El Gobierno intenta evitar una nueva bronca territorial garantizando que los regantes tendrán más agua con las desaladoras que con el trasvase

La Generalitat valenciana acoge con “satisfacción moderada” la solución, pero el PP andaluz carga contra ella y el presidente de Murcia anuncia un recurso ante el Tribunal Supremo.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.Foto: CARLOS LUJAN (EUROPA PRESS) | Vídeo: EPV

El Gobierno está haciendo un esfuerzo de negociación y promesas de inversiones para intentar evitar una nueva guerra del agua a solo cuatro meses de las elecciones autonómicas, pero el plan para reducir el volumen del trasvase Tajo-Segura a partir de 2025 no se detiene y ha sido aprobado este martes en el Consejo de Ministros. La combinación entre el cambio climático, con un evidente aumento de la sequía, las sentencias del Tribunal Supremo y las demandas de la Comisión Europea han convencido a la vicepresidenta Teresa Ribera a seguir adelante con este polémico plan de recorte progresivo del trasvase, que ha provocado fuertes reacciones en contra en Alicante, Murcia y Almería, donde los regantes presionan para seguir teniendo agua prácticamente gratuita con la que regar sus cultivos.

Sin embargo, ante la enorme sensibilidad política del asunto, Ribera ha hecho un esfuerzo de negociación, especialmente con la Generalitat valenciana y con el socialista Ximo Puig, su presidente, a quien citó expresamente en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, para acordar medidas que puedan aplacar la reacción de los regantes y tratar de evitar una nueva guerra del agua que podría tener consecuencias electorales demoledoras para el PSOE en provincias decisivas como Alicante. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que recurrirá el plan al Tribunal Supremo. Andalucía estudia medidas legales. “Es una decisión política, injustificada y precipitada y donde no prima el interés general”, ha criticado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, informa Ginés Donaire. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado satisfecho al entender que el trasvase “empieza a acabar”, con la protección del caudal ecológico del Tajo, y que el PP “debería avergonzarse”. “Se ha ganado un suelo para el acuerdo”, ha celebrado el socialista, aunque ha advertido también que “aquí no acaba todo”, ya que no sobra el agua, sino “más bien al contrario”, ha dicho.

Ribera explicó este martes los planes de recorte, algo que Castilla-La Mancha, también en manos de los socialistas, vendió rápidamente como una gran victoria, pero lo hizo en un tono de gran cautela política y con un discurso pensado para aplacar las críticas de los regantes, a los que ofreció soluciones para compensar el agua que no les llegará del trasvase. “Alicante tendrá agua, Murcia tendrá agua, Almería tendrá agua”, clamó la vicepresidenta, que anunció que se ha acordado que habrá una comisión bilateral con las autonomías afectadas para que puedan seguir el detalle de las inversiones que se harán para lograr que llegue a las huertas más cantidad de agua incluso que con el trasvase.

“En el peor de los escenarios, la reducción máxima del agua del trasvase podría estar entre 70 y 110 hectómetros cúbicos y la inversión para garantizar de aquí a 2027 el agua desalada, reutilizada y el ahorro en eficiencia de regadíos nos permite como mínimo 140 hectómetros cúbicos, un volumen superior”, sentenció la vicepresidenta, que recordó que además el agua desalada tiene una ventaja: no depende de la lluvia, que puede no llegar, sino de la inversión y la decisión humana.

Los regantes, algunos de los cuales se manifestaban a las puertas de La Moncloa mientras hablaba Ribera, insisten en que esta solución no vale porque es mucho más cara y de peor calidad. La vicepresidenta recordó que se ha pactado un precio máximo de 34 euros del agua desalada también durante estos años de transición y aseguró que se garantizará la calidad para que no perjudique a las cosechas. .

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“En la buena dirección”

El Gobierno valenciano ha acogido con “satisfacción moderada” los cambios del real decreto que revisa el plan hidrológico del Tajo, del que depende desde hace cuatro décadas el trasvase al Segura del que dependen miles de regantes del sureste. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, las principales modificaciones “apuntan en la buena dirección” porque se admite la evaluación de la situación de ambas cuencas, tanto de la cedente, en función de la situación de los caudales, como de la receptora. Valora también el refuerzo de las inversiones (en desalación y reutilización y de las que se beneficiarán los agricultores, aunque son un escenario a futuro) y el compromiso del Gobierno de actualizar la planificación hidrológica a los 18 meses de la aprobación del real decreto.

La Generalitat valenciana asegura que el ministerio ha introducido cambios en la redacción de las disposiciones adicionales tercera y novena y, a pesar de su ambigüedad, entiende que dejan margen a la negociación. No obstante, el Gobierno de Puig analizará en detalle el nuevo texto y, en función de ese análisis, no descarta emprender otras vías legales “para defender aquellos puntos que no se ajusten a la postura del Gobierno valenciano y a las justas demandas de los regantes alicantinos”.

Por el contrario, desde el PP las críticas fueron inmediatamente muy duras. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, asegura que para él es un “disparate” la aprobación del recorte del trasvase Tajo-Segura y urge al Gobierno a “dar marcha atrás” en una decisión carente de “sentido común” y en la que, señala, “no prima el interés general”. El líder del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, lo ha calificado de “capricho ideológico”. Por parte de los regantes, el presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha anunciado un recurso ante el Supremo.

Recurso de Murcia

El presidente de la Región de Murcia ha convocado una rueda de prensa de urgencia tras conocer la aprobación del nuevo Plan Hidrológico para anunciar que la comunidad autónoma lo recurrirá ante el Tribunal Supremo. Los servicios jurídicos de su administración, ha dicho, están trabajando ya en ese recurso contra lo que ha definido como “el mayor ataque político perpetrado a nuestra comunidad en las últimas décadas” porque “ha sentenciado de muerte” el trasvase” y “aboca al Levante a la ruina” porque es “una tropelía sin base ni fundamento que golpea nuestro desarrollo social, económico y medioambiental”. Con la nueva normativa, el Segura podrá recibir entre 70 y 110 hectómetros cúbicos menos de agua al año de los que obtiene actualmente (aproximadamente la mitad que ahora), y Miras ha considerado que no se podrán suplir con agua desalada, como ha propuesto la ministra, ya que esta “no tiene la calidad necesaria para regar los cultivos”, es más cara y más contaminante y su traslado es inviable en muchos casos. Para el presidente murciano, ese recorte no está basado en criterios científicos o técnicos y no hay ningún informe que avale que el mismo supondrá un beneficio ecológico para el río Tajo y evidencia una falta de coordinación entre el plan de ese río y el del Segura, por lo que la tramitación del plan ha estado basada en el “sectarismo ideológico”.

El Tribunal Supremo ya desestimó el pasado mes de julio otro recurso presentado también por el Gobierno murciano contra el real decreto 638/2021, de 27 de julio, que modificaba diversas normas reguladoras del trasvase. También se posicionó en contra de los recursos que en el mismo sentido habían presentado la asociación ASAJA-Alicante, que fue desestimado el pasado noviembre, y contra el presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, que se rechazó en diciembre, informa Virginia Vadillo.

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