias que esa actitud puede tener. “Se deben seguir las mismas pautas de protección en el espacio físico que en el virtual”, ha dicho Marlaska.

La autoprotección como clave

En una segunda fase, la campaña saltará a las redes sociales, donde los expertos tanto del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional y la Guardia Civil alertarán sobre los distintos ciberdelitos que se detectan o se producen con mayor frecuencia y explicarán las pautas básicas para protegernos de ellos. “Pretendemos incrementar la confianza ciudadana en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como primer instrumento público de lucha contra la cibercriminalidad, generar una predisposición a denunciar cualquier acción ilícita sufrida, y pedimos a los ciudadanos que nos ayuden a protegerles, porque será muy difícil hacerlo si ellos no se conciencian primero de que deben autoprotegerse frente a la cibercriminalidad”, ha añadido Grande-Marlaska.

Junto a la campaña de sensibilización, el ministro del Interior ha señalado como más relevante la atribución de mayores capacidades ejecutivas a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), órgano que enlaza a la Secretaría de Estado de Seguridad con los centros de respuesta a incidentes cibernéticos nacionales de referencia.

Esta oficina, cuya plantilla va a ser reforzada, va a constituirse en el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Ministerio del Interior de apoyo a la Policía Judicial (CSIRT-MIR-Policía Judicial). Tras esta modificación, dará apoyo técnico a las unidades tecnológicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y asumirá las funciones asignadas a la Secretaría de Estado de Seguridad como autoridad competente en materia de seguridad de las redes y sistemas de información para los operadores de servicios esenciales y críticos.

Esta Oficina de Coordinación de Ciberseguridad se va a constituir también en Observatorio de la Cibercriminalidad, con la misión de monitorizar, detectar, procesar y analizar tendencias delictivas en la red, “porque esta elaboración de inteligencia policial es imprescindible para hacer frente a los nuevos retos y amenazas en el ámbito digital”.

Cinco millones de euros

Además, y por primera vez, la Secretaría de Estado de Seguridad contará con una dotación presupuestaria específica de cinco millones de euros para atender las inversiones necesarias para dotar de las capacidades tecnológicas adecuadas tanto a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad como a las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil especializadas en la prevención y persecución de los ciberdelitos.

En este punto, Grande-Marlaska ha recordado que las plantillas de las unidades centrales y periféricas especializadas en ciberseguridad de Policía Nacional y Guardia Civil se han casi duplicado en estos últimos cuatro años: si en 2018 estas unidades contaban en conjunto con 714 agentes, al término de 2022 esta cifra creció hasta los 1.352 efectivos.