Dos escándalos sexuales sacuden a la empresa pública de limpieza de Gijón: “¿Dónde va la cosa más sexy?”

A principios de año, un trabajador de Emulsa, la empresa municipal de limpieza de Gijón, presentó una denuncia en la empresa por los abusos laborales de un superior. Se quejaba de asuntos relacionados con la carga de trabajo y los malos modos del capataz. La compañía pública abrió una investigación en la que interrogó a varios empleados. En esas reuniones con sus compañeros encontraron algo más. En una de ellas, el entrevistado comentó que eso no era lo peor, que había visto a compañeras llorar por el acoso de ese capataz. Poco a poco se fueron uniendo más voces a ese relato, todos los testimonios fueron moldeando de forma precisa el retrato de este jefe que tocaba innecesariamente, entraba en el vestuario, tomaba fotos y soltaba comentarios fuera de tono a sus subordinadas más vulnerables, las contratadas temporales que necesitaban su aval para ganar puntos para optar a ser indefinidas.

El escandalo ha sacudido Gijón esta semana porque además se suma a otro en el mismo periodo de tiempo. Una circular enviada desde el consistorio a todos los colegios e institutos de la ciudad alertaba a los directores de los centros de la detención de un empleado de la misma empresa por supuesta corrupción de menores. El auto judicial establece una distancia mínima de 200 metros de cualquier sitio en el que haya niños. Aunque ambos casos no están relacionados, para muchos sí que evidencian la necesidad de cambiar las cosas en una empresa 100% pública en la que algunas voces consultadas denuncian que existe un “pacto de silencio” en esta compañía que da trabajo a más de 700 personas.

Olmo Ron es el concejal de Mantenimiento y Obras Públicas y presidente de Emulsa. “Todos los sabían y nadie denunció...”, se lamenta. Habla del caso del capataz de 60 años despedido por las acusaciones de abuso continuado. La investigación sobre su trato a las empleadas describe 20 años de piropos indeseados, manoseos habituales y palabras obscenas, de trabajadoras afectadas psicológicamente y de compañeros que callaban o le reían las gracias. “¿Dónde va la cosa más sexy?”, refleja el informe elaborado por una comisión que le dijo a una empleada. Los encargados de la investigación han sido dos empleados de Emulsa, dos técnicos de prevención de riesgos laborales y dos delegados del Ayuntamiento. “Determinan de forma unánime que hay acoso y dan total credibilidad a los declarantes que son o testigos directos de lo sucedido o las propias afectadas”, asegura el concejal. De las pesquisas se deduce que la actitud del jefe era vox populi en la plantilla. “Duele especialmente porque esta empresa fue pionera en aprobar su plan de igualdad, pero si solo se hace en el papel y no en la realidad, no sirve de nada”, reconoce Ron.

Para Ron, lo que refleja en realidad este caso es un modo de gestionar una empresa anclado en el pasado, de esos de los de limpiar los trapos sucios en casa: “Se evidencian unas relaciones entre mandos que se protegen unos a otros por intentar salvaguardar la imagen de la empresa o que buscan arreglarlo a su modo sin utilizar los protocolos establecidos”. El informe refleja que uno de los superiores del capataz y el encargado de servicio quedó para hablar del tema con ellos en una cafetería alejada de la sede en la que todos trabajaban. El Ayuntamiento ha propuesto el cese del gerente de la empresa, Alfredo Baragaño, pero el consejo de Administración compuesto por representantes municipales, de asociaciones ciudadanas y sindicatos votó en contra este viernes. El 14 de octubre, el capataz acusado de abusos firmó su carta de despido.

La investigación también deja claro que algunas de las mujeres trataron de pedir ayuda y no se les hizo caso. Por ahora, ninguna de las víctimas ha dado el paso de denunciar. El asunto ha quedado ya en manos de la Fiscalía. “Lo que estamos viendo es uno de los problemas que las mujeres tienen cuando sufren violencia: la dificultad de denunciar. Incluso cuando el entorno inmediato se entera, no se las ayuda ni se las apoya para que vayan adelante”, apuntó la alcaldesa, Ana González, antes de entrar este lunes a una reunión con las representantes de las asociaciones feministas de la ciudad para tratar este asunto. “Este señor evaluaba a las trabajadoras temporales, lo cual es terrible. Era alguien con poder real, con un poder muy importante. Imagínate ser una trabajadora y que te toque un tipejo así”, añadió.

Charo Blanco y María José Cuervo son dirigentes en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón. Esta agrupación tiene un asiento en el Consejo de Administración de Emulsa. “¿Dónde estaban los compañeros, los sindicatos, donde estaban los mandos intermedios, los cargos políticos?”, se pregunta Cuervo. Manuel Cañete, el presidente de esta federación, se indigna: “¿Pero cómo puede ser que el 80% de la nota de un trabajador eventual de cara a un contrato indefinido la marque su capataz? ¿Estamos en el medievo?”. Su representante en el consejo de Emulsa votó no al cese del gerente y justifican su decisión: “Es que no queremos que esto se quede con ese cese, queremos que se investigue a todos, a los que supieron y no actuaron, a los que miraron para otro lado, a los que intentaron taparlo”.

Al terremoto que ha supuesto este caso en la ciudad, se ha sumado en la misma semana el del supuesto pedófilo barrendero del que se advirtió a los centros educativos de la ciudad. En la circular que se envió a los directores, la concejalía de Educación añadió el auto del juez en el que se relataba parte de la investigación policial, con los datos personales del acusado y de su madre, con la que vive. Se trata de un empleado de Emulsa desde hace dos décadas, según se puede comprobar en sus redes sociales. El detenido ya estuvo investigado en el pasado por delitos sexuales contra menores, por lo que ya le constaba una orden de alejamiento contra un adolescente.

Este hombre faltó al trabajo dos días, y era imposible dar con él. Cuando regresó el lunes explicó lo sucedido: la policía le había detenido y había requisado sus dispositivos electrónicos. Fuentes sindicales indican que entonces, después de muchos años cubriendo con su escoba y su carro el mismo barrio, sus superiores le trasladaron a otro alejado. Estas mismas fuentes apuntan que la investigación policial influyó en el cambio de destino. Ahora que el caso ha salido a la luz pública después del comunicado municipal, el trabajador ha sido suspendido de su puesto al menos hasta la celebración del juicio. El auto al que ha tenido acceso este periódico especifica que la policía localizó en una nube de Google Photos a nombre del detenido en la que aparecía numeroso material pedófilo almacenado entre marzo y julio de 2022 y que el acercamiento a algunos de sus víctimas se produjo en las horas de recreo de los escolares. Por eso, el Ministerio Fiscal exige que esté alejado de centros educativos. “Su presencia cerca de menores constituye un riesgo para todos ellos”, recalca el escrito.

Dos escándalos en la misma semana que pueden ser la punta del iceberg de algo que se lleva fraguando años. Un silencio generalizado que ahora ha estallado por partida doble.