El Consejo del Poder Judicial estudia un código ético en el que se compromete a mantenerse al margen de presiones políticas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está prorrogado desde diciembre de 2018 por el rechazo del PP a pactar la renovación con el PSOE, tiene sobre la mesa la aprobación de un código de conducta específico para los miembros del órgano de gobierno de los jueces. El documento ha sido acordado, según fuentes del Consejo, por la red europeas de Consejos de Justicia e insta a los vocales a mantenerse al margen de cualquier “interferencia” que pueda socavar su independencia. El texto compromete también a los miembros del CGPJ a no ejercer actividades externas que puedan chocar con el código de conducta, lo que puede afectar a algunos vocales que compatibilizan su actividad en el Consejo con el ejercicio de la abogacía. Uno de ellos, el vocal Enrique Lucas, que dirige un despacho de abogados en Bilbao, ha pedido que la aprobación del código ético se debata en el pleno del órgano y no solo en la Comisión Permanente, cuyos miembros ya revisaron ayer el documento, según fuentes del Consejo. Otros vocales consultados no han pedido por ahora llevar al pleno este debate, aunque sí se muestran partidarios de que se haga.

El órgano de gobierno de los jueces no cuenta hasta ahora con unas reglas éticas propias, aunque participó en la redacción de los principios de ética judicial publicados en 2016 para los jueces y acordó su adhesión a este documento. El grupo que forman los consejos de justicia de Europa considera, sin embargo, que las normas éticas de la carrera son insuficientes para los miembros de un órgano como el CGPJ porque las tareas de estos son eminentemente administrativas y debe tener reglas éticas específicas, según consta en el documento, al que ha tenido acceso El PAÍS. “La conducta y la responsabilidad de los miembros de un Consejo del Poder Judicial deben ser superiores al grado de conducta y responsabilidad de los demás jueces”, señala el texto.

El texto elaborado para los consejos de justicia europeos, de 13 páginas, incide en los mismos principios que centran el código vigente para los jueces españoles (independencia, imparcialidad e integridad) y, como este, hace hincapié en la necesidad de actuar con transparencia. Pero el texto incorpora normas pensadas específicamente para los miembros del CGPJ, como la obligación de “diálogo continuo” con los demás poderes del Estado o de mantenerse libre “de influencias que comprometan o pueda entenderse que comprometen el cumplimiento” de sus funciones, reglas que, hasta ahora, no siempre se cumplían y que, en los últimos meses, pusieron al órgano de gobierno de los jueces en el centro de la crisis institucional generada por el retraso en la renovación del Tribunal Constitucional.

El documento compromete también a los vocales a mantenerse al margen “de cualquier influencia interna o externa”. “Los miembros de los consejos del Poder Judicial deben ser independientes de cualquier posible grupo de presión externo o interno a la magistratura, incluidos los poderes económicos o políticos, los medios de comunicación, la opinión pública, las organizaciones profesionales, los grupos formales o informales de presidentes de tribunales”, señala el texto, que añade que los consejeros “no actuarán ni se expresarán, por ningún medio, de manera que afecte negativamente a la percepción pública de su imparcialidad”. El código ético propuesto insta a primar la cooperación entre los vocales, para lo que exige que “deben evitarse las divisiones en grupos (mayorías frente a minorías) con visiones y opiniones diferentes dentro del Consejo”.

El documento dedica un apartado a las actividades externas que pueden realizar los vocales, un aspecto que puede afectar, sobre todo, según fuentes del órgano, a los que compatibilizan su labor en el CGPJ con su trabajo en despachos de abogados, como Enrique Lucas (socio de Gómez-Acebo & Pombo Abogados) o José María Macías (socio de Cuatrecasas). La ley que estaba en vigor cuando se constituyó el actual Consejo establecía que solo el presidente y los siete miembros de la Comisión Permanente tienen dedicación exclusiva mientras que el resto de miembros compatibilizan sus carreras como jueces o juristas con la labor en el CGPJ, del que solo cobran dietas y por asistencia a reuniones. El código ético estable que los vocales solo podrán participar en actividades externas “si son compatibles con sus obligaciones derivadas del código de conducta”.