El libro rojo de los cazadores furtivos

En el libro, una suerte de “registro o agenda de tapas rojizas”, el taxidermista anotaba, de manera poco exhaustiva, “los nombres, el apellido, o el mote” de sus clientes, los animales que les recepcionaba y el lugar en el que habían sido cazados, recuerda un agente del Seprona de Ávila, el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil. Solo unos días antes, el pasado mes de mayo, el mismo agente había escuchado en un bar una conversación de cazadores que hablaban de que iban a llevar “una serie de piezas cazadas ilegalmente” a un taxidermista de Móstoles (Madrid). Y hasta allí se trasladó con su equipo. En una nave industrial destartalada y sucia, junto al libro rojo, encontraron 13 trofeos de corzo, un cráneo de lobo, un congelador con especies alóctonas (cotorra nanday) pendientes de realizar taxidermia, cuatro trofeos de macho montés y 123 precintos de caza (etiquetas en las que aparece marcada la especie abatida y la fecha de su caza). De los precintos incautados, la mayoría de ellos habían sido manipulados. La llamaron Operación Ro3buk.

En ese libro de registro de clientes, obtenidos por el taxidermista tras décadas de trabajo dedicado a disecar animales en empresas legales, en las que se convirtió en un referente en el mundo de la taxidermia, aparecían nombres de personas ilustres de la aristocracia española como Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, marqués de Valdueza y propietario de importantes cotos de caza en España, y su sobrino Gonzalo Ciriaco Vicente-Mazariegos; Juan José Franco y de Suelves, uno de los bisnietos de Franco y gestor de cotos de caza; la empresaria y propietaria de una conocida armería de Madrid, Beatriz Fernández de Córdoba Ruiz de Ocejo, tal y como adelantó este miércoles El Confidencial. El taxidermista “no colaboró”, pero un total de 23 personas, entre las que se encuentran abogados, empleados de banca y empresarios, fueron descubiertas gracias a las anotaciones de ese cuaderno rojo y a las posteriores cotejos de los agentes del Seprona en las correspondientes delegaciones provinciales de caza. Se les imputan delitos de falsedad documental, contra la flora, fauna y animales domésticos (furtivismo), encubrimiento, receptación y grupo criminal.

“Lo que hacían era trucar los precintos, una suerte de bridas que es obligatorio ponerle a los animales una vez cazados y de acuerdo con los permisos que se han establecido para coto de caza tras los preceptivos estudios cinegéticos de cada lugar, por ejemplo, en Burgos o Soria, un precinto para cazar un corzo puede rondar los 2.000 euros”, explican los investigadores. “Es decir, cada coto tiene un número asignado de precintos, pero lo que hacían los implicados en esta trama era usar un mismo precinto para varios animales compinchados con el taxidermista”, añaden. De ese modo podían cazar más animales por un precio menor. El taxidermista, que puede cobrar entre 60 o 100 euros por disecar un cráneo de corzo, aceptaba hacer su trabajo, incluso a animales sin precinto, aseguran los agentes. Su “negocio” se encontraba en situación ilegal, al carecer de licencia ambiental. No estaba dado de alta como autónomo en la Seguridad Social, ni registrado en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ni al corriente de pagos con Hacienda.

Las investigaciones de los agentes del Seprona determinaron que 60 cotos repartidos por las provincias de Castilla y León, Extremadura y Aragón, junto con los de las provincias de Guadalajara, Albacete, Toledo, Málaga, Castellón, Tarragona, Madrid, incluso las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León y de Aragón, se habían visto afectados. Y, aunque el taller del taxidermista ha sido cerrado y precintado, aún queda una decena de anotaciones de ese libro rojo sin identificar.

Tirando del mismo hilo y siguiendo ese mismo patrón, los agentes del Seprona han investigado a otras 74 personas por intentar dar visos de legalidad en una taxidermia de Burgos a 258 animales (corzos, gamos y ciervos) cazados irregularmente. La han bautizado como Operación Corcyl y entre los investigados se encuentran, además de dos taxidermistas, cazadores y gestores de cotos de caza.