Primer acuerdo para que un empresario evite la cárcel en la macrocausa de los ERE

Este lunes el dueño de la empresa Picos Yeyé, fabricante de productos de panadería, ha evitado su ingreso en prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en la macrocausa de los ERE. Es el primer pacto al que llega un acusado de esta descomunal causa para evitar el juicio y que allana el camino para evitar el atasco que sufre la Audiencia de Sevilla por culpa de los 139 procesos pendientes de vista oral. La pieza política, por la que fueron condenados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, es de momento la única con sentencia firme del Tribunal Supremo tras casi 12 años desde que se inició la investigación judicial.

El juicio estaba previsto este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia sevillana, con el administrador de la empresa gaditana Picos Yeyé como único acusado del procedimiento, por prevaricación y malversación, tras haber recibido en 2009 de la Junta andaluza una ayuda de 120.000 euros. Tras alcanzar un pacto con Anticorrupción y las acusaciones, el empresario ha aceptado una pena de un año y seis meses de cárcel —por lo que no entrará en prisión al carecer de antecedentes — y el pago de los 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Ante la sucesión de piezas pendientes de ser juzgadas en la Audiencia, el atasco es tal que la semana pasada se fijó el juicio para el caso Aznalcóllar —por la concesión de la explotación de la mina en concurso público— y la fecha denota la congestión que sufre el órgano judicial: marzo de 2025, casi dentro de dos años y medio.

Durante la instrucción de la pieza de Picos Yeyé, el juez Juan Ignacio Vilaplana consideró que el empresario “participó directamente en el mecanismo arbitrario y defraudatorio de la concesión de la ayuda”, al haber sido conocedor de que la Junta no siguió los mecanismos legales para conceder la ayuda. La Fiscalía pidió para el empresario dos años y nueve meses de cárcel.

En la investigación, el instructor archivó las actuaciones contra el exdelegado de Empleo de la Junta en Cádiz, Juan Manuel Bouza, por falta de indicios de criminalidad. En paralelo, sacó del procedimiento a los tres ex altos cargos de la Consejería de Empleo que concedió la subvención a la empresa al haber sido ya juzgados en la pieza política por el total de las ayudas públicas: el exconsejero Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Juan Márquez.

La macrocausa de los ERE acumula un total de 93 piezas separadas en tramitación en el Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla: 67 de ellas en fase de instrucción de diligencias previas y las 26 restantes en fase intermedia, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Mientras, ya hay 46 piezas elevadas a la Audiencia pendientes de su enjuiciamiento, pero solo seis han sido juzgadas, la pieza política, Acyco, Novomag, ayudas del corcho, Picos Yeyé y Nerva Croissant, esta última aún sin sentencia.