El calvario de cientos de vecinos de Palma: miles de euros a pagar por multas sin notificar porque el mensajero las tiró a la alcantarilla

Una multa por saltarse un semáforo en ámbar que se podría haber saldado pagando cien euros se ha convertido en una sanción de 630 euros que le cargarán próximamente en la cuenta bancaria. Juan José Rodríguez, jubilado, es uno de los cientos de vecinos de Palma que ha denunciado que nunca recibió las notificaciones de la multa que le puso un radar y que le tendrían que haber entregado en su domicilio los repartidores de la empresa CI Postal, concesionaria del servicio de notificaciones. En julio de 2020 cruzó con el coche un semáforo que se puso en rojo cuando todavía estaba en el paso de peatones y fue multado por el radar. Lo desconocía hasta que en marzo del año siguiente le entregaron una carta certificada de la Agencia Tributaria de Baleares en la que se le informaba de que tenía pendiente de pago una sanción de 600 euros. En el Ayuntamiento le informaron de que le habían notificado dos avisos y al no contestar, le habían aplicado un recargo. “Nunca me notificaron nada” afirma.

No es el único caso. Son más de medio millar las personas que se han agrupado en dos canales de Telegram para impulsar la presentación de una demanda conjunta contra el Ayuntamiento de Palma por cientos de casos de multas que nunca fueron notificadas y que ahora han disparado su cuantía. Los afectados no piden la cancelación de las multas, sino retrotraer los expedientes sancionadores al principio del proceso para que las multas sean notificadas en tiempo y forma y tengan derecho a pagar las sanciones con la bonificación. La empresa CI Postal es la adjudicataria del servicio de notificaciones en la capital, un procedimiento que tiene varias fases. Se intenta dar con el afectado en su domicilio una primera vez y una segunda tres días después si no se ha localizado a la persona. Si en esa segunda ocasión tampoco es posible dar con el titular, el afectado tiene que acudir a recoger la notificación a la sede de la empresa CI Postal. Si no lo hace en el periodo de días indicado, la multa sigue su trámite hasta ser publicada en el BOE, el afectado pierde la oportunidad de pagarla con la bonificación y comienzan a sumarse recargos.

Es el caso de Raúl Lodeiro, que tiene pendientes 18 multas de 330 euros y una de 900 euros de un radar situado en la calle Pompeu Fabra. “Me llegó una primera, ya sin posibilidad de tener bonificación, que pagué. Pasados unos días recibí una segunda que también pagué y después me llegaron seis de golpe. Cuando fui al Ayuntamiento me dijeron que había otras diez. Si me hubiera llegado la primera en tiempo y forma, habría pagado con descuento y obviamente no habría vuelto a pasar por esa calle” explica. A José Blanco le notificaron directamente una multa de 300 euros y en el Ayuntamiento le dijeron que la empresa CI Postal había informado de que se intentó dar con él en dos ocasiones, pero que no contestó. Sin embargo, Blanco asegura que las coordenadas que el repartidor había reflejado en su geolocalizador para justificar que le había entregado las notificaciones no coinciden con la dirección de su casa. “Esta gente pasa por la calle y sin llegar al buzón ni al portal dicen que han notificado la multa y así lo comunican al Ayuntamiento, cuando en realidad no lo han hecho” sostiene. En el grupo de Telegram se exponen casos sorprendentes: una mujer que se ha enterado de que tiene más de 10.000 euros pendientes de pago, otra a la que le retiran parte de la exigua pensión de viudedad y un hombre al que le han embargado parte de una prestación de último recurso.

Cartas tiradas

No es la primera vez que la empresa de reparto CI Postal está bajo sospecha. El pasado mes de febrero, cuatro trabajadores y la responsable de la compañía en Baleares fueron detenidos por la Policía Nacional acusados de falsificar firmas para simular que habían entregado las notificaciones a varios vecinos. La investigación localizó a más de una veintena de afectados por multas con notificaciones falseadas entre 2020 y 2021. El Ayuntamiento de Palma abrió entonces un expediente sancionador a la empresa, que ha seguido realizando las labores de reparto a pesar de que desde el Consistorio deslizaron la posibilidad de no renovar el contrato. De momento se encargará del servicio hasta marzo de 2023, tras una prórroga de seis meses concedida el pasado mes de septiembre por el área de Calidad que depende de la regiduría —equivalente a concejalía― de Justicia Social, Feminismo y LGTBI+, gestionada por Podemos, que está ultimando el pliego de condiciones para cambiar de compañía.

Con la prórroga recién firmada, a principios de octubre un vídeo grabado por una vecina mostraba cientos de cartas sin abrir tiradas en el tubo de una canalización de aguas cerca del torrente de Na Bàrbara. La mayoría de misivas eran de empresas de energía, bancos y compañías de telefonía que tenían que ser repartidas por CI Postal y contenían datos personales de sus destinatarios, como direcciones y números de cuentas bancarias. Las imágenes de cientos de cartas esparcidas por el suelo se repitieron en otras zonas de la ciudad, como un descampado cerca del hipódromo de Son Pardo. “Nos obligan a repartir 1.200 cartas y multas en un día” afirmó un extrabajador de la empresa al diario local Última Hora, donde denunciaba la extrema precariedad y la explotación a la que se veían sometidos los empleados que, según dijo, tenían que ejecutar los repartos a pie y asumiendo cualquier tipo de gasto en el que incurrieran.

Esta empresa, que se encarga del reparto de notificaciones en otros Ayuntamientos, ya recibió quejas por episodios similares en la ciudad de Oviedo. Según publicó La Nueva España el gobierno municipal investigó a la empresa por las denuncias de decenas de conductores que recibieron multas de tráfico muchos meses después de cometer las infracciones, perdiendo la posibilidad de pagar con la bonificación del periodo de pago voluntario. Algunos conductores, igual que en el caso de Palma, habían sido directamente notificados del embargo de sus cuentas. La empresa, en aquella ocasión, aseguró que las reclamaciones de estos vecinos no tenían fundamento y que se cumplía con la Ley de Procedimiento Administrativo. El Ayuntamiento de Oviedo ya no figura en la lista de clientes que CI Postal exhibe en su página web.

A pesar de las reiteradas denuncias y recursos interpuestos por los vecinos, el Ayuntamiento de Palma no está dispuesto a iniciar de nuevo todos los expedientes sancionadores e insisten en que son pocas las multas afectadas por la ausencia de notificación, que circunscriben al año 2021. El Ayuntamiento da por válidas las geolocalizaciones de los repartidores de la empresa para justificar la entrega de las notificaciones, pero los vecinos sospechan que en buena parte de los casos ni siquiera llegan a tocar el timbre. “Se ha estudiado cada caso, se ha comprobado el procedimiento de notificación y si se ha visto que no era el adecuado se ha eliminado el recargo y se ha vuelto al periodo de pago voluntario de la multa. Si algún ciudadano todavía considera que ha sido perjudicado por este sistema de notificación, que hablamos de 2021, que nos los haga saber al Ayuntamiento” dice el alcalde de la localidad, José Hila. Lo cierto es que en los grupos de Telegram cada día hay surgen nuevos episodios y aumenta el número de vecinos que pretenden sumarse a la demanda colectiva.