Villarejo al ‘número 2’ de Interior: “Tengo pruebas de que estáis todos en esta movida”
Nuevas grabaciones apuntalan un informe policial sobre la ‘Operación Cataluña’ contra dirigentes independentistas. El comisario de Asuntos Internos hizo seguimientos al hijo mayor de Pujol sin autorización judicial
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía remitió al juez Manuel García Castellón, instructor del caso Tándem, un informe de 150 páginas donde detallaba algunas maniobras policiales perpetradas contra independentistas catalanes. El informe incluía grabaciones halladas en la vivienda del comisario José Manuel Villarejo y respondía a una petición de Jordi Pujol Ferrusola. El hijo mayor del expresidente de Cataluña denunció al juez en septiembre de 2020 que había sufrido espionajes ilegales muchos años antes y que se había pagado con dinero público a distintos denunciantes que presentaron “declaraciones moldeadas de signo pretendidamente incriminador” contra él o su familia.
El instructor del caso Tándem, Manuel García Castellón rechazó la personación de Pujol Ferrusola en el caso y descartó abrir una pieza separada a cuenta de esas maniobras contra dirigentes independentistas al considerar que las grabaciones tan solo acreditaban trabajos policiales contra la corrupción o que, en el caso de la supuesta extorsión a los dueños de un banco de Andorra para facilitar datos confidenciales del expresidente Pujol, ya estaba siendo investigado en ese país.
Parte de las grabaciones de Villarejo a las que han tenido acceso EL PAÍS y el digital Fuentes Informadas apuntalan el informe policial de Asuntos Internos con nuevas pruebas sobre los montajes policiales de la Operación Cataluña y sobre el espionaje sin orden judicial a Jordi Pujol Ferrusola.
La amenaza: o sigue la Operación Cataluña o se levanta acta notarial de la guerra sucia. 29 de noviembre de 2012. Villarejo se reúne por la mañana en el bar Tomate, muy cerca del Ministerio del Interior, con Francisco Martínez, entonces jefe de gabinete del ministro. El comisario le reprocha al político que quiera “meter en la nevera” una nueva operación consistente en la presentación de una denuncia por parte de su informador, el financiero catalán Javier de la Rosa, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para montar una causa judicial contra los independentistas catalanes.
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La “movida” a la que se refiere Villarejo es el informe policial apócrifo que denunciaba numerosas corruptelas, la mayoría falsas, de los principales dirigentes de Cataluña. Villarejo había filtrado dos semanas antes ese informe a El Mundo, previa consulta a Martínez.
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Las distintas publicaciones sobre ese informe policial marcaron una parte de la campaña electoral catalana, sembrando la sospecha sobre los independentistas catalanes. CiU perdió 12 de sus 62 escaños.
El 29 de noviembre de 2012, el jefe de gabinete del ministro autorizó a Villarejo a seguir adelante con la operación, pero le recordó que había un problema: la falta de dinero para pagar al informador.
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Unos minutos después, el jefe de gabinete del ministro cede.
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El comisario tranquilizó en varias ocasiones a Martínez sobre estas operaciones clandestinas contra el independentismo catalán.
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El comisario insiste, en su conversación grabada con Martínez, en la importancia de pagar la deuda que supuestamente él ha asumido de su bolsillo.
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La investigación judicial no ha acreditado todavía si Javier de la Rosa cobró dinero de los fondos reservados de Interior por unas confidencias —denuncias de corrupción contra el expresidente Jordi Pujol y su sucesor, Artur Mas— de las que luego se retractó en el juzgado.
En el informe que Asuntos Internos remitió al juez se transcribe una conversación grabada por Villarejo el mismo 29 de noviembre, en la que participan su socio, Rafael Redondo, y el propio Javier de la Rosa.
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Unas horas después de esta conversación, Javier de la Rosa, acompañado por el abogado socio de Villarejo, entraba en la UDEF para formalizar una denuncia que amplió solo una semana después, el 5 de diciembre. Un día después, el 6, Villarejo registró varias anotaciones en su agenda sobre distintos personajes implicados en las maniobras basadas en la denuncia de De la Rosa: el número 2 de Interior, Paco Martínez (Chisco); la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el empresario Javier de la Rosa; el exjefe de la UDEF Manuel Vázquez (Fiti); el jefe del CITCO, José Luis Olivera; y el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino.
