La Guardia Civil investiga a cinco personas de dos empresas de reforestación por el megaincendio de Zaragoza

La Guardia Civil está investigando a cinco personas como supuestas autoras de un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave, ya que eran los responsables o controladores del trabajo de reforestación que el 18 de julio originó el fuego que calcinó 10.347 hectáreas y obligó a desalojar a 1.700 personas en Ateca (Zaragoza). Se trata del operario de la máquina ahoyadora cuyas cuchillas chocaron con una piedra y originaron las primeras llamas y su jefe directo en ese momento, ambos vinculados a la empresa zaragozana Campos Rey. También se investiga a tres miembros de Land Life, la compañía de Países Bajos y con oficinas en Burgos que tenía el encargo de repoblar el paraje de la Dehesa del Monegrillo, entre las localidades de Ateca y Bubierca, y que subcontrató a la anterior. Las negligencias en los trabajos en el monte son la principal causa de los últimos incendios esclarecidos en España.

El incendio de Ateca comenzó sobre las 16.30 del 18 de julio y fue dado por extinguido el 1 de agosto. Durante ese tiempo recorrió los municipios de Ateca, Bubierca, Moros, Villalengua, Terrer, Alhama de Aragón, Villarroya de la Sierra, Cetina y Embid de Ariza, hasta quemar 10.347 hectáreas, el 76% de toda la superficie calcinada en lo que va de año en Aragón. La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón mantiene en sus boletines estadísticos que la causa de este siniestro que ha destrozado la comarca de Calatayud fue un “accidente”. No obstante, el Gobierno que preside Javier Lambán ha puesto la investigación de este fuego en manos de la fiscalía de Zaragoza.

El fuego prendió cuando una máquina ahoyadora estaba cavando un hoyo para plantar un cepellón. Las cuchillas golpearon una roca, y saltaron las chispas. “Aunque la zona del incendio carece de arbolado, sí había monte bajo y mucha herbácea, por lo que el fuego corrió como la pólvora”, ha explicado el teniente José Antonio Gila, jefe del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza, la policía verde de la Guardia Civil) en la Comandancia de Zaragoza. El terreno estaba reseco y sin una brizna de humedad.

Los agentes encargados de la investigación interrogaron inicialmente a las personas que estuvieron cerca del fuego, sobre todo aquellas que hicieron las primeras llamadas de alerta, entre las que se encontraba el operario. “Por las declaraciones vimos que las personas señaladas no habían hecho todo lo correcto”, asegura el oficial. Así, fue localizado el punto exacto del inicio del fuego, allí donde las dos puntas de cuchilla de ahoyadora chocaron con la roca. En total iban a ser reforestadas 500 hectáreas de una finca de uso recreativo y cinegético, “formada por rasos, sin apenas masas arboladas y carecía de una red de caminos, necesaria para su gestión”, según ha contado del proyecto la firma zaragozana que los ejecutaba.

La firma zaragozana que ejecutaba los trabajos contaba con permiso del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). No obstante, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente asegura que había “recomendado” que se aplazaran los trabajos de reforestación (los árboles se van a plantar en invierno) o que, al menos, las labores no se llevaran a cabo en las horas centrales del día “por riesgo de incendio”. Land Life, por su lado, reconoció desde las primeras horas que los trabajos de repoblación causaron las llamas.

Esta recomendación fue cursada a Land Life el 21 de junio mediante correo electrónico por los responsables de lucha contra el fuego del Departamento de Agricultura, poco después de que otro incendio causado por una máquina ahoyadora de las mismas empresas, en la misma zona, quemase 22,5 hectáreas de monte bajo y pinar en el término municipal de Bubierca, tal y como denunció el alcalde de la localidad, Antonio Borque. Este segundo fuego arrasó 10.000 hectáreas, según las estadísticas oficiales de Aragón publicadas el 7 de agosto.

Las pesquisas del Seprona apuntan a la posible comisión de una “imprudencia grave por parte de las personas que manejaba los mandos de la máquina y de las empresas que dirigían y supervisaban los trabajos. Los investigadores han puesto el resultado de sus investigaciones en manos del Juzgado de Instrucción de Calatayud, que se ha hecho cargo del asunto, y de la Fiscalía Provincial de Zaragoza.