La Fiscalía ve normal revisar penas con la ‘ley del sí es sí’ y afirma que dará prioridad “al amparo a las víctimas”

La diplomacia no ha disimulado la tensión entre Irene Montero y los principales referentes de la justicia española después de que la ministra de Igualdad acusara a los jueces y fiscales de ser unos “machistas” y de no tener la formación necesaria para aplicar la Ley de Garantía de la Libertad Sexual o ley del solo sí es sí, cuya revisión plantean desde barones del PSOE hasta socios del Gobierno como el PNV tras la rebaja de condenas a agresores sexuales de menores. La magnitud del malestar de la judicatura ha sido patente más allá de las buenas formas durante la inauguración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, este jueves en la antigua sala de sesiones del Senado. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo; y la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, han defendido la formación de los magistrados y del conjunto del sistema judicial frente a Montero, que a diferencia de la víspera ha mantenido un perfil más bajo y ha sido más cuidadosa con sus palabras, que han indignado sin excepción a todas las asociaciones de jueces; desde las más conservadoras hasta las más progresistas. Aun así, la ministra y dirigente de Podemos ha insistido en que hay un problema de formación: “Es nuestra obligación garantizar que los profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes”.

“España ha sido y es pionera en la lucha contra la violencia de género. La fiscalía española es un referente no solo a nivel europeo sino mundial. Los fiscales están formados y especializados en perseguir toda forma de violencia de género y de castigar a sus autores. También están preparados para colaborar en la prevención y sensibilización social y sobre todo para prestar a las víctimas toda la atención, protección y asistencia personalizada que precisen”, ha defendido Álvaro García Ortiz al inicio de su intervención en un acto en el que han sobrevolado las peticiones de dimisión de la ministra de Igualdad. El fiscal general del Estado se ha comprometido a huir de “automatismos” en las revisiones de condena que lleguen a su departamento como consecuencia de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. García Ortiz ha subrayado que abordará el reexamen de las sentencias “con prioridad de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales”. También ha normalizado que se estén repasando las penas porque, ha dicho, cualquier modificación de los tipos penales conlleva, “como cualquier otra reforma, una revisión de algunas de las condenas existentes”.

La Fiscalía General del Estado ha pedido este jueves a las fiscalías autonómicas que le envíen los autos dictados en sus territorios sobre revisiones de penas por la ley del solo sí es sí y el escrito presentado por el fiscal en cada caso. En un oficio remitido a todos los fiscales superiores, la jefa de la secretaría técnica, la fiscal Ana Isabel García León, reclama toda la información “al objeto de hacer un seguimiento de las resoluciones judiciales que supongan una reducción de las penas impuestas en sentencias firmes tas la entrada en vigor” de la reforma del Código Penal para los delitos sexuales. García León señala en su escrito que actúa “siguiendo indicaciones” del fiscal general, Álvaro García Ortiz, informa Reyes Rincón.

La primera en explicitar su malestar con las acusaciones de la ministra de Igualdad ha sido María Ángeles Carmona, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. “No quiero terminar mi intervención sin expresar mi apoyo a los jueces de toda España por su entrega, esfuerzo y profesionalidad en la resolución de los asuntos. Las mujeres pueden estar seguras de que nuestros jueces tienen una sólida formación y de que afrontan cada caso con enorme profesionalidad y con la sensibilidad y comprensión necesarias hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia machista”, ha recalcado al inicio del acto. La víspera, Montero había insistido en que la ley está “bien redactada” y es “un problema de aplicación e interpretación” por parte de los jueces y fiscales por su falta de formación en perspectiva de género.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, también ha sido tajante, sin perder la cortesía, en su defensa de los togados. “La justicia está comprometida de manera absoluta en la lucha contra este terrible fenómeno, este es el compromiso del CGPJ y de los más de 5.600 jueces que conforman la carrera y también de los 600, aproximadamente, que se ocupan de violencia de género, más de 100 de manera exclusiva”, ha aseverado. “Tenemos un plan de formación excelente, especialmente en materia contra la violencia género”, ha concluido.

En plena batalla con el poder judicial, la ministra de Igualdad ha asegurado, sin ser “autocomplaciente”, que la implantación de políticas públicas y de cambios normativos en los últimos años ha “permitido garantizar los derechos de las mujeres y de la infancia que sufre la violencia machista”. Montero ha destacado incluso “el importante rol de la Fiscalía para lograr la aplicación efectiva de las nuevas normas”, mientras se encuentra en plena batalla con las organizaciones de jueces y fiscales de España. El ministro del Interior y exvocal del CGPJ, Fernando Grande-Marlaska, ha eludido el menor apoyo a la ministra de Igualdad.