A la vez, Villarejo tenía en marcha una operación paralela, de la que estaba informado el jefe de gabinete del ministro del Interior, con la examante de Jordi Pujol, Victoria Álvarez, para formalizar otra denuncia semejante a la de Javier de la Rosa y judicializar ambas.
Esas dos iniciativas policiales contra el independentismo catalán, en el momento del nacimiento del desafío secesionista, fueron avaladas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la reunión que mantuvo con Villarejo el 16 de diciembre y que fue grabada también por el comisario.
El comisario de Asuntos Internos metido en la Operación Cataluña. Marcelino Martín Blas es comisario jefe de Asuntos Internos cuando desde Interior se pone en marcha la Operación Cataluña y colabora junto a Villarejo en alguna de las iniciativas encaminadas a desprestigiar al independentismo catalán. Entre las grabaciones de Villarejo, figuran algunas relacionadas con la examante de Jordi Pujol Ferrusola, que lo denunció por sus viajes a Andorra cargado de bolsas con billetes de 500 euros. El hijo mayor del expresidente catalán fue objeto de seguimientos que denunció al juez Manuel García Castellón.
El informe policial que remitieron al instructor del caso Tándem recogía muchas grabaciones de Villarejo sobre maniobras contra el independentismo, pero ninguna prueba de esos seguimientos ilegales que denunció mucho después Pujol Ferrusola. Pero entre el material requisado al comisario en sus distintas propiedades figuran conversaciones con el comisario de Asuntos Internos sobre las andanzas del hijo mayor del expresidente catalán.
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Ninguna de estas operaciones se hacían con mandato judicial, pese a que los jueces y los fiscales ya investigaban varias causas de corrupción de dirigentes catalanes. La causa abierta a Jordi Pujol Ferrusola terminó con un auto de procesamiento a toda la familia por formar parte de una trama delictiva que se enriqueció gracias al cobro de comisiones ilegales de contratistas de la Generalitat.
“Hace falta un equipo para estos hijos de puta de los catalanes”
Francisco Martínez, jefe de gabinete del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz durante su primer año de mandato, y secretario de Estado de Seguridad durante los años siguientes, se reunió por primera vez con el comisario José Manuel Villarejo pocos meses después de ser nombrado. Lo hizo por orden de su jefe, según ha declarado al juez.
Desde entonces, Francisco Martínez mantuvo una intensa relación con Villarejo sobre distintos temas. Entre ellos, muchas de las iniciativas policiales contra el independentismo catalán. La relación que mantuvieron era tan especial que el comisario llegó a reprochar a Martínez que le ordenase “meter en la nevera” algunas operaciones. Ese es el contexto de la conversación del 29 de noviembre de 2012 que grabó Villarejo. Los independentistas catalanes habían iniciado el camino hacia la secesión, y el comisario Villarejo le avisó a Martínez del peligro que se avecinaba: “Vienen momentos duros y hay que tener un equipo de gente honesta, seria y dura para estos hijos de puta de los catalanes y para estos hijos de puta de los vascos. Los vascos se han acojonado, lo sé. A raíz de esto se han cagado. Por lo tanto, hay que bajar el perfil, joder. Este servicio lo hemos hecho tú y yo... Y este trabajo, algún día alguien escribirá sobre ello porque hemos cambiado la historia de este país, hazme caso. Pero yo la he cambiado muchas veces, muchas historias, y eso me toca la polla, ¿entiendes? (...) Les he dado donde les duele, en la parte medular. Todo se había olvidado, pero yo he vuelto, ¡pum!, saqué lo de El Mundo, y hostia, y todo el mundo a cagarse”.
Todo aquello que Villarejo aventuraba en noviembre de 2012 se produjo en los años siguientes. El Gobierno catalán caminó hacia la independencia pese a los requerimientos judiciales en su contra, mientras que un grupo de comisarios de la cúpula del Ministerio del Interior, encabezados por Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, ponían en marcha operaciones para desprestigiar a los dirigentes independentistas catalanes.
