La reforma del Código Penal acaba en bronca entre los grupos independentistas

La reforma del Código Penal no solo provocó este jueves en el Congreso la más ruidosa confrontación de toda la legislatura entre la derecha y el Gobierno, sino que evidenció la enorme fisura abierta dentro de las filas del independentismo. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, contestó con gran dureza al de Junts, Josep Pagès, después de que este recriminase a los que fueron sus socios en el Govern el acuerdo alcanzado con el PSOE. Tanto Junts como otro grupo independentista, la CUP, votaron contra la propuesta.

La eliminación de la sedición y la rebaja de penas por malversación cuando no se acredite lucro personal aliviarán las acusaciones contra dirigentes independentistas aún con procedimientos judiciales abiertos por su papel en el procés. En el caso de la malversación, uno de los favorecidos puede ser el gran referente de Junts, el expresident Carles Puigemont.

Aun así, su partido se ha opuesto desde el principio a la reforma pactada por ERC y el Gobierno. Su argumento principal es que tanto el nuevo delito de desórdenes públicos agravados como el retoque de la malversación seguirían siendo aplicables a los promotores del procés. Y Junts hace bandera de sostener que en otoño de 2017 sus miembros no cometieron ningún delito y se limitaron a ejercer “un derecho democrático”.

Esa fue la justificación esgrimida por Pagès, el jurista del grupo de Junts en Madrid, para defender en el pleno del Congreso su rechazo a la propuesta. Pagès se dirigió expresamente a Rufián encadenando una serie de preguntas retóricas: “¿Cree que yo soy un delincuente? ¿Lo es usted? ¿Lo es Oriol Junqueras? ¿Lo es Carles Puigdemont?...” Y así fue citando a diversas figuras prominentes del independentismo.

El discurso no sentó nada bien a Rufián, que lo primero que hizo al subir a la tribuna fue dirigirse al diputado de Junts: “¿Sabe quién es un delincuente? Usted no, ni ninguno de los que ha dicho. Luis Enrique Hellín, el perito que contrató su jefa para su defensa. Este es un delincuente”. Hellín, un antiguo ultraderechista condenado por asesinato, ejerce como perito judicial de la exlíder de Junts y expresidenta del Parlament Laura Borràs en el proceso abierto contra ella por presunta adjudicación irregular de contratos a un amigo. Rufián aún remató desdeñoso: “Y me da igual los titulares que hagan sus medios de comunicación. Ya basta”.

La CUP se mantuvo al margen de la refriega entre las otras dos principales fuerzas del independentismo. Su rechazo a la reforma se basa en razones parecidas a las de Junts, en este caso con más hincapié en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados que, según la CUP, va a permitir “criminalizar” a los movimientos sociales. Con todo, su diputada Mireia Vehí dedicó la mayor parte de su intervención a criticar al Tribunal Constitucional relacionando su actuación de estos días con la que mantuvo contra las resoluciones del Parlament en la época del procés.

Los recelos que despierta ese nuevo delito provocaron que otra de las fuerzas de izquierda, el BNG, también votase en contra. Compromís se abstuvo por un motivo diferente, la rebaja de penas por malversación. El PNV, en cambio, se adhirió con entusiasmo y con un discurso inusualmente duro contra los jueces y contra el PP. Su diputado Mikel Legarda rebatió el discurso de los populares de que el objetivo del Gobierno es manipular el Poder Judicial. “Quien lo dice”, denunció Legarda, “es quien lo ha manipulado y quien lo sigue manipulando”. El diputado vasco propugnó que, dada la situación actual, deberían reformarse las leyes que regulan el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.