Los socios del Gobierno cuestionan la nueva ley de secretos oficiales

A pocas horas de que el Consejo de Ministros dé su primer visto bueno al anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales, que contempla periodos de hasta 50 años para desclasificar determinada información reservada, los aliados parlamentarios del Gobierno y la oposición han mostrado sus discrepancias sobre el texto. Unidas Podemos, el socio minoritario del Ejecutivo de coalición, también ha expresado sus reticencias.

El PNV, que ha reclamado en los últimos años la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, del periodo franquista, ha criticado la falta de diálogo e información del Ejecutivo y se ha mostrado decepcionado por los plazos de desclasificación de información. Bildu ha pedido una rectificación de la propuesta porque “no cumple con la palabra dada por el Gobierno” y, si se aprueba, dejará sin aclarar “casos flagrantes” de vulneración de derechos, como la guerra sucia contra ETA perpetrada por los GAL.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, asegura que no ha habido “ningún contacto” de La Moncloa con los populares y ha pedido al presidente Sánchez que la pacte con su formación. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lanzado un “llamamiento a todas las formaciones para que esta ley tenga una vocación de futuro”.

El anteproyecto de ley de información clasificada, que sustituye a la vigente Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968, fijará por primera vez la caducidad temporal de los secretos del Estado, que hasta ahora tenían un carácter indefinido. Según fuentes gubernamentales, esos altos secretos permanecerán ocultos a la opinión pública durante 50 años, aunque el Gobierno podrá prorrogarlos una década más. La norma también fija un cauce para que los jueces soliciten la desclasificación de un documento o establece que la Autoridad Nacional de Seguridad (ASN), organismo que vela por la protección de la información clasificada, dependa ahora del Ministerio de la Presidencia. Hasta ahora era competencia del Ministerio de Defensa.

Aunque para cambiar la Ley de Secretos Oficiales basta la mayoría simple del Congreso, el Gobierno tiene la intención de buscar el mayor respaldo posible a la reforma en su tramitación parlamentaria, incluido el del PP. “No hemos tenido ni tan siquiera un ‘Ok, nos vemos’ para abordar temas tan importantes como todo ello”, se ha quejado Gamarra en una entrevista concedida a Europa Press. “Las propuestas y las políticas de Estado deben ser consensuadas entre los dos grandes partidos, que son aquellos que están llamados a gobernar España”, ha añadido. Vox ha acusado a Sánchez de tapar sus maniobras contra el Estado con su nueva norma, según declaraciones a Efe del secretario nacional de Vox, Javier Ortega Smith.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, cuyo Ministerio deja en manos de Presidencia el control de la información clasificada con esta normativa, la ha calificado de “absolutamente imprescindible”. Con todo, ha reconocido durante una entrevista en La Sexta que “podrá haber mejoras”, y ha emplazado, ante las críticas de los grupos parlamentarios, al trámite parlamentario.

Los ministros de Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno de coalición, no se han manifestado públicamente en contra, pero sí lo han hecho los representantes de su grupo parlamentario. “Ocultar secretos a la ciudadanía durante 50 años o más es tratarla como menor de edad. No es propio de democracias maduras tener miedo a conocer”, ha manifestado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, a través de Twitter. Pablo Echenique ha incidido a través de esta misma red social en que la iniciativa es del PSOE.

Fuentes próximas a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, argumentan que “50 años no es un plazo aceptable para levantar el secreto sobre los secretos oficiales”. Y añaden: “En otros países de nuestro entorno, el plazo es de 20 o 30 años. No entendemos por qué fijan ese plazo y no queremos pensar mal. Tenemos una democracia suficientemente madura para fijar ese plazo de 30 años máximo. Le hemos trasladado a la parte socialista del Gobierno que no estamos de acuerdo, aunque hemos decidido pactar esta discrepancia dado que se trata de una primera lectura del anteproyecto de Ley. Habrá una segunda vuelta donde intentaremos incluir nuestras propuestas. Aunque los ministerios implicados no sean los nuestros, en leyes de calado se tiene que negociar con la vicepresidenta segunda, cosa que hicieron y entendieron nuestra discrepancia. Se comprometieron a seguir negociando para buscar puntos en común en la segunda vuelta”.

Íñigo Errejón, diputado de Más País, también ha evidenciado su malestar: “Una democracia es tanto más fuerte cuanta más transparencia puede asumir. La propuesta de ley de secretos oficiales del Gobierno es decepcionante y sigue tratando a los españoles como menores de edad”. En este sentido, fuente de dicho partido han insistido en que, “en democracia, incluso los ángulos ciegos deben estar sometidos a control”: “Nosotros no creemos que deban pasar más de 10 años para poner en conocimiento público la información reservada, y no más de 25 años para la información secreta. Si alguien considera que revelar lo ocurrido hace más de dos décadas y media pone en riesgo la democracia, tiene una visión muy pobre de la madurez de nuestra ciudadanía. Con la ley que propone el PSOE, ciudadanos que tienen ahora entre 30 y 40 años podrían no conocer nunca la información que se les está ocultando ahora. No creemos que la propuesta del Gobierno sea el camino, y hay mayoría para hacer una ley mucho mejor”.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha recordado que han pasado seis años desde que su formación propuso por primera vez reformar la Ley de Secretos Oficiales. Los nacionalistas vascos consideran que el anteproyecto llega “muy tarde” y dudan de que pueda entrar en vigor en esta legislatura. Además, consideran “exageradamente largos” y “decepcionantes” los plazos previstos. La formación, que asegura no haber accedido al contenido del anteproyecto, ha animado a acelerar los plazos para avanzar en “una de las reformas estructurales que el Estado español tiene aún pendiente”.

EH Bildu directamente ha pedido la rectificación. “No es aceptable que la reforma propuesta por el Gobierno no toque los principales elementos de una ley franquista, que mantendrá en secreto todo aquello que atacó los derechos y libertades de miles de vascos”, ha expresado a través de un comunicado. La formación abertzale ha subrayado que, de aprobarse, seguirían sin aclararse “casos flagrantes de vulneraciones de derechos” ocurridos en el País Vasco, como los GAL, “la práctica sistemática de la tortura” o sucesos como los del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz o los Sanfermines del 78. “Esta decisión perpetuaría la impunidad sobre dichos hechos, negando la verdad, la justicia y la reparación que todas las víctimas merecen”, ha añadido.