El Gobierno abre expediente sancionador a Falange por incumplimiento de la ley de memoria en los homenajes a Franco y Primo de Rivera

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha iniciado este lunes el expediente sancionador a Falange Española por un posible incumplimiento de la ley de memoria democrática durante la concentración en Madrid la noche del pasado 19 de noviembre y durante el acto de homenaje a José Antonio Primo de Rivera en los aledaños del Valle de Cuelgamuros la mañana del 20, aniversario de la muerte de Francisco Franco. El expediente considera que los hechos entran en la categoría de “infracción muy grave”, para la que la norma prevé multas de entre 10.001 y 150.000 euros.

El expediente recuerda que el pasado 27 de octubre, Manuel Andrino Lobo, jefe nacional de Falange Española, comunicó a la Delegación del Gobierno la realización de un “acto político por la derogación de la llamada ley de memoria democrática”, que incluía una marcha a pie para conmemorar la muerte de José Antonio Primo de Rivera el 20 de noviembre hasta el Valle de Cuelgamuros, antes llamado Valle de los Caídos. La Delegación del Gobierno recordó a los organizadores los artículos 38 y 62.1 de la norma, que prohíbe “la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.

La Brigada Provincial de Información de la Policía de Madrid emitió un informe en el que advertía de que antes de la realización del acto, la organización convocante había elaborado y difundido la marcha con pancartas e imágenes de exaltación de los dirigentes y participantes en la Guerra Civil y la dictadura y que, durante la marcha, unos 600 asistentes habían realizado el saludo fascista, cantado el Cara al Sol y lanzado vivas a Falange y José Antonio. Norberto Pico, de Falange Española, pronunció un discurso en el que aseguraba: “No hay ley que prohíba ensalzar a los héroes, por eso estamos aquí”.

Varias asociaciones memorialistas y personas que se identificaron como víctimas de la Guerra Civil y la dictadura enviaron escritos a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática exigiendo sanciones por el acto de Falange Española, que consideraban una “humillación” a los represaliados del franquismo. El Gobierno ha designado como instructora del expediente sancionador a María Jesús Gabín López, subdirectora general de Ayuda a las Víctimas. Falange Española tiene 15 días a partir de la notificación, este lunes, para formular alegaciones. Si reconocen voluntariamente su responsabilidad, la sanción acordada se reducirá en un 20%.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática está estudiando otros posibles expedientes sancionadores a locales y organizaciones por posibles incumplimientos de la ley.

La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, citada a declarar

Por otro lado, el juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de San Lorenzo de El Escorial ha citado a declarar este miércoles, en calidad de investigada por delito de prevaricación administrativa, a la alcaldesa de la localidad, Carlota López Esteban (del PP), después de que el abogado Eduardo Ranz presentara una querella contra ella por retrasar las exhumaciones de republicanos enterrados en el Valle de Cuelgamuros.

En junio de 2021, tras recabar todos los informes preceptivos, la Junta de Gobierno Local de San Lorenzo de El Escorial acordó conceder la licencia de obra para el inicio de los trabajos de exhumación. En noviembre de ese mismo año, el juzgado contencioso administrativo número 10 de Madrid suspendió dicha licencia tras una cascada de recursos presentados por organizaciones profranquistas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó ese auto, pero 12 meses después, la alcaldesa seguía negándose a reactivar la licencia para proceder a las exhumaciones, por lo que el abogado decidió presentar una querella por prevaricación administrativa. El Gobierno ha retomado este enero los trabajos para intentar devolver a sus familiares los restos de republicanos enterrados sin su consentimiento en el mausoleo franquista.